El Comisario Villarejo y el empresario Juan Muñoz.
Imputados Villarejo, su hijo, el empresario Juan Muñoz y otras 11 personas en el caso Tándem
En la Pieza Pintor, por supuestos delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos
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12/6/2020 14:03
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Actualizado: 12/6/2020 14:17
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón concluye la instrucción de la pieza ‘Pintor’ del ‘caso Tándem’ y dirige el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz -el primero marido de la periodista Ana Rosa Quintana- y otras 9 personas, entre ellas el excomisario Antonio Bonilla.
Explica que de las diligencias practicadas, se infiere la presunta participación o intervención en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente constitutivos de un delito extorsión, y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, «sin perjuicio de ulterior calificación».
El magistrado ha dictado hoy un auto de procedimiento abreviado, con el que acaba la investigación, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, y comunica a las acusaciones que disponen de 10 días para formular su escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa.
Los hechos que han originado esta pieza se centran en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de Jose Manuel Villarejo para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en concepto del IVA.
Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante frente a Fernando Muñoz.
El juez instructor relata en el auto que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt proporcionó a los hermanos Muñoz diversa información sensible y de acceso restringido a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental.
Indica que el objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado, a la par que obtener «debilidades» de la otra parte, como medida de presión para forzar al socio y a su abogado a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.
Según el magistrado, para obtener la información sensible convenida con sus clientes, Jose Manuel Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se valieron de los servicios de una detective y de funcionarios de policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.
De la investigación realizada, el magistrado concluye que la actividad contratada a Villarejo «iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que Jose Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar » una situación de crisis», que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial».
Las diligencias previas de las que dimana esta pieza de investigación fueron iniciadas en noviembre ed 2018 al admitirse a trámite de una querella formulada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y otros delitos conexos.
Juan Muñoz fue detenido el 31 de julio de 2018 en el marco de esta pieza. También fueron arrestados su hermano y los abogados de ambos, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Miguel García González.
En octubre de 2018, la Audiencia Nacional impuso a Juan Muñoz las medidas cautelares de comparecencias quincenales y la prohibición salir de España sin autorización judicial.
Atendió así el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que no estaba de acuerdo en dejar en libertad al empresario sin ninguna medida cautelar después de que prestara declaración.
El juez instructor del caso Tándem entonces, Diego de Egea, no había adoptado medidas cautelares para él, mientras que para su hermano y los dos abogados fijó comparecencias mensuales en el juzgado y la prohibición de salir del país.
Además de las detenciones, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la apertura de la pieza ‘Pintor’, se realizaron siete registros en las localidades andaluzas de Marbella y Sotogrande y en Madrid.
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