El Ministerio del Interior está dispuesto a revisar la instrucción sobre la Ley de Seguridad Ciudadana tras las críticas recibidas por numerosos sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, porque en su ánimo no está que los agentes perciban que se les desprotege en el ejercicio de sus funciones.
Así lo han manifestado fuentes de Interior, y han anunciado que así se lo trasladará la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a los mandos policiales y a los sindicatos y asociaciones.
Los sindicatos y asociaciones denunciaban sobre todo que la instrucción dijera que “la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales”.
Desde la Secretaría de Estado han informado, además, que Botella está dispuesta a escuchar a los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles para mejorar, si así lo entienden, esta instrucción que regula algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida por sus detractores como ‘Ley mordaza’-, como los cacheos o la toma y difusión de imágenes y datos de los agentes.
Cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de guardias civiles habían remitido una carta conjunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiéndole una reunión urgente para que les explique los motivos que han llevado al Ministerio a redactar esta instrucción.
La Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), lanzaron el pasado viernes un comunicado conjunto mostrando su frontal desacuerdo con dicha instrucción.
Denunciaron que Interior “desactiva una medida esencial” contemplada en dicha ley para proteger la seguridad de los agentes “frente al acoso y las amenazas” y “para el desarrollo de las propias investigaciones”.
Hicieron hincapié en que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada para protegerles “frente a un uso indebido, por particulares, de sus imágenes con un fin que pusiera en riesgo su seguridad y la de su familia”, algo que no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de información, pero sí con “las reiteradas y acreditadas campañas que han buscado de manera periódica condicionar, mediante el hostigamiento, el trabajo de muchos compañeros”.
Destacan que la imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal y su inclusión en redes sociales o soportes de Internet de cualquier tipo supone un tratamiento no autorizado.
Los cuatro sindicatos mayoritarios consideran que los matices que Interior introduce ahora “sólo pueden ser entendidos como un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles”.
Asimismo, advierten que somete su trabajo «a un entorno de mayor riesgo al establecer exigencias y requisitos para una sanción administrativa que busca proteger mejor a los compañeros frente a intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones”.
El pasado sábado, las principales asociaciones de la Guardia Civil también se mostraron “intranquilas” ante cómo las nuevas instrucciones de Interior pueden afectar a su integridad, “desmontando parte de la Ley de Seguridad”.
Se trata de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Union de Guardias Civiles(UniónGC), la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), Unión Oficiales(UO) y la Asociación Profesional de Cabos.
También en una nota de prensa conjunta advierten que “alguna de las instrucciones acerca de cuestiones relativas a procedimientos policiales y demás aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015 (LOPSC) ha provocado intranquilidad entre los guardias civiles y las asociaciones profesionales ante el futuro ejercicio de sus funciones”.
Especifican que han causado “alarma y malestar entre los componentes del instituto armado las diferentes indicaciones vertidas en dicha instrucción que van a suponer de manera práctica un aumento en las trabas y requisitos formales y procedimentales para realizar buena parte de las actividades policiales, como son los registros corporales externos, situaciones que deriven en desobediencias o resistencias a los agentes o faltas de respeto y consideración a los mismos”.
Entre las directrices de la SES que consideran “poco afortunadas” citan la relativa al artículo 36.23 de la LOPSC sobre el “uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Las asociaciones profesionales consideran que “estando en alerta 4 antiterrorista, la SES debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad de los componentes de esta institución”.
Destacan que en la instrucción, la SES indica que “para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes (…) y que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias”.
Desde las citadas asociaciones se preguntan qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias.
Subrayan que “el simple hecho de tomar una instantánea ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos”.
“¿Acaso tenemos que esperar a que nuestra seguridad esté claramente en riesgo y ya no haya remedio para poder denunciar ese acto?”, se preguntaban.
Además, tanto los sindicatos policiales como las asociaciones de la Guardia Civil denunciaban que Interior se arrogue este nuevo enfoque interpretativo de la Ley “puesto que es el Tribunal Constitucional el encargado de someter a parámetros de idoneidad jurídica una norma sobre derechos fundamentales”.
Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska “para que explique su desconfianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” e informe sobre la citada circular.
