El promotor de la Acción Disciplinaria tiene que decidir si abrir expediente disciplinario a De Lara o archivar

La Fiscalía de Lugo pide la reapertura de una causa para investigar las filtraciones del Juzgado de Pilar de Lara

7 / 11 / 2019 18:05

Actualizado el 08 / 11 / 2019 07:42

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La fiscal María Vázquez Gómez ha informado positivamente al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo, Sergio Orduña Alonso, para reabra una causa archivada provisionalmente en 2015 y para que investigue la veracidad del contenido de tres conversaciones que figuran en dos memorias USB, aportados por Confilegal a la Fiscalía General del Estado, los cuales habían sido recibidos de forma anónima en este periódico.

El escrito de la fiscal, dirigido al Juzgado, tiene fecha de 5 de noviembre pasado, según ha podido constatar Confilegal.

En las tres conversaciones, que suman 2 horas y 15 minutos, el delegado del periódico La Voz de Galicia en Lugo, Miguel Cabana, le relata al empresario Miguel García Gesto cómo –supuestamente– la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1, Pilar de Lara, les hacía llegar sumarios de causas que ella había declarado secretas.

Informaciones que al día siguiente salían publicadas en los medios.

El pasado 24 de septiembre el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la sancionó con una suspensión de siete meses y un día de empleo y sueldo, lo que conlleva pérdida de destino, por la comisión de una falta muy grave.

El 8 de octubre se lo comunicó oficialmente el CGPJ, aunque no lo publicó en el Boletín Oficial del Estado.

La decisión, tomada por unanimidad, fue una continuación de otra anterior, de la Comisión Disciplinaria, acordada también con la misma unanimidad. 

En las conversaciones entre García Gesto y Cabana este último le relata la formas por las que Pilar de Lara, supuestamente, facilitó el contenido de los sumarios declarados secretos a los medios de comunicación. 

UNA DENUNCIA ARCHIVADA PROVISIONALMENTE QUE SE «DESARCHIVARÁ»

La denuncia, que ahora, casi con toda probabilidad, producirá la reapertura del caso, fue interpuesta, originalmente, en octubre de 2012 por el entonces alcalde de Lugo, José López Orozco, como perjudicado por las filtraciones de la macrocausa Pokemon –diligencias 972/2011–, en las que él estaba siendo investigado.

Denuncia que después amplió varias veces a lo largo de 2013.

En ella López Orozco constataba que dos periódicos, en concreto, –La Voz de Galicia y El Progreso– estaban publicando «en tiempo real las actuaciones judiciales, incluyendo las declaraciones de los testigos y de los imputados ante Su Señoría» [Pilar de Lara], en un sumario declarado secreto por la magistrada.  

Los hechos podrían ser constitutivos del delito de revelación de secretos del artículo 466 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; un delito de carácter público y perseguible de oficio. 

LA BRIGADA DE POLICÍA JUDICIAL INDICÓ LO QUE DEBERÍA HACERSE PARA DESCUBRIR A LA PERSONA FILTRADORA

De acuerdo con un oficio del inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Lugo, de fecha 3 de enero de 2013 –que consta en la causa–, dirigido a la entonces titular del Juzgado de Instrucción 3, Estela San José, indicó lo que se debería de hacer para descubrir a la persona que había hecho las filtraciones.

Primero, hay que «identificar a las personas y funcionarios que accedieron a dichas diligencias», y eso tenían que hacerlo «el Juez Titular [Pilar de Lara] o el Secretario del Juzgado que instruyó las mismas».

El inspector jefe, en esa línea, recomendó, además, «revisar las grabaciones de acceso al edifico de los Juzgados en dicho intervalo, así como el tráfico de comunicaciones, tanto de los teléfonos oficiales, correos electrónicos y fax del Juzgado que practicó las diligencias reveladas».

Y añadió que, «el medio de comunicación donde se publican dichas informaciones es conocido, y del mismo modo se podría solicitar el tráfico de llamadas, correos electrónicos y faxes recibidos en dicho periódico en el mismo intervalo temporal, así como el tráfico de llamadas recibidas del periodista o redactor que firma la noticia».

Pero, prudentemente, señaló que, como esas investigaciones afectarían directamente a órganos judiciales y al secreto de las comunicaciones, tenían que ser «ponderadas, decididas y mandadas judicialmente».

No se hizo nada.

El abogado del López Orozco, Gregorio Arroyo Hernánsanz, solicitó a la magistrada San José que se interrogara a su compañera del Juzgado de Instrucción 1, pero esta declinó hacerlo y la Audiencia Provincial, en funciones de apelación, la respaldó.

Caso cerrado, provisionalmente.

Ahora en vísperas de su reapertura.

UNA CARRERA POLÍTICA HECHA TRIZAS

La carrera de López Orozco, entonces el alcalde más prestigioso de Galicia, quedó hecha trizas.

En 2015 renunció a presentarse a la reelección.

Con el tiempo ha sido absuelto de todas los cargos que le fueron imputados por la magistrada y rehabilitado públicamente por su partido, el PSG-PSOE.

Sólo resta una causa que, según fuentes bien informadas, seguirá el mismo destino que las anteriores.

La publicación de parte de la información contenida en las conversaciones entre García Gesto y Cabana en Confilegal ha desenterrado una investigación cuyo desenlace final es una incógnita. 

García Gesto reconoció a este periódico que la voz era la suya, validando el contenido de los audios.

Cabana se acogió a su secreto profesional y mantuvo silencio.

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