Gloria Lago, presidenta de esta asociación creada en el verano de 2017 para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes.
‘Hablamos Español’ presenta una queja ante el Defensor del Pueblo sobre un instituto de Mallorca por ‘eliminar el español’
También denuncia que este centro de Inca califica a los alumnos de otros territorios de España como "inmigrantes"
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23/5/2019 10:01
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Actualizado: 23/5/2019 10:12
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La asociación Hablamos Español ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, sobre el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pau Casesnoves de Inca (Mallorca), al que acusa de ejercer «un estricto control sobre alumnos, profesores y personal no docente para eliminar el español».
Así lo ha anunciado esta entidad, que preside Gloria Lago, en un comunicado, que acompaña de la fotografía de un cartel «tomada junto a la sala de profesores del Instituto Pau Casesnoves, de Inca», en el que el centro recuerda que el proyecto lingüístico del IES «establece que toda la enseñanza se debe hacer en catalán» e informa al personal de que debe dirigirse «siempre y en toda situación a los alumnos en catalán».
Este cartel también insta a los profesores a «pedir siempre (dentro y fuera del aula)» a los alumnos que se dirijan a ellos en catalán, «utilizar el libro de texto y el material en catalán» y «exigir que todos los escritos (apuntes, controles y trabajos) se redacten en catalán».
El cartel que adjunta Hablamos Español a la queja.
Hablamos Español señala que el Proyecto lingüístico del centro (PLC) es un documento que sirve de guía para promocionar el uso de la lengua cooficial entre el alumnado, que estos proyectos se utilizan en todas las comunidades españolas con varias lenguas oficiales y, que «por desgracia, en ellos se pone como centro la “normalización” lingüística, aunque esta sea perjudicial para los alumnos que tienen el español como lengua materna».
La asociación anuncia que ha analizado proyectos lingüísticos de las comunidades autónomas bilingües de España y que próximamente publicará sus conclusiones.
Respecto al proyecto lingüístico de este instituto, manifiesta que «no solo se reconoce que se está sometiendo a los alumnos a una inmersión total en catalán, y que el español se ha eliminado de todo lo que tenga que ver con rotulación, documentación y actividades del centro, sino que se incluyen ciertas exigencias que nos han llevado a formular queja ante el Defensor del Pueblo, «por vulneración de derechos lingüísticos y una clara extralimitación en lo que se ha dado en llamar “normalización lingüística”».
La entidad señala que el proyecto lingüístico hace constar «que el catalán es la única lengua vehicular y la única lengua administrativa del centro, la única para ser usada en rotulación, comunicaciones y en actividades culturales y extraescolares».
«Es una aberración sin parangón en el mundo civilizado que una lengua oficial sea eliminada en el ámbito oficial, por mucho que se quiera promocionar otra lengua», critica.
La asociación también critica que las asignaturas de lenguas extranjeras se imparten usando como lengua vehicular la catalana, lo cual consideran «otra aberración», al «usar como puente una lengua no materna en la enseñanza de un idioma».
Por otro lado, ‘Hablamos español’ destaca que el proyecto lingüístico de este instituto incluye los resultados de una encuesta realizada a las familias, en la que se divide a los alumnos según su procedencia.
Según la entidad, de este modo «se divide a los alumnos según su procedencia: a los españoles procedentes de lugares o de países (se utilizan ambos términos) de habla no catalana se les llama emigrantes, equiparándolos con aquellos que llegan desde el extranjero».
Dice que se les clasifica como alumnos nacidos en países de habla catalana; alumnos nacidos en el Estado español; en Europa; o en otros.
«Solo un 42% del alumnado ha nacido en territorios de habla catalana, mayoritariamente de las islas, del 58% restante, un 28% son alumnos inmigrantes del resto de territorios del Estado español y un 30%, inmigrantes del resto del mundo», detalla.
«También hemos encontrado algunos aspectos sobre los que queremos llamar la atención del Defensor del Pueblo, al que recurrimos, ya que las autoridades educativas competentes de las Islas permiten que este PLC se esté aplicando cuando deben ser conocedoras de su existencia en estos términos, ya que han de ser aprobados por la Inspección Educativa«, explica.
Son los siguientes:
-El aprendizaje de la lengua es responsabilidad del profesorado de todas las áreas, el conjunto del claustro ha de ser consciente de ello y actuar en consecuencia.
La entidad indica que «se exige a los profesores de todas las asignaturas que se tenga en cuenta de forma muy significativa la expresión en catalán a la hora de calificar a los alumnos».
-Las asignaturas de lenguas se han de impartir en la lengua respectiva. Pero como la lengua vehicular es la catalana, el material de las asignaturas lingüísticas y las intervenciones del profesor han de tener como referencia el catalán. Los diccionarios serán bilingües en catalán, y si el profesor ha de traducir o explicar algún aspecto, habrá de usar también el catalán.
