Uno de los afectados por la disolución del Banco Popular ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de esta extinta entidad financiera Ángel Ron para que se investiguen las cuentas de 2008 a 2015.
El querellante es un particular que compró acciones por importe de unos 10.000 euros en 2008.
La querella la presentó su abogado, Felipe Izquierdo, el pasado 7 de noviembre.
Izquierdo señala en ella que Ron está siendo investigado desde 2017 en la Audiencia Nacional junto a otros exdirectivos del Banco Popular por la «presentación de unas cuentas anuales presuntamente falseadas y que no reflejaban la imagen fiel de la situación financiera de la entidad» correspondientes al ejercicio de 2016.
Indica que el magistrado instructor del caso, José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha ceñido estos hechos «exclusivamente» a la ampliación de capital de la entidad que tuvo lugar en mayo de 2016.
El letrado señala en la querella que la investigación no puede quedar «reducida» a 2016 puesto que «a día de hoy existe ya mucha más información pública y privada sobre la situación financiera» del Popular, y cuatro sentencias de juzgados civiles que han concluido que las cuentas del Banco Popular correspondientes a los ejercicios 2008 a 2015 «también presentaban irregularidades contables graves».
Desde la apertura de la causa, se han efectuado diligencias tales como recabar informes de situación tanto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como del Banco de España tendentes a analizar si se falsearon las cuentas y se engañó a los inversores de cara a ese proyecto por el que el Popular amplió su capital en 2.505 millones de euros que habrían de reportar importantes beneficios y cobro de dividendos.
El abogado del querellante recuerda también que el Popular en 2016 cifró las pérdidas en más de 3.200 millones de euros y que al primer semestre del siguiente año éstas ascendieron a más de 12.000 millones de euros.
Por ello, reclama que se investiguen también los ejercicios comprendidos entre el 2008 y 2015 porque la duda sobre la verdadera situación económica del banco «planea sobre miles de inversores».
También pide que sea el Banco Santander, que adquirió el Popular por un euro, quien afronte una eventual responsabilidad civil subsidiaria.
El tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado abril retirar la imputación del Santander al entender que no podía heredar ninguna responsabilidad Penal cometida por el banco que absorbió.
Estimó el recurso de apelación presentado por la entidad que preside Ana Botín.
El letrado Felipe Izquierdo apunta que el tribunal mantuvo al Santander como responsable civil subsidiario.
Izquierdo fue quien presentó la primera demanda civil contra el Popular y quien obtuvo tanto en la Audiencia Provincial de Madrid y la de Barcelona las primeras sentencias favorables para los perjudicados.
