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AMI, la patronal de los medios, se persona como acusación contra el juez que ordenó la incautación de los móviles

La junta directiva de la AMI, presidida por Javier Moll.
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La patronal de las empresas de comunicación de España, la Asociación de Medios de Información (AMI) -hasta el pasado mes de mayo Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE)- se ha personado como acusación popular en el marco de la querella articulada por Diario de Mallorca y Europa Press contra el magistrado Miguel Jesús Florit Mullet, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.

Florit ordenó, el pasado 11 de diciembre, la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, el registro de las redacciones de Europa Press en Baleares y del  Diario de Mallorca y la aprehensión de ordenadores y documentación de la agencia de noticias con el fin de descubrir quien estaba filtrando información de la investigación del «caso Cursach».

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El paso dado por la patronal AMI supone un refuerzo a la postura monolítica de todas las asociaciones representativas -y sindicatos- de periodistas, y de informadores, contra lo que se considera una vulneración en toda regla de dos derechos fundamentales del sistema democrático: el derecho a la información y al secreto profesional.

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En este sentido, la AMI ha manifestado, tras su reunión de ayer, que los registros y la incautación de material han supuesto «un ataque contra el derecho a la información, un derecho fundamental recogido en la Constitución española».

NO SE PUEDE COACCIONAR A LOS PERIODISTAS, UN RECORDATORIO A LA FISCALÍA

«Estas acciones judiciales se enmarcan en el compromiso de AMI por la libertad de prensa, necesaria para el buen funcionamiento democrático. La Asociación insiste en recordar a las autoridades policiales o judiciales que no se puede coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes», añade en un comunicado.

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La AMI también considera «necesario recordárselo a la Fiscal General del Estado, ante la insólita e incomprensible nota de prensa hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción sobre las medidas acordadas, que ahora tratan de presentarse como recogida de efectos del delito, excusa que supone un claro insulto a toda la profesión periodística».

La querella del Diario de Mallorca y de Europa Press fue interpuesta en su nombre por los abogados Nicolás González-Cuéllar Javier Crespo Bonachona, y admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, presidida por Antonio José Terrasa García e integrada por los magistrados Carlos Gómez Martínez y Antonio Montserrat Quintana. 

La magistrada Felisa Vidal Mercadal fue designada instructora de la causa.

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