La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante una comparecencia en el Congreso./ EP
Las funciones del CGPJ trascienden de lo meramente administrativo, por eso Delgado sigue apoyando la elección parlamentaria
La ministra ve una "burla" la enmienda del PP sobre el CGPJ para "tapar" a Cosidó
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21/11/2018 14:48
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Actualizado: 21/11/2018 22:00
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados que la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe continuar en manos de las Cortes Generales porque sus funciones no son «meramente administrativas».
«Hay países cuyos Consejos del Poder Judicial son sólo administrativas; gobiernan los ascensos, los permisos, los aspectos disciplinarios. El nuestro tiene una peculiaridad muy importante porque su capacidad afecta a la política criminal; a la violencia de género, a la lucha contra el terrorismo, a la criminalidad organizada, a la cooperación internacional o a la modernización de la Justicia», ha explicado Delgado.
«Por eso, desde mi punto de vista, no es una elección corporativa la que debe hacerse para cubrir las plazas de vocales jueces del CGPJ. Porque posee competencias que afectan directamente a la ciudadanía y sus derechos. Por ello, defiendo que su elección siga haciéndose por el Parlamento, como hasta ahora. Podemos hablar de un Consejo con menos competencias, más administrativo, pero eso es otro debate», ha añadido.
«Los miembros del Poder Judicial deben estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de los representantes del pueblo», ha remachado.
Por último, Delgado ha recalcado que las competencias del CGPJ son «meramente administrativas» y por ello comparten muchas funciones con el Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y otras instituciones del Estado, porque sus decisiones «van más allá de los temas corporativos judiciales y afectan a la sociedad».
Delgado se ha pronunciado así durante su intervención en una interpelación urgente presentada por el PDeCAT sobre la política del Gobierno destinada a dotar de independencia a las máximas instancias del Poder Judicial.
Una postura que choca frontalmente con la de Ciudadanos y el PP.
Este último partido anunció ayer que presentará en el Senado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para proponer un cambio en el sistema de elección de los 12 vocales jueces del CGPJ, de forma que sean elegidos, por voto secreto y directo, por los 5.500 miembros de la carrera judicial.
La portavoz de Justicia del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha señalado que las últimas noticias sobre el pacto entre el PP y el Gobierno para renovar la cúpula judicial son un «escándalo» y más tras conocerse el Whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó, en el que afirmaba que podían controlar «desde detrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Ciuró también ha preguntado que si el elegido por ambos grupos parlamentarios para que presidiese el CGPJ, el magistrado Manuel Marchena, sin estar nombrados los vocales, estaba al tanto de todo el acuerdo antes de que este lunes anunciase su dimisión.
Asimismo, ha dicho que la elección de los vocales debe ser ajena a los «tintes ideológicos», porque después son ellos los que se encargan de nombrar «a dedo» a los magistrados del Tribunal Supremo.
DELGADO DESTACA QUE ‘NINGÚN MIEMBRO DEL GOBIERNO EXPRESARÁ FRASES TAN AVERGONZANTES’, EN REFERENCIA AL MENSAJE DE COSIDÓ
La ministra de Justicia ha pedido a Ciuró que «no meta en el mismo saco» a todo el mundo, en cuanto a los mensajes de los senadores del PP, y ha afirmado que ningún miembro del Gobierno expresará «frases tan avergonzantes».
La ministra considera que la enmienda registrada por el PP en el Senado para reformar el sistema de elección del CGPJ es «una burla» con el único objetivo de «tapar la vergüenza» del mensaje de Cosidó, según ha declarado a Efe.
Durante su intervención en el Congreso, Delgado también ha dicho que en el proyecto de la constitución de una República Catalana se preveía que el nombramiento del presidente del Supremo lo hiciese el «Ejecutivo». «No cuadra muy bien con unos criterios de independencia judicial», ha destacado la ministra.
Ha contado que cuando llegó al Ministerio se percató de la «falta de confianza de los ciudadanos en la Justicia» y que se «había multiplicado las injerencias del Gobierno del PP» en ella.
Y ha subrayado que uno de los retos del Ministerio es introducir mecanismos para «preservar» a los jueces, magistrados y fiscales de las «presiones desde los grupos políticos», como demandan las asociaciones de jueces y fiscales.
«Atrás quedaron ser molestados en su función por parte del Ejecutivo, se acabaron las llamadas para interesarse por casos concretos», ha expresado.
Además, Delgado ha reiterado que como ministra ha impulsado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se está ultimando en el Senado, y que gracias a un pacto con PP y Unidos Podemos se pondrá fin al sistema «presidencialista» del órgano de gobierno de los jueces, al devolver a los vocales la competencia exclusiva, además de fijar criterios objetivos para la designación de los magistrados del Supremo.
