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El abogado de Crespo pide que Villarejo declare como testigo en el juicio de Gürtel

Miguel Durán ha manifestado en el juicio a la rama Gürtel en Jerez que Garzón "se apropió" de forma ilegal de la competencia para investigar el casoEl abogado Miguel Durán y su cliente Pablo Crespo, considerado el número 2 de la trama, en una foto anterior al ingreso en prisión del encausado. Foto: Cuatro
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El abogado Miguel Durán, defensa del número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, ha pedido hoy en el juicio de la rama en Jerez que declare como testigo el excomisario José Manuel Villarejo.

Durán ha reclamado que también comparezcan como testigos el excomisario de la Policía Nacional Juan Antonio González García, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía José Luis Olivera, y el comisario Gabriel Fuentes.

Además, el letrado ha manifestado en la fase de cuestiones previas del juicio que el exmagistrado Baltasar Garzón “se apropió” de forma ilegal de la competencia para investigar el caso Gürtel al vulnerar las normas de reparto entre los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional.

Crespo se querelló el pasado octubre contra Garzón por presunta prevaricación judicial.

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Lo acusa de una “confabulación instrumental” con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para preparar la operación y «perjudicar al Partido Popular”.

Según aseguró entonces Miguel Duránlos audios publicados por el digital Moncloa.com de una conversación que mantuvo Garzón en 2009 con Villarejo “ponen de manifiesto una presunta confabulación instrumentada por el exmagistrado Baltasar Garzón, quien, junto con algunos mandos de la Policía, construyeron una causa ad hoc con la finalidad de perjudicar al PP”.

Durán afirma que “tal y como se indica en la querella y según se desprende de la conversación entre Gabriel Fuentes González y el excomisario Villarejo, que se produjo con carácter previo al conocimiento que tuvo Garzón del ‘Caso Gürtel’ en su Juzgado, éste habría participado junto a don Juan Antonio González, entonces Comisario General de Información, José Luis Olivera Serrano, entonces Jefe de la UDEF, y el propio excomisario José Manuel Villarejo, en la construcción del ‘Caso Gürtel’”.

“Un caso preparado para que él mismo instruyera y que asumió de forma injusta, tanto en una dimensión formal, por vulnerar las normas de reparto de la Audiencia Nacional, como material, por instruir una causa que había sido previamente confeccionada para él, y sin una posición de estricta imparcialidad exigible a cualquier juez instructor en un Estado de Derecho”, ha manifestado el letrado.

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Según Durán, “lo hizo con el objetivo de instrumentalizar el proceso penal para lograr intereses u objetivos ajenos a la función judicial”.

Baltasar Garzón, en una foto tomada el pasado marzo cuando presentó su último libro, ‘No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas’. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Durán también ha informado que en la querella se pone de manifiesto que “Garzón amañó presuntamente todas las circunstancias que estuvieron a su alcance, para poder hacerse con el ‘Caso Gürtel’ y convertirse así en el juez instructor”.

“Hay indicios que determinan que el querellado, entonces Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, pudo confabular y canalizar judicialmente un complot que arrancaría procesalmente con su auto del 6 de agosto de 2008″, ha subrayado.

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Para el abogado de Crespo, “la ‘excusa’ de Baltasar Garzón para asumir la instrucción del ‘Caso Gürtel’ fue el conocimiento por parte de su Juzgado del caso ‘BBVA-Privanza’ en el que estaba imputado Luis de Miguel”.

Ha explicado que “éste último, asesor fiscal de profesión, había asesorado a un empresario titular de unas cuentas bancarias de la trama Gürtel, lo que justificaba, según el querellado, la atracción de ‘Gürtel’ a su conocimiento instructor”.

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“Sin embargo, Baltasar Garzón no investigó al titular de las cuentas, sino al asesor fiscal y no existía tal conexión”, ha señalado Durán.

El letrado ha manifestado que por ello, “en la querella se señala la propia reclamación para sí y la posterior asignación del ‘Caso Gürtel’ a Baltasar Garzón como un ‘mero fraude de ley’”.

LA QUERELLA FUE ADMITIDA A TRÁMITE

La querella de Crespo fue admitida a trámite en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, del que es titular Esteban Vega.

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El juez libró un oficio al Consejo General del Poder Judicial para que se le informara sobre la situación actual de Garzón, con el fin de determinar si es competente para investigar los hechos.

Garzón fue condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación.

Fue expulsado de la carrera judicial y condenado por el delito de prevaricación en la instrucción del ‘caso Gürtel’, por ordenar la grabación de las conversaciones entre los encarcelados por esta causa y sus abogados.

En la actualidad, este exmagistrado de la Audiencia Nacional dirige el despacho de abogados Ilocad.

JUICIO POR ADJUDICACIONES PRESUNTAMENTE IRREGULARES

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar hoy al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras 7 personas por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.

El procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor de la ciudad gaditana en Fitur por 355.391 euros mediante adjudicaciones «sin concurso público» que incurrieron en “groseras ilegalidades”, según señaló el juez instructor, el magistrado José de La Mata, en un auto, de enero de 2016, con el que enviaba el caso a juicio.

La Fiscalía pide 7 años y 9 meses para Francisco Correa, Pablo Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, la que fuera administradora de sus empresas Isabel Jordán, y el empleado Javier Nombela.

Los acusa de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil.

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