PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Aumentan las amenazas y faltas de respeto de alumnos a profesores

Y el acoso y agresiones de padres a docentes; así se desprende del informe de 'El Defensor del Profesor', del sindicato ANPEEl 79% de los españoles cree que los padres y madres han perdido el respeto a los profesores, según según se desprende del 'Barómetro Social' de IPSOS, estudio periódico que trata temas de interés de la sociedad en España, publicado en septiembre.
| | Actualizado: 25/11/2019 8:05

El sindicato docente ANPE advierte de una “preocupante estabilización” del número de casos de acoso y violencia hacia los docentes.

Además, informa que han aumentado las amenazas y faltas de respeto de los alumnos a sus profesores.

«Te voy a arruinar la vida», “voy a acabar con tu profesión», “voy a a hacer que te echen» o «eres un inútil, no vales para nada» es un ejemplo de lo que espetan a los docentes, según informa Laura Sequera, coordinadora de El Defensor del Profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita del sindicato ANPE para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. 

Sequera señala que estas situaciones responden a «una falta de valores» que se ejemplifica en el «niño emperador», al que sus padres no le han puesto límites y normaliza conductas contrarias ala convivencia, y al «padre helicóptero», aquél que protege a su hijo «dándole la razón sí o sí en todo».

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

«Cuando un profesor intenta poner unas normas este alumno, empoderado en sus familias, no soporta límites y no tolera que tenga que respetar al profesor», indica.

El pasado miércoles, Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE; Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE Madrid; y Laura Sequera presentaron el último informe de El Defensor del Profesor correspondiente al curso 2018-2019.

El acto tuvo lugar en la sede nacional del sindicato, ubicada en la calle Carretas de Madrid.

Informaron que 2.174 profesores se pusieron en contacto con El Defensor del Profesor durante el curso pasado.

PUBLICIDAD

Es una cifra similar al anterior, con 2.179 casos, lo que indica, según Nicolás Fernández, presidente de ANPE, que “las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares”. 

De izquierda a derecha: Laura Sequera, Nicolás Fernández, y Andrés Cebrián, en la presentación del informe.

Guisado también ha lamentado durante la presentación del informe la situación en Cataluña de los «docentes constitucionalistas», que en los últimos tiempos «se sienten abandonados».

De las 2.174 actuaciones realizadas por El Defensor del Profesor en el curso 2018/2019, el 44,4% corresponde a profesorado de Primaria, el 40,4% a Educación Secundaria, el 3,7 % a Formación profesional, el 7,4% a Infantil y el 3,9% restante se reparte en otras enseñanzas (Colegios de Educación Especial, conservatorios, educación de adultos, etc).

PUBLICIDAD
Fuente: ANPE

El Defensor del Profesor de la Comunidad de Madrid sigue siendo el servicio que más demandas recibe curso tras curso. Sólo Madrid acapara el 52,8 % de las actuaciones realizadas en todo el territorio nacional.

En concreto, 1.148 docentes solicitaron ayuda en esta comunidad durante el curso pasado. A mucha distancia le siguen Andalucía, con 198; Canarias, con 168 y Murcia, con 118 intervenciones. Baleares y Galicia son las comunidades autónomas que menos casos atendieron.

PUBLICIDAD

Desde su puesta en marcha en 2005, el Defensor del Profesor ha atendido ya a 36.891 profesores.

En su mayoría, los profesores se ponen en contacto con este servicio por teléfono, aunque también pueden hacerlo por correo electrónico y acudiendo a sus sedes.

Las consultas son atendidas por psicólogos, asesores jurídicos, pedagogos y docentes con experiencia en estas situaciones, que asesoran y orientan a nivel profesional, sindical y jurídico.

PUBLICIDAD

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

En cuanto a los alumnos, el estudio recoge 504 casos de faltas de respeto a docentes, 465 problemas para dar clase, 241 de acoso, 212 casos de amenazas, 128 de agresiones y 47 de daños a la propiedad, entre otros problemas.

La columna de color verde refleja los datos del curso 2017-2018 y la azul los del curso 2018-2019. Fuente: ANPE

Las actuaciones por faltas de respeto a profesores aumentan del 22% al 23% respecto al curso anterior.

