El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
El juez rechaza motivaciones políticas en la investigación contra Prada y le mantiene imputado por el Campus de la Justicia
De la Mata destaca que las acusaciones que el exconsejero del PP ha vertido contra él y contra la fiscal Segura son "gravísimas y desmesuradas" y dice que su actuación judicial sólo se sustenta en "elementos objetivos"
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20/5/2019 14:59
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Actualizado: 20/5/2019 15:03
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José de la Mata ha desestimado el recurso presentado por el exconsejero madrileño Alfredo Prada (PP) en el que pedía la nulidad de las actuaciones en la investigación abierta contra él por el presunto desfalco del Campus de la Justicia, un proyecto urbanístico desarrollado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Prada dice que es víctima de una «persecución política» por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, José De la Mata, y de la fiscal anticorrupción Myriam Segura, para «dañar» al PP.
El juez destaca que las acusaciones que Prada ha vertido contra él y también contra la fiscal Segura son «gravísimas y desmesuradas», y dice que su actuación judicial sólo se sustenta en «elementos objetivos».
Prada señalaba en su escrito su «relevante historial público», y los «antecedentes personales y profesionales» tanto de la fiscal como del juez instructor.
Indica que Segura fue la representante del Ministerio Público en el caso Gürtel, mientras que De la Mata ejerció como director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
«La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto ‘lawfare’ y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político», afirma el exconsejero del PP.
El magistrado califica de «críptica» la argumentación usada por Prada para alegar esa persecución política que denuncia, y desestima este planteamiento.
Subraya que su investigación sólo está motivada por «elementos objetivos», los cuales considera «suficientes» para mantener la situación de Prada como imputado en este procedimiento.
«Y son los elementos, los únicos elementos, como no podía ser de otro modo, que sustentan la actuación judicial, sin que, por tanto, se aprecie la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o del derecho a un proceso con todas las garantías», afirma De la Mata.
El juez desgrana uno por uno de forma general esos elementos de los que dispone y que le llevan a continuar con la investigación.
Explica que el exconsejero fue presidente de la sociedad Campus de la Justicia S.A., en la que «ostentaba la gestión efectiva, tanto respecto a la contratación como a la gestión económica».
Según De la Mata, «ha quedado evidenciado adicionalmente que tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía».
Añade que así lo demuestra la «suscripción de contratos de trabajo en nombre de Campus de la Justicia, comunicaciones con organismos oficiales como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo, convocatorias publicadas» en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, o el «otorgamiento de escrituras públicas».
Indica que el que exconsejero de Justicia e Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre también «participó directamente en determinados contratos», tuvo «firma autorizada en la cuenta que Campus de la Justicia tuvo en Liberbank y Caixabank» y con cargo a esta última entidad «hubo una tarjeta VISA cuyo titular era también Prada».
Asimismo, señala que «obran en la causa diversos documentos suscritos por Prada dando instrucciones para la realización de transferencias a diversas entidades como el Colegio de Arquitectos de Madrid, PwC o ABBA Publicidad con cargo a la cuenta de Campus de la Justicia en La Caixa», y hubo «diversas órdenes de emisión de transferencias y autorizaciones» al ex director financiero de la sociedad Alicio de las Heras para retirar fondos de la cuenta de La Caixa y transferencia ordenada hacia la cuenta que Campus de la Justicia tuvo en Bancaja».
DENUNCIA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El juez De la Mata admitió a trámite el pasado 3 de agosto una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto desfalco del Campus de la Justicia.
Anticorrupción inició una investigación a raíz de una denuncia de la Comunidad.
Prada fue imputado el pasado 19 de marzo, seis meses después de que se abriese la investigación en la Audiencia Nacional.
Este proyecto urbanístico, inacabado, tuvo un coste superior a los 355,5 milllones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid.
De la Mata investiga presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA, que podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
Era una empresa de titularidad cien por cien pública, que nació con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 su creación.
Prada fue presidente del consejo de administración de esa sociedad entre 2005 y 2008.
Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque de todo el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que iba a levantarse en Valdebebas, cerca del aeropuerto, sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, pero inacabadas y en situación de abandono.
El Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, conocido como el ‘donuts’ de Valdebebas por su arquitectura circular.
Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1, adjudicado en 2007 y por el que se pagaron 2,1 millones; la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid, de la que constan abonados 220.375 euros; la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia (234.000 euros); el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66 (172.399 euros); la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia; el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel; la edición y distribución del libro Foster+Partners; el servicio de asesoramiento jurídico (252.829 euros) o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (63.000 euros).
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