La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en la que insta a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña a que «de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos» que participaron en el ataque del domicilio del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
La Comisión Permanente está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la preside, y siete vocales, Rafael Mozo, Juan Martínez, Juan Manuel Fernández José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, José María Macías y María Pilar Sepúlveda.
Le compete el ejercicio de todas las atribuciones del CGPJ que no estén expresamente reservadas a la presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos por la presente Ley Orgánica. Además, prepara las sesiones del Pleno y debe velar por la exacta ejecución de sus acuerdos, como establecen los artículos 601 y 602 de la LOPJ.
En agosto acordó -por 7 votos a 1- dar al juez Llarena el amparo solicitado frente a lo que Llarena considera “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont, y 4 exconsejeros, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, en referencia a la demanda civil que interpusieron en Bélgica contra él.
La Comisión Permanente ha mostrado este jueves su «más absoluto rechazo» al ataque a la vivienda al juez instructor del ‘caso procés’ y la magistrada Gema Espinosa, esposa de Llarena.
Han calificado estos hechos de «delictivos», y han apuntado que en el momento del ataque se encontraba en el interior de la vivienda uno de los hijos de la pareja.
El ataque fue reivindicado por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, y está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra. Todavía no hay detenidos.
Además, la Comisión Permanente ha destacado que con este hecho «se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña».
Ha mostrado, asimismo, su «más absoluto rechazo» frente a las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando.
APOYO A JUECES EN CATALUÑA
También ha expresado su «firme» rechazo a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse contra los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña», y ha trasladado su «compromiso» a este colectivo, al que reconocen su «labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad.»
Asimismo, ha instado a las autoridades competentes en materia de seguridad para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los magistrados atacados.
Ha reclamado a estas autoridades que «de manera planificada adopten las medidas de protección adecuadas de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña».
LESMES PIDE RESPETO PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya condenó ayer el ataque al juez Llarena y manifestó que “el CGPJ hará lo necesario para preservar en su función a los jueces españoles”.
Destacó que un Poder Judicial independiente, que actúe con estricta sujeción a la Ley y que debe ser respetado por la sociedad entera, es imprescindible para el mantenimiento de nuestra democracia”.
“Sin ese Poder Judicial independiente que actúe solo con sujeción a la ley y no con arreglo a otras razones, la democracia en España no será posible”, subrayó.
Por su parte, Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP que cometió el ataque al domicilio del juez Llaren, advirtió que atacarán “las veces que haga falta la justicia española y sus herramientas represivas”.
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