En el indicador de las amenazas de alumnos a profesores se produce un incremento de un 2 %, siendo el 10% de los casos.

Los problemas para dar la clase continúan siendo el 21% de las actuaciones de El Defensor del Profesor, como el curso anterior, y las agresiones el 6 %, cifra que también se mantiene igual.

El acoso de alumnos a profesores en el curso curso 2018-2019 representó un 11 %, igual que en el anterior, y el ciberacoso un 10 % de las actuaciones, porcentaje que también se mantiene igual.

Se han registrado 47 actuaciones por daños contra la propiedad, un 2 %. Este indicador sube en un 1 %.

Las conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros representan el 9 %, el mismo dato que el curso anterior.

A ANPE le preocupa la problemática que existe en los centros escolares con respecto a la “creciente situación de acoso y violencia que se da entre los alumnos y con especial relevancia al ciberbullying que se produce entre ellos”.

Señala que “esta cuestión preocupa mucho en los centros educativos ya que afecta a la convivencia” y pide a la Administración que actualice los Decretos de Convivencia con medidas organizativas que corrijan estas situaciones.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PADRES

Por lo que se refiere a los padres, se mantienen estables la mayoría de las variables recogidas y algunas sufren un ligero ascenso.

El informe recoge 642 casos de acoso de padres a docentes, 584 de acusaciones sin fundamento, 546 de faltas de respeto, 455 denuncias, 148 casos de presión de cambio de notas y 59 agresiones.

La columna de color verde refleja los datos del curso 2017-2018 y la azul los del curso 2018-2019. Fuente: ANPE

Se observa un pequeño incremento en el acoso de padres a profesores que pasa del 28% al 29% en el curso actual 2018/2019.

Con respecto al indicador de las denuncias de padres, también se ha producido un aumento de un 19% del curso anterior a un 21%.

En cuanto a las acusaciones carentes de fundamento, también ha aumentado la cifra de un 25% a un 26%.

Las agresiones físicas al profesor son un 3 % de las actuaciones, un 1 % más que en el curso anterior.

En cuanto a la presión para cambio de calificaciones escolares, este año han sido 148 las actuaciones, un 7 %. El año anterior fue de un 8 %.

Las acusaciones carentes de fundamento representan el 26 %. Este indicador también sube un 1 % en el último curso escolar.

Respecto al ciberacoso de padres en el último curso ha sido un 2 % de las actuaciones. Se produce un aumento de un 1 % con respecto al curso anterior.

Por faltas de respeto son un 25 % de las actuaciones. Este dato ha sido similar en los últimos dos años.

ANPE informa que “los profesores van percibiendo progresivamente cómo los alumnos de Primaria, y de cursos cada vez más bajos, tienen conductas disruptivas, amparados por sus padres, que afectan no solo al profesorado sino también a sus propios compañeros”.

Afirma que “se hace patente la influencia de las familias en relación con la postura de respeto y confianza hacia el profesorado, ya que coincide la actitud que tienen los padres con respecto a los profesores y los hijos hacia el centro educativo”.

Apunta que “sabemos que los niños aprenden por imitación, reproduciendo generalmente los esquemas familiares”, y que “se observa en Educación Infantil y Primaria cómo un excesivo proteccionismo de algunas familias y su afán de controlar la vida del centro en beneficio de sus hijos les lleva a protagonizar conductas antisociales y violentas”.

Según explica ANPE, “en estos casos, los progenitores no dudan en enfrentarse al profesor, denunciarle o injuriarle si con ello consiguen que su hijo saque partido de la situación, aunque sea a costa de infringir las normas, pisotear los derechos de sus propios compañeros o difamar al docente”,

Por otra parte, destaca que “las redes sociales desempeñan un papel cada vez más activo a la hora de fomentar la calumnia y el desprestigio del profesorado y del equipo directivo, convirtiendo así un problema particular en algo general, con el consiguiente linchamiento público profesional: difama que algo queda”.

Informa que “los profesores van viendo ya desde etapas tempranas de la educación cómo son desautorizados delante de los niños de forma violenta e incluso agredidos por unos padres sobreprotectores que, ante un límite, contratiempo o norma que se quiera aplicar a su hijo, acuden al centro de forma impositiva y agresiva, sin importarles la normativa del centro”.