-Los profesores han de convertirse en modelos lingüísticos, han de tener en cuenta que de alguna forma se convierten en profesores de lengua.
-Toda la comunidad educativa y el personal no docente se dirigirá al alumnado y los compañeros del instituto en catalán.
-Todo el personal, docente y de servicios se dirigirá en primera instancia en catalán en sus comunicaciones orales con cualquier persona que tenga relación con el instituto.
-El centro ofrecerá información a las familias para que colaboren en el proceso de normalización y para que hagan suyos los objetivos del proyecto lingüístico.
-El centro procurará que los proveedores usen la lengua catalana en los documentos escritos y mercantiles que se nos dirijan.
TAMBIÉN HA PRESENTADO UNA QUEJA POR ‘EL ADOCTRINAMIENTO AL QUE SON SOMETIDOS LOS NIÑOS EN GALICIA EN EL CORRELINGUA’
Hablamos Español también ha presentado este mes otra queja ante el Defensor del Pueblo «por el adoctrinamiento al que son sometidos los niños en Galicia en el Correlingua».
En ella, traslada a Fernández Marugán que el pasado 15 de mayo se celebró en la ciudad de Orense el «Correlingua», una «actividad organizada por entidades de corte nacionalista, que se presenta como carrera lúdico-pedagógica destinada a promover el uso del gallego entre los escolares».
Francisco Fernández Marugán, defensor del Pueblo en funciones.
Le informa de que esta actividad «recibe el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y universidades» y que «la Xunta aporta, por así decirlo, los alumnos, ya que esta marcha, que a modo de manifestación recorre las calles de ciudades y pueblos de Galicia, se lleva a cabo en horas de clase, participan profesores en el ejercicio de sus funciones, y se prepara en los centros de enseñanza, donde los alumnos, bajo la supervisión de sus profesores fabrican pancartas y otro material».
La asociaciación indica que una de esas pancartas, que portaban alumnos de primero de ESO lucía un mensaje que en español sería: “No seas borrego habla gallego”.
La pancarta a la que se refiere.
«No es necesario extenderse para explicar lo reprobable del mensaje dirigido a los escolares, la mayoría de ellos, además, de lengua materna español, si tenemos en cuenta los datos oficiales, que hablan de un porcentaje de ocho hispanohablantes por cada diez niños gallegos», señala la entidad.
Destaca que «es muy diferente animar a que los niños de Galicia utilicen, al menos parcialmente, el gallego, a lanzar mensajes ofensivos para aquellas personas que no siempre lo utilizan y ya no digamos para los que optan por no hacerlo en el ejercicio de su libertad».
Gloria Lago informa al Defensor del Pueblo en funciones que en anteriores ocasiones Hablamos Español se ha dirigido a la Xunta de Galicia para «denunciar casos de este tenor» y que «en ninguno de ellos» obtuvieron «la menor respuesta positiva».
«Una de esas denuncias la hicimos a instancias del padre de una niña pontevedresa, en cuyo colegio se mostraba en la entrada un cartel que decía en gallego: “Habla gallego no seas lelo”. Era el cartel ganador del concurso para promocionar el gallego entre los alumnos», explica en su carta.
«Nos dirigimos pues a usted, como Defensor del Pueblo, para que intervenga ante la Administración responsable de la forma que considere más adecuada y pertinente», le traslada.
Asimismo, le informa también «el mensaje de la pancarta contigua a esta en la que se puede leer “El gallego es más que una lengua, el gallego es Galicia”, y otra en la que se muestra la bandera nacionalista, es decir, la bandera gallega con la estrella roja de cinco puntas, que representa una ideología determinada».
PROPUGNA LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA Y QUE SE PUEDA ESTUDIAR ESPAÑOL EN TODA ESPAÑA
La asociación Hablamos Español fue creada en el verano de 2017 para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Nació alertando de que hasta el momento eran «Cataluña, Galicia, Islas Baleares y País Vasco las comunidades perjudicadas”.
Según ha informado a Confilegal, “ahora se suma también la Comunidad Valenciana a la lista de lugares de España donde la imposición lingüística se acelera”.
Señala que “en la actualidad la imposición lingüística está más que asentada en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares”, y que “empieza a haber también inquietud en Asturias”.
Esta asociación defiende una política lingüística basada en la libre elección de lengua, que tenga como eje los derechos de las personas, y que estas “no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas”.
Persigue la elección de lengua vehicular en la enseñanza, y que se pueda estudiar en español en toda España.
Otras de sus batallas son el bilingüismo en la administración, que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerse en una comunidad española o acceder a una oposición en cualquier lugar de nuestro país.
Por ello, pide que el español esté presente en la Sanidad, en edificios y documentos oficiales, en informacion turística y en señales de tráfico, y que un empresario pueda rotular su negocio en la lengua que quiera.
Para lograr su objetivo reclama que se apruebe una ley que garantice nuestros derechos.
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