El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha abierto una nueva pieza, secreta, en el ‘caso Tándem’ -ya es la novena- para investigar la ‘operación Trampa’.
Esta mañana, ha enviado a la Policía Nacional a las instalaciones de los digitales Moncloa.com y a El Confidencial para que estos medios entreguen «todo el material relacionado» con la contratación por parte del BBVA a Grupo Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, en relación con la operación que quiso realizar la constructora Sacyr para tomar el control del banco.
El instructor del ‘caso Tandem’ también reclama el material ya publicado en las ediciones de los días 9 de enero y siguientes, así como el que aún no se haya publicado y obre en poder de estos medios de comunicación.
El juez precisa que la petición del material se realiza «sin perjuicio del derecho constitucional» que asiste a los citados medios «en orden a la protección de la fuente de obtención del material tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación».
Según publicaron la semana pasada los citados digitales, cuando Sacyr anunció a finales de noviembre de 2004 su deseo de hacerse con el 3,1% del capital del BBVA, la entidad bancaria, presidida entonces por Francisco González, contrató a Villarejo, quien, a través de una agencia de detectives privados, debía encargarse de “buscar trapos sucios de los empresarios y políticos que querían sacar a Francisco González de la presidencia”.
Se denominó ‘Proyecto Trampa’, y tenía como objetivo “encontrar aspectos negativos” de las personas que podían poner en peligro la presidencia de Francisco González.
Los citados medios han informado que el BBVA de Francisco González utilizó a Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco los principales promotores de la maniobra, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el industrial Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.
Han publicado también que fueron espiadas decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación, como PRISA, Intereconomía y el digital Hispanidad, y que “el BBVA compró a Villarejo conversaciones de Moncloa” entre la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Miguel Sebastián, y “controló teléfonos del Congreso, la sede del PSOE de Ferraz y de varios ministerios, como el de Asuntos Exteriores o el de Economía”.
Sobre las 12:30 se ha personado hoy en Moncloa.com un agente de Asuntos Internos de la Policía Nacional con un requerimiento judicial para requisar el material que el medio ha utilizado para publicar estas informaciones, según han informado a Europa Press fuentes consultadas.
También han confirmado, señala la agencia, que la Policía ha hecho entrega en Elconfidencial.com de un requerimiento con el mismo fin de incautar toda la documentación relacionada con la ‘operación Trampa’.
El BBVA lanzó un comunicado el 10 de enero “ante las informaciones publicadas sobre el grupo Cenyt, que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad”.
Informó que el pasado junio abrió una investigación interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
Explicó que ambas actuaciones están en curso.
La ‘operación Trampa’ constituye la novena pieza del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, sospechoso entre otros de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.
La instrucción arrancó a partir de las pesquisas sobre tareas que el comisario jubilado habría desarrollado para políticos de Guinea Ecuatorial, pero el ingente material informático y documental que se le intervino ha puesto sobre la mesa todo tipo de ‘trabajos’ que habría desarrollado prevaliéndose de su condición de Policía Nacional.
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