El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López Jiménez, ha archivado la querella presentada por el exmagistrado Baltasar Garzón contra el director de Moncloa.com, Joaquín Vidal.
Garzón acusa a Vidal de un presunto delito contra el honor. Considera que se habría dañado su derecho al honor al relacionarle con una presunta trama criminal.
Se querelló contra el periodista por unos comentarios que éste realizó el pasado 26 de septiembre, a raíz de la difusión de los audios de una comida que compartieron en octubre de 2009 en el restaurante ‘Rianxo’ de Madrid el exmagistrado, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN; la ministra de Justicia Dolores Delgado, cuando era fiscal de la AN; el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional por el ‘caso Tándem’, y otros mandos policiales.
La defensa de Vidal, que ejerce Luis de las Heras, jefe del Departamento Penal del bufete Durán y Durán, de Miguel Durán, solicitó al magistrado el sobreseimiento. Considera que el periodista no hizo ninguna afirmación que lesione el honor del exmagistrado.
No obstante, solicitó al juez que si decidiera seguir adelante con la causa, citase a declarar a los asistentes a aquella comida, incluidos la ministra Delgado, Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Enrique García Castaño.
El magistrado ha dictado ahora un auto, fechado a 6 de mayo, en el que señala que no ha quedado «acreditado suficientemente» que el periodista cometiese un delito por ello.
Contra este auto puede formularse recurso de reforma y/o de apelación, en los 3 ó 5 días siguientes a su notificación.
El juez Pedro López reconoce como «cierto que la mención a una banda o grupo mafioso contiene un exceso verbal que el director de un periódico debe evitar, ya que el oyente y el usuario de una red social puede entender que el destinatario del comentario que se vierte puede formar parte de un grupo delictivo».
«Pero al no concretarse los hechos en los que participa o ha participado, pues se hace una referencia genérica a un grupo mafioso, el exceso mencionado quedaría fuera del derecho penal», indica.
El director del digital ‘Moncloa.com’, Joaquín Vidal, declaró como investigado el pasado 5 de abril ante el juez, y negó que tuviera intención de dañar el honor de Garzón.
Vidal hizo aquel comentario en una tertulia al hilo de la difusión en ‘Moncloa.com’ de los audios de la citada comida presuntamente grabada por Villarejo.
En ese contexto, se refirió a Garzón como «parte de un grupo mafioso» y, según recoge el auto, «aludió a su papel en la trama delictiva, aunque sin imputarle ningún hecho delictivo», lo que ha acabado siendo determinante para que el juez dicte sobreseimiento provisional de la querella.
LA DEFENSA DESTACA QUE ES ‘UNA RESOLUCIÓN COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN’
«Para el magistrado, la relevancia social de los hechos a los que se refiere la querella está fuera de toda duda razonable y lo mismo cabe decir de las personas afectadas por ellos, pues Garzón, Delgado y Villarejo son personas conocidas en los diferentes medios de comunicación, y algunos se han hecho eco de los hechos de la querella», ha señalado a Confilegal Luis de las Heras.
Apunta que «por ello, el juez instructor da plena credibilidad a la tesis del periodista en la medida en que: “Intervino como periodista, era una programa de tertulia, y lo que hizo fue dar su opinión, y no informar» y agregó que «comprobó la veracidad de sus opiniones, que tenía audios de la comida del restaurante Rianxo, y que se apoyaba en las informaciones aparecidas en otros medios de comunicación nacionales”.
En opinión de De las Heras, “se trata, en definitiva, de una resolución comprometida con la defensa de las libertades constitucionales de expresión e información; que se alinea, como no puede ser de otra forma, con la doctrina que nos llega desde Europa y que nos recuerda que la prensa juega un papel esencial en una sociedad democrática”.
GARZÓN TAMBIÉN HA DENUNCIADO A SIETE MEDIOS POR REVELACIÓN DE SECRETOS
Baltasar Garzón también denunció a siete medios de comunicación -‘Moncloa.com’, ‘El Confidencial’, ‘OK diario’, ‘El Economista’, ‘Libertad Digital’, ‘El Independiente’, y ‘El Mundo Digital’-, a quienes acusa de un presunto delito de revelación de secretos.
Alude a que dichos medios de comunicación han publicado información filtrada de la causa judicial identificada como “Pieza Pit”, una pieza separada de la llamada ‘Operación Tándem‘, investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y declarada secreta.
En dicha información se hacía referencia al exjuez, a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, así como al empresario Julio Ligorría y al expediente de extradición en el que éste último se hallaría incurso.
El origen de las informaciones era una documentación y unos audios grabados en teoría por el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el ‘caso Tándem’, que estarían entre el ingente material informático que se le intervino a su detención en 2017.
Garzón quiere que se investigue “hasta el fondo” el origen, la motivación y los medios de aquella filtración.
Según ha publicado Vozpópuli, agentes de Asuntos Internos han recuperado cerca de dos horas de aquella grabación que habían sido borradas del pendrive que ‘Moncloa.com’ entregó por requerimiento de la Audiencia Nacional tras publicar un polémico extracto.
Garzón ha señalado al respecto que quienes utilizaron con fines políticos estos audios tendrán que asumir su responsabilidad porque estaban manipulados, como acreditaría ahora un informe de la Policía incorporado a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía, por su parte, ha pedido el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones por la falta de autor conocido de las filtraciones y porque en este tipo de cuestiones prima para los periodistas el derecho a la libertad de expresión.
Al respecto, desde Ilocad, el bufete de Garzón, han señalado a Confilegal que «no se puede archivar una causa que está pendiente de que se practiquen determinadas diligencias probatorias que se han solicitado, más aún cuando el órgano judicial de instrucción tiene el deber de investigar si los hechos son delictivos».
Indican que «la admisión de la denuncia demuestra que la sospecha de ilicitud existe».
«Y que sepamos el Juzgado de Instrucción no ha comunicado las últimas diligencias solicitadas por nosotros se hayan acordado/rechazado», añaden.
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