LOS SINDICATOS CSIF, STAJ, CC OO Y UGT HICIERON HUELGA EL PASADO VIERNES CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ QUE ULTIMA EL SENADO
Por su parte, los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO y UGT denuncian que la reforma de la LOPJ que ultima el Senado “abre la puerta a la movilidad forzosa y discrecional del personal de la Administración de Justicia, y supone una vuelta de tuerca más a la politización de la Justicia”. La consideran «la mayor agresión a los derechos laborales».
Su protesta por dicha reforma la trasladaron a las calles el pasado viernes en una huelga, la primera celebrada en los últimos 20 años en este Departamento. Tuvo un 80% de seguimiento, según los sindicatos. El Ministerio de Justicia cifró la participación en un 18,7 %.
Los trabajadores de la Justicia “toman” Madrid y muestran su rechazo a la reforma de la LOPJ @LolaDelgadoG @justiciagob @RafaCatalaPolo @CSIFnacional @Senadoesp @Confilegal https://t.co/WXBjRkcx5G pic.twitter.com/tmsvUNvdrR
— CSIFJusticiaNacional (@CSIFJusticiaNac) 19 de noviembre de 2018
LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES EXIGEN MAYOR INDEPENDENCIA JUDICIAL Y MÁS AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
El pasado lunes, las cuatro asociaciones judiciales (APM, AJFV, JJpD y FJI) y las tres de fiscales (AF, UPF y APIF) también hicieron una huelga exigiendo mayor independencia judicial, más autonomía del Ministerio Público, además de unas mejoras salariales y profesionales.
La secundaron 3.324 jueces (el 60,90% de la carrera judicial) y 973 fiscales (el 38,88% de la carrera fiscal), según informaron las asociaciones. Es la segunda en lo que va de año.
Como informó ayer Confilegal, Foro Judicial Independentiente, una de la asociaciones convocantes, emplazó a quienes se han postulado como candidatos a vocales al Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial a que abandonen sus candidaturas, y a las asociaciones que los avalaron, a que retiren tales avales.
“No porque tales candidatos carezcan de capacidad y méritos, sino porque el sistema para su designación compromete su futura actuación y perjudica la imagen de un Poder Judicial absolutamente independiente”, explicó en un comunicado esta asociación presidida por Concepción Rodríguez.
“Jamás tendrían éxito las maniobras del poder político si no hubiese jueces que se prestasen a colaborar”, destacó también en una nota de prensa la Plataforma Cívica Independencia Judicial.
Subrayó que “si todos y cada uno de los magistrados marcados como beneficiarios del reparto de cromos mostrasen el mismo coraje» que el juez Manuel Marchena -que renunció ayer como posible futuro presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo- «negándose a participar en la farsa institucional, además de ofrecer un ejemplo de dignidad a la ciudadanía, privarían a los manipuladores de su mayor instrumento de control”.
También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) instó a los partidos a aprovechar el “gesto de dignidad” de Marchena para “despolitizar” la elección “caduca” del CGPJ.
Tanto FJI como la AJFV anunciaron que recurrirían el nombramiento de Marchena si finalmente se producía.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también aplaudieron la decisión del juez Marchena, al considerar que le “honra” como miembro de la carrera judicial y porque ha dado una“auténtica lección” de que la política no puede “dominar” el Poder Judicial.
Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia se mostró partidario de que la elección de vocales siga su curso en el Parlamento y una vez sean designados por acuerdo de tres quintos de las cámaras, elijan libremente a quien presidirá el CGPJ y el Tribunal Supremo porque entiende que es la única manera de garantizar la renovación del órgano en plazo.
“Lo que tienen que hacer es nombrar a los vocales para renovar en plazo y que estos puedan decidir al mejor para presidirles”, expresó González Vega, y apeló “a la responsabilidad institucional y a que las fuerzas políticas traten de buscar el mayor acuerdo posible siendo respetuosos con la institución”.
El portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha dicho que si bien las asociaciones de jueces y fiscales «han tenido mucho que ver» con el estado de opinión contrario a que sean los partidos quienes elijan el gobierno de los jueces, «no se puede evitar» que ahora pacten con más discreción un nuevo nombre.
«Por lo menos esto ha puesto en evidencia que las formas no son las adecuadas», ha apostillado.
Por su parte, Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), ha manifestado que este «sería un momento más que estupendo» para cambiar la forma de elección del Poder Judicial, dado que el paso atrás de Marchena ha evidenciado que pactar entre los políticos no es lo deseable.
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