La Sala de lo Penal de la AN impone medidas cautelares al marido de Ana Rosa
El empresario Juan Muñoz tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir de España sin autorización judicial
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19/10/2018 15:38
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Actualizado: 19/10/2018 15:47
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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado hoy imponer medidas cautelares al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, rectificando la decisión que tomó el juez instructor del caso Tándem, Diego de Egea.
El tribunal ha atendido el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que no estaba de acuerdo en dejar en libertad al empresario sin ninguna medida cautelar después de que prestara declaración el pasado 2 de agosto tras ser detenido.
El Ministerio Público recurrió directamente en apelación.
La Sala de lo Penal le ha dado la razón y obliga al juez De Egea a que imponga a Muñoz comparecencias quincenales y la prohibición salir de España sin autorización judicial.
JUAN MUÑOZ ESTÁ INVESTIGADO POR SUPUESTAMENTE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VILLAREJO PARA UN CHANTAJE
El empresario Juan Muñoz fue detenido el pasado 31 de julio en el marco de la pieza denominada ‘Pintor’ de la operación Tándem, en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el abogado de éste Rafael Redondo son los principales investigados.
También fueron arrestados su hermano y los abogados de ambos, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Miguel García González. Están imputados por los presuntos delitos extorsión, descubrimiento y revelación de secretos por un supuesto encargo realizado Villarejo con el fin de extorsionar a una tercera persona.
Juan Muñoz fue el único para el que el juez no adoptó medidas cautelares como había pedido la Fiscalía Anticorrupción. Para su hermano y los dos abogados fijó comparecencias mensuales en el juzgado y la prohibición de salir de España.
Además de las detenciones, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la apertura de la pieza ‘Pintor’, se realizaron siete registros en las localidades andaluzas de Marbella y Sotogrande, además de en Madrid.
En dicha pieza se investiga una reunión que los cuatro mantuvieron con el comisario, que fue grabada, en la que se habría hablado de un vídeo destinado a desprestigiar al exjuez Francisco Javier de Urquía -que fue expulsado de la Carrera Judicial en 2007 por aceptar dinero de uno de los investigados de la ‘Operación Malaya’-, aprovechando que ahora ejerce como abogado de otro empresario, que debía un dinero a los Muñoz.
Según fuentes presentes en el interrogatorio del juez de Egea al empresario Juan Muñoz, su hermano y los dos letrados, se habló de la existencia de un vídeo en el que presuntamente Urquía aparece reunido con prostitutas y consumiendo droga.
Añaden que dicha información presuntamente confidencial no sería tal, pues este extremo fue revelado por algunos abogados durante el juicio que se celebró en su día por el ‘Caso Ballena Blanca’, relacionado también con la corrupción en Marbella.
El ‘Caso Tándem’ estalló a principios de noviembre de 2017 al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el excomisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional incondicional desde el 5 de noviembre de 2017.
A principios de octubre, el magistrado volvió a rechazar dejarlo en libertad porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción, unido a la gravedad de la pena que podría imponérsele y a que las líneas de investigación siguen abiertas, que deben ser aseguradas con la medida de prisión.
El pasado lunes, se conoció que Villarejo ha fichado como abogado Antonio José García Cabrera, presidente ejecutivo del despacho Lemat Abogados de Granada, en sustitución de Ernesto Díaz-Bastien, del bufete Ernesto Díaz-Bastien & Asociados.
Fue el propio García Cabrera quien lo ha informado hoy en un comunicado, al que ha tenido acceso Confilegal, en el que dice que ejercerá su defensa “en todos los procesos en los que, ante los órganos jurisdiccionales, se le investiga y se le reclama su colaboración”.
Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Diego de Egea que reabra la causa al excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca -la pieza separada número 1- por haberse hallado nuevos indicios contra él, que podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de cohecho y de prevaricación administrativa.
También le ha pedido la reapertura de las piezas Land -sobre los promotores de la urbanización La Finca de Pozuelo- e Iron -sobre un bufete de abogados-, al haber aparecido “nuevos y sólidos” indicios contra las siete personas para las que se archivaron estas investigaciones.
El Ministerio Público se ha quejado de que las tres investigaciones se han cerrado precipitadamente.
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