La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José De La Mata que cite a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales a 12 exaltos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -partido refundado en el PDeCAT– por las donaciones realizadas al partido entre 2008 y 2015, identificadas por la Guardia Civil en el marco de la causa del 3%’.
Se trata de los exconsejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig, al exdiputado nacional por Barcelona Pere Macías, la exconsejera de Educación Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini y al exparlamentario catalán y expresidente de Forum Barcelona Víctor Vila i Giró.
A ellos se suman el exalcalde de Sallent que fue portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona Jordi Moltó, el exdirector general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich; la exdiputada autonómica Gloria Renom; el exdiputado regional ya inhabilitado Xavier Crespo, el empresario y líder del sector liberal de CDC Marc Guerrero i Tarragó y Eduard Freixedes, y a Eduard García, exdirector de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central.
La Fiscalía parte de la disección de las donaciones a CDC y sus fundaciones que realizó la Guardia Civil con el estudio del Libro Diario y el Libro Mayor del partido, hallados en el registro de sus instalaciones en octubre de 2015 y de los que se desprende que la formación usaba el dinero recaudado por Catdem y Forum Barcelona como propio, con política de unidad de caja, movimientos sospechosos entre ellos y donaciones que podrían encubrir mordidas.
Todos estos señalados por Anticorrupción realizaron donaciones al partido de entre 1.500 euros a 3.000 euros en distintos momentos del periodo objeto de estudio por la Guardia Civil, de 2008 a 2015 y en todos los casos consignaron su aportación en el último trimestre del año.
Por ejemplo, Candini llegó a donar 18.000 euros en cuatro pagos de 9.000 y 3.000 euros en diciembre de 2008, 2009 y 2010.
La Guardia Civil alertó en su informe, aportado a la causa el pasado diciembre, de esta coincidencia de donaciones en periodos muy concretos, así como de la relación entre las cantidades que aportaban personas físicas y jurídicas, pues cuando disminuían unas, aumentaban las otras, quedando compensadas.
Para Anticorrupción, las donaciones particulares y de empresas resultan «sistemáticamente complementarias de manera que se deduce un criterio superior al de las personas donantes», como cuando en 2014 las entradas de dinero de personas físicas se presentaron «de forma no sistemática y sin un criterio que las pueda prever en el mes de noviembre».
La Fiscalía destaca, asimismo, la evolución de las cantidades recaudadas y cómo se compensan entre aportaciones particulares y de empresas.
Indica que «se constata cómo las donaciones entran en descenso en 2011 para volver a aumentar en 2014, produciéndose un más que notable aumento tanto en número como en cuantía de donaciones en los años 2014 y 2015».
EL ORIGEN DEL DINERO
Explica que en 2013 fueron 14.600 euros y en 2015 superaron los 402.000, cuantía similar a la que habían registrado en 2008, si bien se necesitaron «muchas más» operaciones para alcanzar ese «parecido volumen de ingresos».
Anticorrupción considera que uno de los motivos que podría «justificar lo ocurrido» en las aportaciones de particulares es que obedezca a «algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares».
El fiscal señala al respecto que «hay dos explicaciones, en abstracto». «La primera, que cada uno de los donantes haya decidido aflorar dinero en efectivo, no declarado. La segunda, que el dinero en efectivo, no declarado, procede del propio partido político», explica.
Considera que esta es «una explicación perfectamente coherente con que las personas cuya imputación se solicita realizaran una actuación radicalmente diferente en los años 2008 a 2010, 2011 y 2013 y en 2014 y 2015, en que se constatan donaciones mensuales y de escaso valor».
CDC Y PDECAT, IMPUTADOS
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, investiga la presunta financiación irregular de CDC mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
El juez instructor cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados, un total de 28 obras, y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.
El magistrado investiga conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
A finales de julio de 2018, De la Mata imputó a CDC y a PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Incluyó también al PDeCat en la investigación porque le considera “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter “sistémica” y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido.
El 12 de septiembre de 2018, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante De la Mata asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.
Noticias relacionadas:
Anticorrupción pide la imputación del Defensor del Pueblo catalán por cohecho en el 3%
