El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona ha reconocido el derecho de un funcionario de prisiones a recibir una indemnización de 26.000 euros por parte de la Generalitat por las lesiones sufridas durante un incidente con un interno en el centro penitenciario de Jóvenes de Barcelona.
Según ha informado CSIF, que ha llevado el caso, el funcionario tuvo que ser operado del tendón del hombro y estuvo unos 300 días de baja, y pese a que el preso fue condenado a indemnizarle, éste se declaró insolvente.
«En una actuación lamentable, el Departamento de Justicia de la Generalitat se lavó las manos a la hora de responder por el funcionario», ha criticado.
La magistrada María Isabel López Montánez ha estimado el recurso presentado por el funcionario, que reclamaba que la administración se hiciera cargo de la indemnización después de que el condenado se declarara insolvente, ya que el afectado «no debe soportar las consecuencias de su correcta y obligada actuación, debiéndose garantizar el principio de indemnidad por la administración».
La sentencia está fechada a 28 de mayo, y contra la misma no cabe recurso ordinario de casación.
Los servicios jurídicos de CSIF han destacado que se trata de una «sentencia histórica», ya que informan que es la primera resolución de este tipo que condena a la Generalitat.
CSIF recuerda que el pasado mes de mayo ya consiguió una condena ejemplar al Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció a la Administración central a indemnizar con más de 48.000 euros a una decena de funcionarios de la prisión gaditana Puerto III del Puerto de Santa María por sufrir múltiples lesiones por parte de un preso.
El interno clavó un pincho muy cerca de la yugular de un trabajador y propició múltiples patadas y puñetazos al resto de compañeros, causándoles lesiones que requirieron hasta 73 días de atención sanitaria.
Ante el «alarmante» aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones, CSIF reclama el «reconocimiento inmediato» como agentes de la autoridad y un «cumplimiento rigoroso» del protocolo unificado contra agresiones.
Asimismo, pide un endurecimiento de las sanciones a los agresores, la amplicación y mejora de los medios coercitivos y material de protección, como guantes o chalecos; formación especializada de todos aquellos profesionales que trabajan con internos considerados peligrosos; y un incremento de las plantillas «para reforzar la seguridad» de los trabajadores penitenciarios.
La escasez de plantilla en las prisiones españolas ha sido abordada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en su último informe.
«Bajo el discutido argumento de que la disminución de la población penitenciaria permitía ajustes a la baja en la cobertura de estas plantillas, se ha producido un sostenido debilitamiento cuantitativo y cualitativo, que ha afectado a todos los grupos de trabajadores públicos que atienden el correcto funcionamiento del servicio penitenciario», subraya el .
El Defensor del Pueblo también incide en la «creciente» carencia de personal sanitario que también afecta a los servicios del Sistema Nacional de Salud, pues en muchas ocasiones son reclamados con carácter de urgencia; y reclama centros específicos para presos con discapacidad intelectual.
Asimismo, pide una regulación sobre las cámaras en prisiones para luchar contra los malos tratos, para «reforzar las garantías» en las denuncias de malos tratos, «tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto».
