El líder de Podemos utilizó la incoación de la pieza secreta Dina en las Elecciones Generales de 2019 para denunciar que las "cloacas del Estado" estaban actuando contra él y contra Podemos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La abogada de Podemos quiso filtrar información confidencial al fiscal Stampa antes de la incoación del “caso Dina”
Aquello provocó un "choque de trenes" entre el excoordinador legal de Podemos y la letrada de confianza de Iglesias
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25/6/2020 13:19
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Actualizado: 01/7/2020 10:28
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En febrero de 2019, un mes antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, incoara la pieza secreta del “caso Dina” -la 10ª de las 25 de Tándem, la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, personada como acción popular, quiso filtrar información confidencial a los fiscales anticorrupción con el fin de preparar el inicio de este procedimiento judicial en la Audiencia Nacional.
El origen de este caso fue el robo del móvil de Dina Bousselham, en 2016, asesora de Pablo Iglesias y la aparición de una memoria USB con los datos de dicho teléfono en uno de los registros que la Policía Judicial realizó a las propiedades del comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo.
Sobre dicho “descubrimiento”, Bousselham fue informada en diciembre de 2018.
CAMPAÑA CONTRA LAS «CLOACAS DEL ESTADO» EN PLENAS ELECCIONES GENERALES
En marzo de 2019 Pablo Iglesias se personó como perjudicado en la pieza en este caso, lo que le permitió al líder de Podemos construir el relato público de que había habido una operación para destruirle desde las “cloacas del Estado” y que el comisario José Manuel Villarejo estaba detrás.
Una línea de ataque que empleó repetidamente en las elecciones generales de abril del año pasado, en una clara estrategia de victimización personal y de la formación morada.
En este caso, Marta Flor Núñez defendió, de forma simultánea a Bousselham y a Iglesias y, al parecer. Con ello quiso, al parecer, contribuir a la aceleración del caso, contraviniendo lo establecido por el entonces coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente.
«Marta Flor quiso facilitar al fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, el contenido del expediente judicial de la denuncia del robo del teléfono de Dina que se había tramitado en 2016 en los juzgados de Alcorcón, previamente a que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional incoara este procedimiento», explican fuentes consultadas del anterior equipo jurídico de Podemos.
Las mismas fuentes subrayan que, cuando eso sucedió, hubo «una fuerte discusión entre Calvente, quien se opuso, de forma contundente, a las intenciones de Flor».
Algunos miembros del anterior equipo jurídico de Podemos consideran inaudito que «Marta Flor estuviera hablando en febrero de 2019 con la Fiscalía sobre un asunto que todavía no había sido incoado por el Juzgado Central de Instrucción y que luego fue declarado secreto».
RUPTURA
Esto provocó la ruptura entre Calvente y Flor, y la crítica de otros miembros del equipo jurídico del partido de entonces por las prácticas de esta abogada en el “caso Dina”.
El excoordinador legal de Podemos, que se unió a la formación morada en 2014, indignado por la crisis y la corrupción, reprobó la forma de actuar.
«Porque no consideraba adecuado ceder información confidencial de un asunto judicial a los fiscales», según apuntan fuentes del anterior equipo jurídico de la formación morada.
En el partido de Pablo Iglesias es bien sabido que Calvente era un letrado muy exigente con el cumplimiento de la ley y la ética profesional.
No aprobaba que Marta Flor utilizara su «amistad» con el fiscal Ignacio Stampa para tratar el “caso Dina”.
El anterior equipo jurídico de Podemos, no comprendía «cómo esta abogada mantenía conversaciones con Stampa previa a la incoación del proceso por García Castellón», especialmente, por la personación de la formación morada como acusación particular.
Tampoco entendían el interés del Ministerio Fiscal. Principalmente por «la obligación de los fiscales de mantener su imparcialidad y no posicionarse ni colaborar con una de las partes, como parece haber sucedido, apoyando a Pablo Iglesias y Dina Bousselham al inicio de este procedimiento», subrayan.
Porque «podría perjudicar la acción penal y generar dudas sobre el proceso judicial», matizan.
Según consta en el expediente judicial, el atestado de la Policía lleva fecha de entrada en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el 19 de marzo de 2019.
Al ser Marta Flor la letrada del caso tenía acceso al expediente y conocía que su cliente, Dina Bousselham, había declarado ante la policía el 10 de diciembre de 2018 por el robo de su móvil.
PURGA INTERNA EN EL EQUIPO LEGAL DE PODEMOS
A finales del pasado año, durante una reunión del Consejo Ciudadano de Podemos la responsable de Cumplimiento Normativo del partido, Mónica Carmona, denunció que «el cese de Calvente era una purga interna motivada por estar investigando irregularidades presuntamente cometidas por algunos dirigentes del partido».
Esto provocó que Carmona también fuera cesada de su cargo a los pocos días de sus manifestaciones públicas.
El conflicto entre el ex-abogado del partido, Calvente, con la letrada de Tándem, Flor, por su relación con el fiscal Stampa, es uno de los motivos, –según alegó el exjefe del servicio jurídico de Podemos tras ser despedido–, de la campaña de acoso laboral contra él y que terminó con su cese en diciembre de 2019.
Podemos intentó justificar este cese alegando en la carta de su despido «la presunta existencia de una situación de acoso laboral hacia su excompañera Marta Flor».
Pero no aportaron denuncias ni expedientes previos contra Calvente, que ha asegurado que «las acusaciones contra él son falsas y constituyen una venganza de Flor y de Podemos por no aceptar algunas irregularidades observadas en el partido».
La realidad es que un mes después del cese del exjefe jurídico Calvente por Podemos, Marta Flor se hizo cargo de nuevo de la defensa de Iglesias y de Dina, intervención cuestionada actualmente por el magistrado García Castellón al existir un conflicto de intereses.
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