El juez Diego de Egea y Torrón ha renunciado a su plaza como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía decidir este mes si renovaba la comisión de servicio del magistrado, que concluye el próximo 31 de diciembre, pero De Egea ha decidido solicitar que no se amplíe.
Hoy ha formalizado su renuncia, por «motivos personales», según han informado fuentes jurídicas.
Cuando finalice su periodo de ejercicio, se incorporará a la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde obtuvo plaza el pasado marzo, por concurso ordinario. Anteriormente fue titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.
Se había presentado como candidato a la presencia de la Audiencia de Madrid, tras la marcha de Eduardo de Porres Ortiz de Urbina a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero de entre los cinco aspirantes el CGPJ nombró nuevo presidente al magistrado Juan Pablo González.
El juez Diego de Egea se encuentra en comisión de servicio como refuerzo del titular del Juzgado número 6, Manuel García Castellón, desde mediados de 2017. García Castellón convocó esta plaza debido a la sobrecarga que tiene; instruye dos de las causas de corrupción más mediáticas y voluminosas, ‘Púnica’ y ‘Lezo’, que afectan a dos exdirigentes del PP de Madrid, Francisco Granados e Ignacio González, respectivamente.
En este año y medio, De Egea ha ayudado al titular del juzgado en el seguimiento de algunas de las numerosas piezas en las que se dividen estas dos investigaciones y ha ido haciéndose cargo de todas las nuevas causas que han ido entrando a al juzgado, igual de mediáticas.
Es el caso de la ‘operación Tándem’, también conocida como ‘caso Villarejo’, que investiga al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien De Egea envió a prisión en noviembre del año pasado. La ‘operación Tándem’ acumula ocho piezas.
El excomisario está acusado de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, extorsión y revelación de secretos.
El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, afirma que si a su cliente le ponen en libertad, éste “detallará” por qué sus actividades “de Inteligencia” y sus métodos “heterodoxos” eran “no sólo consentidas y aprobadas, sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos”.
No obstante, el pasado noviembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a negar su puesta en libertad al entender que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebas relevantes para la instrucción del caso, al irse “desvelando más indicios” contra él desde que ingresó en la cárcel. Además, señaló que no puede descartarse que tenga patrimonio aún oculto.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido unas cuantas decisiones del juez en este caso, como poner en libertad bajo fianza a los principales socios del comisario, archivar parte de las piezas investigadas -en dos casos el recurso está vivo y pendiente de resolución de la Sala de lo Penal- o levantar el secreto sobre la principal, poniendo a disposición de las partes la documentación ya analizada que fue intervenida al expolicía.
El magistrado también se ha pronunciado en contra de la labor de los fiscales, la última vez en un auto en el que confirmaba su decisión de archivar la pieza relativa al espionaje de un despacho de abogados y en el que acusaba a Anticorrupción de hacer investigaciones «prospectivas».
Mientras, desde el Ministerio Público se ha venido poniendo en duda en los recursos presentados la precipitación del juez a la hora de adoptar estas decisiones, pues entiende que la gravedad de los delitos investigados justifica la prisión provisional de los socios de Villarejo que han sido puestos en libertad y el mantenimiento del secreto de las actuaciones.
El juez De Egea también se hizo hecho cargo de la petición de extradición del informático Hervé Falciani formulada por las autoridades suizas. Falciani, antiguo empleado del HSBC de Ginebra, desveló en 2015 la identidad y los registros bancarios de unos 130.000 evasores fiscalesque ocultaban más de 100.000 millones de euros en la rama suiza del banco
En contra de la petición del Ministerio Público, el magistrado dejó en libertad con medidas cautelares al informático hasta que se celebrara la vista de su extradición, que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre.
Tambien ha investigado por un presunto delito de encubrimiento a las cuatro personas que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, y la causa contra los Comités de Defensa de la República (CDR).
Cuando el juez De Egea finalice su periodo de ejercicio, el ‘caso Villarejo’ y otros de los que se había hecho cargo y que aún están en instrucción pasarán al titular del juzgado, Manuel García Castellón, a no ser que solicite un nuevo magistrado de refuerzo.
De considerarlo oportuno, tiene que pedirlo ante la Sala de Gobierno del tribunal, que lo comunicaría después al CGPJ para que éste valore la conveniencia de la petición y, en caso afirmativo, sacar la plaza a concurso.