Dice que “estos padres no tienen en cuenta que la actitud egoísta y de falta de respeto por parte de sus hijos hacia los compañeros puede carecer de justificación, dificulta el correcto desempeño de la labor docente, y perjudica a los otros alumnos y a su propio hijo”, y que “algunos de estos progenitores intentan culpabilizar al profesor de actuaciones que en ningún momento está llevando a cabo o levantan infundios para desacreditarlo delante del resto de padres”.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON COMPAÑEROS

En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, se observa una disminución en los problemas con equipos directivos, que pasan de un 31% a un 27% de los casos atendidos.

Los demás parámetros en este ámbito permanecen estables: los problemas por no aplicar el reglamento de centro (el 15% de las actuaciones en el curso 2018-2019, el anterior fue de un 14%); la apertura de expediente disciplinario  (4%, como en el anterior) y problemas con la administración (19%, igual que en el curso 2017-2018).

PROFESORES CON ANSIEDAD

ANPE informa que las consecuencias de las situaciones destacadas conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que «en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores».

Cabe destacar que el pasado curso, 16 profesores se vieron obligados a dejar la profesión por causas de situaciones de conflictividad.

En el 70 % de los casos atendidos, el docente presentaba altos niveles de ansiedad, el 10 % tenía síntomas depresivos y un 10% estaba de baja laboral. 

ANPE señala que “estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación”.

Añade que las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos.

“El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido”, apunta.

AUTORIDAD PÚBLICA

El docente, en el ejercicio de su función, es autoridad pública. Eso quiere decir que muchas de estas actuaciones de padres y alumnos contra los docentes ya no serán consideradas como faltas, sino como delitos de atentado contra la autoridad.

“Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”, recoge el artículo 550.1.

Y el 550.2. dicta que “los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad”.

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación en sus artículos 4.2.f y 6.4, establece que corresponde a los alumnos y a sus padres la obligación de respetar la autoridad del profesor y seguir sus indicaciones, cumpliendo las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recoge en su artículo 124 las normas de organización, funcionamiento y convivencia, donde se reconoce que los profesores serán considerados “autoridad pública” y que los hechos constatados “tendrán valor probatorio y presunción de veracidad”.

La Ley de autoridad del Profesor se desarrolla en algunas comunidades en concreto en Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Siete comunidades no tienen, tampoco Ceuta y Melilla, y en Cataluña sólo se reconoce como autoridad a la dirección educativa.

Esta Ley tiene cuatro aspectos básicos: la consideración del docente como autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica y la reparación de daños.

ANPE RECLAMA UN PLAN ESTRATÉTIGO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

 ANPE considera prioritario el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar.

Según explica el sindicato, debería contar con la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar; y la «ineludible obligación» de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.

También, con un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas; un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos; la actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia; así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.

Este plan debe incluir, además, según ANPE, el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos; un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar; y que se oferte la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.

ANPE reclama, asimismo, el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.

Además, pide compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

Indica que este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar “debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación”.

“Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa”, destaca ANPE.

Señala que gran parte de los casos que atienden tienen como denominador común «la falta de referentes y límites claros en la respuesta que se da en situaciones conflictivas respecto a la aplicación de la ley», y que, además, «en la parte de la comunidad educativa, que precisa de las mejores referencias, en concreto padres, madres, tutores y alumnos, se produce la omisión en la aplicación de la Ley”.

Indica que “tenemos que ser conscientes que la falta e incumplimiento de normas en los centros educativos genera conflictos que afectan directamente al desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje y de competencias para el desenvolvimiento en la vida activa” y “provoca situaciones de indefensión, acoso y estrés en el profesorado, que pierde credibilidad ante el alumnado, lo que le incapacita para la intervención en el aula».

PINCHANDO AQUÍ PUEDE DESCARGARSE EL INFORME

Noticias relacionadas:

‘Universitaris per la Convivència’ pide amparo al Defensor del Pueblo ante la ‘instrumentalización nacionalista’ de las universidades públicas catalanas

Ángel Escolano (Convivencia Cívica): ‘Ningún centro educativo público en Cataluña cumple la sentencia del Supremo sobre el castellano’

Javier Pérez (NACE): ‘Combatir el acoso escolar es una asignatura pendiente en España’