iDental cerró entre abril y junio del año pasado las 24 clínicas que tenía por toda España, y los clientes se quedaron con tratamientos a medio terminar, pero que habían pagado íntegramente por adelantado.
A juicio 7 miembros de la excúpula de iDental por un fraude a la Seguridad Social de 24 millones
El juez les ha impuesto fianzas de entre 2 y 30 millones de euros
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07/11/2019 16:21
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Actualizado: 25/3/2021 13:28
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El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 7 miembros de la excúpula de iDental por un presunto fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros.
En línea con la solicitud de la Fiscalía y de la acusación que ejerce la Tesorería de la Seguridad Social, De la Mata ha acordado enviar a juicio a los primeros administradores del grupo iDental Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, así como a sus sucesores al frente de la compañía: Luis Sans, los hermanos José María y Juan Garrido López, así como otras dos personas que colaboraron con ellos, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha dictado auto de apertura de juicio oral por la presunta comisión de 24 delitos contra la Seguridad Social por los impagos del grupo iDental y del Instituto Odontológico Asociados (IOA), que causaron un perjuicio económico valorado en 23,6 millones de euros.
El magistrado ha impuesto a estos 7 miembros de la excúpula de iDental fianzas para cubrir las responsabilidades pecuniarias: a Sans y a los hermanos Garrido de 30,1 millones de euros; a González Sánchez de 27,9 millones, y a García Pellicer, Castañer Blasco y Bejarano Calabuig de dos millones.
Se trata de una cantidad equivalente a un tercio de la multa que afrontarían en caso de ser condenados.
Además, en concepto de responsabilidad civil, De la Mata ha impuesto a Sans y a los hermanos Garrido el pago conjunto de otras tres cantidades que suman otros 30 millones de euros por la deuda acumulada ante la Seguridad Social.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha cerrado así otra de las piezas separadas de investigación en la que se articula esta macrocausa.
José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la AN. Foto: Amapola Producciones.
Según señala De la Mata en su auto, desde 2014 iDental se basa en un modelo de negocio «consistente en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos y con la colaboración en unos casos de testaferros, para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero».
Indica que este entramado empresarial cuenta con dos tipos de sociedades: Las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, que generan deuda a la Seguridad Social por importe de 11,1 millones de euros en impagos de la cotización de sus trabajadores intereses incluídos; y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros, constituidas con el «propósito de defraudar» y que deben 20.968.497,34 euros contando asimismo con recargos e intereses.
De la Mata detalla que el funcionamiento diario de las clínicas consistía en ofertar tratamientos odontológicos a un sector de población de ingresos medios-bajos, bajo compromiso de descuentos y facilitando su financiación, ya que con su intermediación, el coste lo financiaban entidades diversas de modo que el cliente quedaba como deudor de la financiera «y al albur del tratamiento clínico» que le iban administrando en iDental.
Relata que el sistema colapsó en octubre de 2017 por las deudas contraídas con proveedores y prestamistas, carente ya de financiación nueva y el impago acumulado de nóminas y seguros sociales, dejando de prestar los tratamientos clínicos y miles de personas afectadas por todo el país.
Según expone De la Mata en su auto, Castañer Blasco y García Pellicer habían llegado a montar medio centenar de sociedades en torno a iDental, pero llegado un momento, extinguen 34 de ellas, todas con deudas a la Seguridad Social, y dejan el grupo empresarial en 21 para planificar su venta.
Indica que acabó en manos del fondo Weston Hill Asset Management a través de una sociedad interpuesta y el control pasó a manos de Sans Huecas y los hermanos Garrido.
Según De la Mata, los beneficios de la operación irán a parar a las cuentas y sociedades personales de Castañer Blasco y García Pellicer, mientras las deudas de las 34 sociedades disueltas quedan pendientes y la deuda de las 21 que se mantuvieron, en la medida que no fue saldada en el momento de la venta, se transmite a sus adquirentes.
Señala que los nuevos gestores, a través de sus sociedades interpuestas, compraron el grupo bajo un compromiso de refinanciación con los iniciales prestamistas que «no se ha llegado a cumplir nunca».
Dice que lograron mantener el entramado empresarial con la financiación de inversores externos del otro grupo de clínicas dentales que era de su propiedad, Institutos Odontológicos Associats SL (IOA) y que «deviaron» a iDental.
El juez De la Mata indica que utilizaron «sin reparos» los fondos que esa empresa recibía de terceros en cuantías que ascienden a 56 millones de euros, lo que permitió salidas de capital a todo el grupo.
Manifiesta que «con este modus operandi y sin dejar de generar deuda de manera sistemática y contumaz, iDental mantuvo su actividad a la vez que se fueron despatrimonializando las 21 sociedades hasta su extinción o concurso de acreedores».
Detalla que Luis Sans y los hermanos Garrido lograron «la frustración de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social» utilizando «abusivamente los propios mecanismos de apariencia de legalidad con la TGSS para ocultar sus objetivos».
Dice que los tres habrían obrado de manera similar en Institutos Odontológicos Associats, pues desde octubre de 2017, este grupo y las 12 entidades que lo conforman generaron una deuda propia de 1.311.949,59 euros de principal, que unido a intereses y recargo hacen un total de 1.627.704,52 euros.
EN SEPTIEMBRE LA AN EXIGIÓ OTRA VEZ EL CESO ‘INMEDIADO’ DE LAS RECLAMACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS A PERJUDICADOS POR IDENTAL
el cese ‘inmediato’ de las reclamaciones de entidades financieras a perjudicados por iDental
El pasado septiembre, el magistrado José de la Mata exigió el «cese inmediato» de las reclamaciones de pago por créditos de iDental tras tener constancia de que bancos y empresas de recobro están exigiendo a los perjudicados por la estafa que salden sus deudas.
Recordó que el 5 de diciembre de 2018 acordó como medida cautelar la suspensión de todas las reclamaciones judiciales que se hubieran formulado para un total de 10 entidades financieras por los contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del grupo iDental.
El magistrado reiteró en septiembre la vigencia de esta medida cautelar, y ordenó que cesen “de inmediato” en dicha actuación aquellas entidades que los hubieran reanudado, una medida que hace extensiva especialmente a aquellas otras mercantiles que hayan comprado la titularidad de aquellos contratos de crédito y estén exigiendo el pago.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la AN explicó que han recibido escritos poniendo de manifiesto la existencia de entidades financieras que están realizando reclamaciones con sustento en aquellos contratos de crédito.
También le han trasmitido la existencia de entidades que podrían haber comprado paquetes de esos créditos a las prestamistas originarias y que están exigiendo el pago a los perjudicados.
José de la Mata inició la investigación del caso iDental en julio de 2018.
Se sigue por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, lesiones y contra la salud pública.
Las clínicas iDental se publicitaban como “dentistas con corazón”, como proyecto de “responsabilidad social”, manifestando que su política era acercar la odontología a quienes tuvieran dificultades para acceder al dentista.
Entre abril y junio del año pasado, sin previo aviso, se cerraron las 24 clínicas odontológicas que tenía el grupo por toda España, y los clientes se quedaron con tratamientos a medio terminar, pero que habían pagado íntegramente por adelantado, con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias.
La consultora Deloitte se encarga ahora de gestionar las sociedades para asegurar la atención de los clientes y los derechos de los trabajadores.
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