Marchena pide reformar Código Penal para eliminar la disolución de los partidos políticos como condena

Marchena pide reformar Código Penal para eliminar la disolución de los partidos políticos como condena

Ya que supondría dejar sin "referencia política" a los ciudadanos que se sientan identificados con esa opción

23 / 07 / 2019 12:42

Actualizado el 15 / 01 / 2021 12:22

El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pide al Poder Legislativo que reforme el artículo del Código Penal sobre la financiación ilegal de los partidos políticos para eliminar la administración judicial o la disolución de una formación como condena, ya que supondría dejar sin «referencia política» a los ciudadanos que se sientan identificados con esa opción.

Marchena ha hecho este llamamiento durante su intervención en el curso de verano ‘Justicia y desarrollo económico’, organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Santander, tras ser preguntado sobre el artículo 304 bis del Código Penal, sobre los delitos de financiación de partidos políticos.

El magistrado ha recordado que la inclusión de este aspecto en la última reforma del Código Penal fue «controvertido», porque en un principio «no estaba previsto».

Ha señalado que su apartado quinto, prevé las condenas como la administración judicial, la disolución o la suspensión de actividades (como solicitaron las acusaciones populares para el PP por presuntamente destruir presuntamente los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas).

«¿Alguien se imagina que un partido político fuera administrado judicialmente por la Audiencia Nacional? No tiene ningún sentido», ha señalado Marchena, y ha añadido que esto podría provocar «dejar sin referencia política a los ciudadanos que se sientan identificados».

Marchena ha destacado que «no se puede acordar la disolución de un partido por un hecho concreto», cuyo delito sobre el que se le responsabiliza está «geográficamente localizable y que es subsanable y atendible con la condena de los responsables por ese hecho concreto».

Por ello, ha indicado que la reforma legislativa es «insuficiente» y ha pedido a las Cortes que «adapten las penas» previstas en dicho precepto, subrayando que no existe «obstáculo constitucional».

Durante su intervención, Marchena ha abordado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que, según ha dicho, «ha venido para quedarse».

Ha apuntado que la actuación de las personas jurídicas no puede «equipararse a una acción humana», pues, de algún modo, la responsabilidad de las empresas se puede entender como una «ficción» o como la «antropomorfización» de su acción.

Marchena ha hecho aludido a varias sentencias del Supremo que han abordado la responsabilidad penal de las personas jurídicas para explicar que no se puede desligar el delito cometido por una persona jurídica y una persona física porque este último sirve de «referencia».

Aún así, ha señalado que «es necesario que la persona jurídica cometa un acto antijurídico propio» que no se pueda «confundir» con el cometido por una persona física.

El magistrado ha afirmado que lo que «justifica el castigo» de los actos ilícitos cometidos por una persona jurídica es el hecho de no haber tenido unos planes que de alguna manera dificulten la tentación de los directivos o subordinados de obtener unos beneficios cuestionables para la empresa, como ocurre con las empresas instrumentales.

Marchena ha admitido que esta materia está llena de interrogantes, y ha hecho énfasis en la necesidad de que las empresas tenga unos mecanismos de control, «unos planes realistas» que tengan la intención de «reparación» y de evitar una responsabilidad penal.

Así, ha añadido que los directivos no pueden esconder su verdadera responsabilidad «agazapándose» en las personas jurídicas.

MAGISTRADO DEL SUPREMO DESDE 2007, Y PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DESDE 2014

Marchena, de 60 años, es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007, y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo (Sala Segunda) desde noviembre de 2014. No está adscrito a ninguna asociación de jueces.

Era el candidato pactado por el PSOE y el Partido Popular para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre el magistrado anunció que se descartaba como candidato.

Su decisión llegó tras la oleada de críticas por el reparto del Poder Judicial entre ambas formaciones, entre ellas las de las propias asociaciones judiciales y fiscales.

El magistrado lanzó un comunicado en el que expresó que «jamás» ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional «como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal».

Y subrayó que su trayectoria como magistrado «ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional».

Su renuncia significó seguir presidiendo la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y, por tanto, juzgar a los 12 líderes independentistas catalanes por el ‘procés’, que se han sentado en el banquillo por presuntos delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.

LA CIUDADANÍA APRUEBA A MARCHENA AL FRENTE DEL ‘PROCÉS’

El juicio arrancó el pasado 12 de febrero, llegó a su fin el 12 de junio, tras 52 sesiones, y está pendiente de sentencia.

Según un sondeo de Metroscopia publicado el pasado 14 de junio, un 57% de españoles tiene una opinión positiva de la actuación de Marchena en el juicio por el proceso independentista.

Consideran que el magistrado ha hecho una buena labor, que ha actuado bien en este juicio. Solo un 19% de los encuestados cree que lo ha hecho mal, mientras que algo más del 23% no tiene una opinión al respecto.

¿Tiene usted la impresión de que está siendo un juicio justo?

El 56% de los ciudadanos asegura que sí, un porcentaje que ha ido creciendo desde que empezó este juicio, que ha sido televisado en directo y mediante ‘streaming’ en la web  del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El tribunal decidió unánimemente dotar así de máxima transparencia al proceso mediante su transmisión televisiva, por lo que todo ciudadano que ha querido convertirse en observador, nacional o internacional, de su desarrollo ha podido hacerlo.

Solo un 32% de la población no lo veía justo en el mes de junio, cuatro puntos menos de los que dudaban de ello cuatro meses antes.

El reconocimiento a la labor de Marchena es compartido por la mayoría de los votantes del PSOE y especialmente de los de Vox (84%), PP (75%), y Cs (78). En cambio, entre los votantes de los partidos independentistas ERC (89%) y JxCat (61%) predominan las opiniones negativas.

Como informó Confilegal, Marchena tiene desde el pasado abril un club de fans en Internet. En Twitter, se articula en la cuenta @FansMarchena, y en Facebook, en la página Club de Fans del Juez Marchena. 

PREMIO ‘PUÑETAS DE ORO’ DE ACIJUR Y ‘BALANZA DE ORO, DEL ICPM, POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL Y SUS MÉRITOS JURÍDICOS

Por su trayectoria profesional, sus méritos jurídicos y su contribución en resaltar la realidad de la Justicia mediante la aplicación de la máxima transparencia en la Sala de lo Penal, que preside en el Tribunal Supremo, el pasado 27 de junio, el magistrado fue galardonado con el ‘Premio Balanza de Oro’ 2019, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

A 24 horas de que comenzara el juicio del ‘procés’, el magistrado también fue galardonado con el Premio ‘Puñetas de Oro’, el máximo galardón que otorga, anualmente, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), por su «brillante y dilatada trayectoria profesional y por su decidida defensa de la independencia judicial, entendida como elemento esencial del Estado de Derecho y garantía última para los ciudadanos».

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