El juez cree que Indra abonó facturas falsas del partido por 1,1 millones de euros y que su "pleitesía" presuntamente le sería recompensada con adjudicaciones públicas. Foto: EP
La Fiscalía pide la imputación del exvicepresidente de Indra por la presunta financiación ilegal al PP de Aguirre
Después de que el exdirector de Operaciones de Indra Santiago Roura le señalara como la persona que ordenó algunos de los pagos
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08/10/2019 16:44
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Actualizado: 11/10/2019 10:02
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye del ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, la imputación del exvicepresidente de Indra Regino Moranchel en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre por los fondos que el partido habría recibido de la empresa a través de facturas falsas.
Así lo ha informado hoy Europa Press, que indica que según fuentes jurídicas, el Ministerio Público quiere citar a declarar a Moranchel después de que el que el exdirector de Operaciones de Indra Santiago Roura le señalara en sede judicial el pasado 30 de septiembre como la persona que ordenó algunos de los pagos.
Izquierda Unida, que ejerce de acusación popular en la pieza que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, también ha registrado un escrito ante la Audiencia Nacional solicitando al juez instructor que ordene la imputación del PP como persona jurídica y le cite a declarar.
Quien declarará mañana como investigada es la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a quien el juez imputó el 2 de septiembre, al igual que a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
El auto del magistrado atribuye a Esperanza Aguirre «un papel decisivo y esencial» en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien «ideó la búsqueda de recursos» para costear las campañas que ella elegía.
En el caso de Cifuentes, la imputación obedece al contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.
Cifuentes participó en el comité de expertos que, según explica el auto del juez, «valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor» de la empresa de Arturo Fernández.
La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
En la causa hay 71 investigados, entre ellos el también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y los exconsejeros Borja Sarasola, Manuel Lamela y Juan José Güemes y Gádor Ongil, el expresidente de Indra Javier Monzón, el exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo.
Indra está imputada como persona jurídica.
LA UCO CONCLUYE QUE INDRA FINANCIÓ CON 566.497 EUROS LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2011 CON CONTRATOS FALSOS
En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral del año 2011 del PP de Madrid, a través de contratos falsos.
Los investigadores destacan que las evidencias documentales prueban la «aquiescencia de directivos de Indra -antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril– a pagar gastos vinculados» al PP de Madrid, lo que se hizo a través de «servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral».
Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y «habrían servido para retribuir los trabajos» que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat, y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con el expresidente madrileño Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
INDRA, IMPUTADA COMO PERSONA JURÍDICA
A raíz de la incorporación de este informe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN ha imputado a Indra como persona jurídica -que todavía tiene que acudir a declarar- y han pasado por la Audiencia Nacional varios exdirectivos de la empresa investigados, como Santiago Roura y el expresidente Javier Monzón.
García-Castellón considera a Indra «parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP de Madrid para utilizar las arcas públicas» de la Agencia Informática de la Comunidad (ICM) «como fuente de ingresos del partido».
Cree que Indra, «con la participación activa» de varios directivos, entre ellos Monzón y Roura, se convirtió «en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente» al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.
Sospecha que Monzón y otros directivos «intervendrían en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos» del partido.
El juez instructor estima que Indra abonó facturas falsas del partido por 1,1 millones de euros y que su «pleitesía» presuntamente le sería recompensada con adjudicaciones públicas.
El pasado 18 de septiembre, el exdirector la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo, reconoció ante ante el juez instructor del ‘caso Púnica’ que el organismo adjudicó a Indra un contrato por importe superior a 200.000 euros fuera del procedimiento legalmente establecido.
El expresidente de Indra Javier Monzón, que declaró el pasado 4 de octubre como investigado ante García-Castellón, dijo que desde su posición no estaba en el detalle de los contratos, tampoco con los que se suscribían en la Comunidad de Madrid que gobernaba Aguirre y que, en todo caso, la compañía contaba con sistemas de control sólidos y efectivos en la gestión de sus operaciones y proyectos.
Apuntó que él se encargaba de la estrategia y no estaba en los pormenores de las operaciones, como tampoco tuvo conocimiento de los pagos objeto de las pesquisas ni conocía las facturas hasta que las ha visto en el sumario de la causa.
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