La magistrada Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos. Confilegal.
La Comisión Disciplinaria no sanciona a Victoria Rosell porque no hubo intención de hacer daño con su «tuit»
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27/9/2018 10:17
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Actualizado: 11/7/2022 17:10
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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras valorar la propuesta de sanción del promotor de la Acción Disciplinaria y del teniente fiscal del Tribunal Supremo, de suspender con un mes de empleo y sueldo a la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, ha decidido no hacerlo porque consideran que la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria no actuó con dolo, con intención de hacer daño, cuando publicó el «tuit» que dio lugar a este procedimiento, según ha podido saber Confilegal.
No se ha acreditado, por lo tanto, la comisión de la falta del artículo 417.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella” al publicar en su cuenta de Twitter un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, con del fin de opinar en redes sociales.
La decisión no ha sido por unanimidad sino por 4 votos a 3.
A favor del archivo han votado las juezas María Victoria Cinto Lapuente y Roser Bach Fabregó [ambas progresistas] y los abogados Enrique Lucas Murillo de la Cueva [elegido por el PNV] y Vicente Guilarte Gutiérrez [propuesto por el PP]; en contra, el presidente de la Comisión Disciplinaria Wenceslao Francisco Olea Godoy, la magistrada Carmen Llombart Pérez, y la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Carmona Vergara, del «lado conservador».
El promotor disciplinario, Ricardo Conde, y el teniente fiscal del Supremo -número 2 de la Fiscalía General del Estado- Luis Navajas consideraban que Rosell habría incurrido en una falta muy grave. La magistrada tiene una intensa actividad «tuitera».
Ha publicado 7.414 tuits hasta la fecha y cuenta con 36.700 seguidores en esa red.
El «tuit» en cuestión, publicado el pasado 13 de abril, reproducía fotográficamente la primera página del atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
“Se ve el número de matrícula (GC-512…) y el instructor (G425…)”, publicaba uno de ellos informando a la jueza de esta circunstancia.
Copia del «tuit» publicado por Rosell en su cuenta de Twitter. El Español.
Uno de los tuiteros» presentó una queja ante el Servicio de Atención al Ciudadano del CGPJ en la que preguntaba si un juez podía difundir datos de un atestado policial; en este caso de una carátula.
Aquello puso en marcha el procedimiento de investigación, por parte del pAD, que ahora desembocó en la propuesta de sanción.
Rosell publicó la mencionada carátula en el marco del escándalo que se generó por la supuesta falsificación de firmas de los profesores del master de Cristina Cifuentes, quien después presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Aunque no era una sanción particularmente grave, porque el “correctivo” máximo en esa dirección puede llegar a los 3 años, llegaba a un momento particularmente sensible para Rosell porque es uno de los candidatos presentados por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) para ocupar uno de los 12 puestos de vocales jueces en la próxima renovación del CGPJ, que tendría que tener lugar en diciembre.
Sin embargo, abre una puerta peligrosa: ¿Los jueces pueden revelar datos si argumentan que lo han hecho sin intención de causar daño?
Este no es el final de las preocupaciones para Rosell Aguilar. Porque en línea todavía le queda otra denuncia, la presentada el 18 de septiembre por el periodista Juan Santana Hernández -y admitida a trámite- ante el promotor de la Acción Disciplinaria por haberse supuestamente “mofado” de él a través de su cuenta de Twitter.
Esta nueva queja ahora ha tomado el nombre de “Diligencia Informativa 597/2018”.
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