El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamó a ‘atacar al Estado’ el pasado agosto, y en septiembre el Govern reabrió la ‘embajada’ de Londres e Irlanda, pese al recurso presentado por el Ministerio de Exteriores; son sólo algunos de sus desafíos./ EP
PP y Cs fuerzan hoy a votación en el Congreso la aplicación del 155 en Cataluña
Piden a Sánchez que "no siga desatendiendo los continuos ataques a la democracia y a la convivencia por parte del gobierno catalán"
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16/10/2018 12:25
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Actualizado: 16/10/2018 15:07
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El PP y Ciudadanos someterán hoy votación en el Pleno del Congreso el texto de las mociones que han presentado que piden poner en marcha los mecanismos para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Será el séptimo punto del orden del día. Son consecuencia de las interpelaciones a la ministra Meritxell Batet que formularon el pasado miércoles. Confilegal ha tenido acceso a ambas.
El partido de Pablo Casado denuncia en la suya que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «sigue profiriendo ultimátums al Estado y animando a la desobediencia, mientras el Gobierno «lanza globos sondas sobre los indultos o la liberación de los políticos separatistas presos, poniendo en duda la separación de poderes».
Hace hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no puede seguir desatendiendo los continuos ataques a la democracia y a la convivencia» del gobierno catalán.
Además, el PP destaca que «las virtudes de la aplicación del 155 cuando el separatismo atentó contra los intereses generales de España el año pasado, fueron evidentes: paró el golpe de Estado, garantizó la unidad de España, devolvió la convivencia a las calles de Cataluña, estabilizó la economía y la sociedad, y normalizó el funcionamiento de las instituciones catalanas, devolviéndolas a la Constitución y al Estatut».
Por ello, pide que el Congreso exija al Ejecutivo que inste a Torra, a atender «con carácter inmediato» sus obligaciones legales de la Constitución y al cese de cualquier actividad contraria a los intereses generales de los españoles, «en aplicación del artículo 155 de la Constitución».
Asimismo, que se inste al Gobierno a que ejerza una intervención reforzada del control de las cuentas de la Generalitat para garantizar que no se destinen recursos públicos a actividades independentistas; y a «defender la Constitución y su vigencia en Cataluña como mejor manera de proteger los derechos y las libertades de los catalanes acosados por el separatismo y de los incumplimientos de las obligaciones legales por parte del gobierno de la Generalitat».
También reclama que la Cámara Baja condene «las palabras de ánimo» de Torra a «comandos radicales», el intento de asalto de éstos al Parlamento catalán el pasado 1 de octubre, y que se apoye a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que se ven «insultados, amenazados y agredidos por comandos radicales en Cataluña».
Quiere, igualmente, que se condenen las actuaciones del Gobierno de la Generalitat que «atentan contra los intereses de los catalanes y contra el interés general de España», y se manifieste la solidaridad con todos los catalanes desamparados por parte de las instituciones públicas «ante los continuos abusos separatistas».
Por su parte, el partido de Albert Rivera subraya que la respuesta del Gobierno frente a los desafíos del separatismo ha de estar a la altura de una nación democrática, protegiendo la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos de esa comunidad.
Dicho esto, indica que «el Estado lleva desaparecido en Cataluña demasiado tiempo» y que es por ello que, a la vista de que las circunstancias «evidencian una innegable escalada de tensión en Cataluña, ha llegado el momento de admitir que sólo la imposición de la legalidad y el refuerzo del Estado de Derecho y de la democracia en Cataluña podrán impedir la ilegalidad y el caos se impongan, la convivencia peligre de manera irreparable y que la solución al conflicto catalán se dilate durante años».
Ciudadanos hace hincapié en que «la única manera de solucionar el conflicto catalán pasa por recuperar la presencia del Estado en Cataluña, retirando la ocupación partidista de las instituciones públicas catalanas y asegurando, de una vez por todas, que no se imponga el relato separatista por encima de todos los demás».
Destaca que para ello es preciso «condenar sin tibieza ni titubeos la violencia a la que abocan los comandos separatistas, que alienta el gobierno de Cataluña y que minimiza el Gobierno de España«.
Apunta que «algunas de las instituciones catalanas más relevantes y representativas colaboraron con el golpe de Estado de 2017″ y que desde entonces «ni siquiera la aplicación temporal del 155 ha servido para aminorar su complicidad con el separatismo excluyente que pretende imponerse en Cataluña».
La moción de Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Ejecutivo a «realizar el requerimiento previo» a Torra para activar el 155.
También reclama que la Cámara Baja condene «las actuaciones violentas de los comandos separatistas» el pasado 1 de octubre y «en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave, el asalto a la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Gerona y el Parlamento de Cataluña».
