Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, que le había citado en calidad de investigado por su supuesta participación en la llamada ‘operación Kitchen’ por la que se habría espiado al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación sensible del partido.
El ‘exnúmero dos’ de Interior con Jorge Fernádez Díaz ha rechazado responder a las preguntas del juez y la Fiscalía alegando que esta pieza de la macrocausa Tándem, Kitchen, está bajo secreto y que no ha tenido acceso a las actuaciones.
El magistrado lo citó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Martínez está investigado en la pieza separada número 7 del ‘caso Tándem’, por el que el excomisario José Manuel Villarejo está en prisión preventiva.
Se está investigando un supuesto operativo parapolicial que se habría puesto en marcha en 2013 por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para que sustrajera documentación sensible que el extesorero habría sustraído del partido cuando le despidieron.
Tras conocer su imputación publicó un comunicado en el que señaló que durante los años que ejerció el cargo en el Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz trabajó «para prestar el mejor servicio al interés general» y que siempre lo hizo «con absoluto respeto a la Ley».
«Tengo plena confianza en la acción de la Justicia y defenderé mi gestión siguiendo las directrices de mis abogados», añadió, y pidió respeto a su privacidad y al principio de presunción de inocencia.
Francisco Martínez es el primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto.
Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique Garcia Castaño.
Éste último también estaba hoy citado a declarar, después de Martínez, para confrontar sus testimonios.
En una breve declaración ha ratificado a preguntas de la Fiscalía su versión de los hechos.
García Castaño se ha ratificado en que entregó al secretario de Estado el resultado del volcado de dos móviles antiguos de Bárcenas obtenidos mediante el operativo de seguimientos que se había desplegado y que contaba con el apoyo del chófer del tesorero, Sergio Ríos, captado como confidente a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados.
Tal y como declaró en su momento, el exUCAO ha reiterado que él mismo hizo entrega de ese contenido almacenado en un pendrive, volcándolo en un ordenador portátil comprado ex profeso para que Martínez pudiera consultar este y otros materiales de operaciones ‘sensibles’.
Mantiene que todo aquello fue legal, un operativo policial legítimo que le fue encargado por el entonces Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino.
La tesis de los investigadores es que se costeó con fondos públicos un operativo cuyo fin sería conseguir documentación comprometedora para el PP que pudiera conservar Bárcenas para ocultársela a la investigación judicial que ya estaba abierta en aquel momento por la presunta financiación irregular del partido al hilo de la trama Gürtel.