También pide que se reprueben las palabras de Torra llamando a los CDR a seguir «apretando», «en las cuales alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas».
Solicita que se manifieste «apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los funcionarios que se encuentran en Cataluña, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como, especialmente, a los ciudadanos demócratas de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña como valor imprescindible para garantizar la convivencia de la comunidad».
LLEVAN MESES INSTANDO AL GOBIERNO A PONER FRENO A TORRA Y A TOMAR MEDIDAS LEGALES
Tanto PP como Ciudadanos llevan meses instando al Gobierno a “poner freno” al presidente autonómico catalán y tomar medidas legales o administrativas ante sus declaraciones y “hechos”.
Ya el pasado julio, Pablo Casado, en su primera reunión con el presidente, ofreció a Sánchez los votos del PP en el Senado para aprobar la activación por segunda vez del artículo 155.
VOX, por su parte, lo ve insuficiente, reclama que la “mafia que gobierna en Cataluña acabe en la cárcel de manera inmediata”. Exige elecciones generales e ilegalizar a los partidos independentistas.
El pasado agosto, cuando Quim Torra llamó a «atacar al Estado», PP y Cs exigieron su aplicación.
Casado volvió a ofrecer al presidente sus votos, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, le solicitó «formalmente que actúe».
También pidieron su aplicación tras el discurso radical de Torra el pasado 5 de septiembre asegurando que en ningún caso renuncia a la independencia. , demás de en otras ocasiones, por ejemplo, ante la apertura de ‘embajadas’ de Cataluña.
Sin embargo, el Gobierno mantiene su determinación de normalizar relaciones con el gobierno autonómico catalán.
FAES TAMBIÉN VE NECESARIA YA LA ACTIVACIÓN DEL 155 Y AFIRMA QUE EL EJECUTIVO NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ‘DEFENDER EL INTERÉS GENERAL’
La Fundación FAES, que lidera el expresidente ‘popular’ José María Aznar, también ha abogado por la activación del artículo 155 en Cataluña. No cree que haya que esperar a que «se cometan delitos» para aplicarlo.
Lo ha expresado en el editorial del nuevo ejemplar de ‘Cuadernos FAES de Pensamiento Político’, donde indica que ante lo que está sucediendo la respuesta del Estado no puede ser considerar a Torra un «interlocutor válido».
FAES dice que el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, continúa una «huida hacia adelante» y que no está «en condiciones de representar ni de defender el interés general de España».
Critica especialmente su actuación en Cataluña tras la «kale borroka» que se ha registrado coincidiendo con el aniversario del 1-O.
Subraya que el 1 de octubre dejó sin base «la pretendida normalización de la situación» en esa región española, puesto que un año después del «referéndum fantasma», lo relevante ahora y para el futuro es que «en Cataluña ha nacido la ‘kale borroka'», y que ésta cuenta con «el aliento» del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que defendió en público que los CDR «aprieten más».
Remarca que se trata de una «apelación a la violencia callejera que estos grupos han desplegado y que se consolida en la calles de Barcelona».
Asimismo, FAES denuncia que hay «interferencia» por parte del Gobierno en la independencia judicial «pidiendo la puesta en libertad de los golpistas».
«Los ministros y altos cargos se turnan para interferir de manera cada vez más descarada en la independencia judicial pidiendo la puesta en libertad de los golpistas en prisión preventiva por la misma razón que la ministra de Justicia trató como un asunto privado la demanda presentada en Bélgica contra el magistrado Pablo Llarena, cuando en realidad la demanda en cuestión era un ataque en toda regla a la jurisdicción española dentro de la estrategia de defensa de los golpistas», expone al respecto.
FAES condena también la «siembra sectaria de los medios de comunicación públicos» en Cataluña, que se haya vuelto a poner en funcionamiento las llamadas «embajadas» en el exterior, que la policía autonómica sea «objeto de una dirección política» o que haya interferencia en la Justicia.
Asimismo, recrimina al Ejecutivo de Pedro Sánchez que hable de «cacería» cuando desalojó al PP mediante una moción de censura «apoyada por la coalición negativa de populistas de izquierda radical e independentistas con la excusa de una frase arrojada» en la sentencia de Gürtel «de la que falsamente se dijo que condenaba al PP por corrupción».
Afirma que «sus rectificaciones no han sido tropiezos de novatos, sino el producto de la inconsistencia de sus decisiones», y recuerda que el Gobierno tiene 84 escaños que «solo amplía a costa de cesiones cuya factura la pagan las instituciones y la cohesión y el interés nacionales».
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