Para José Manuel Calvente ayer fue un día redondo que siempre recordará como un tesoro. Podría bautizarlo como el «día del resarcimiento» contra Podemos, la formación que creyó que cambiará las cosas en este país, a la que sirvió como abogado entre 2014 y 2019 y de la que fue expulsado malamente, que diría Rosalía, acusado públicamente de acoso sexual.
La primera buena noticia procedió del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, donde la titular, Rosa María Freire, archivó la querella por acoso sexual, acoso laboral, coacciones y lesiones, que le había interpuesto su excompañera en el equipo legal de Podemos, Marta Flor.
Ni Freire ni el fiscal del caso consideraron probados ninguno de esos delitos.
El «establishment» de Podemos, que habían apoyado las alegaciones, y especialmente Pablo Iglesias, no ha podido quedar peor.
El actual vicepresidente segundo del Gobierno declaró en diciembre pasado que lo de Calvente se trataba «de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales lo diriman».
La segunda fue su comparecencia telemática desde Barcelona ante Juan José Escalonilla, magistrado del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, al que le tocó, por reparto, la denuncia que Calvente había puesto en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil, en Cataluña, que fue a recalar en un Juzgado de Martorell, Barcelona, el cual se inhibió a Madrid.
Como denunciante y jurista, considera que los delitos que se podrían haber cometido son los de “blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático”.
Durante tres horas y media, Calvente, que había sido coordinador legal del equipo de abogados de Podemos, bajo la dirección de la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, desgranó ante su señoría su contenido, aportando, que contenía un anexo completo de indicios para avalar lo que en ella afirmaba.
Un relato que no deja nada bien a las personas que dirigen los dineros de Podemos, del que emergen con las mismas imperfecciones apreciadas en protagonistas del pasado de los dos grandes partidos nacionales.
Para Calvente, un tipo extramadamente íntegro y que recuerda, por su talante, al chileno Carlos Van Schowen, el contable del conglomerado empresarial de Filesa que el PSOE se montó entre 1989 y 1994 para canalizar de «forma legal» las comisiones ilegales que en aquel tiempo se cobraban, el mundo, «su mundo», se vino abajo cuando un compañero del partido le dijo que «habían metido la mano en caja».
El sentido de superioridad moral que, como partido de izquierdas, se suponía que poseía Podemos, se vio en tela de juicio.
La «fe laica» en un instrumento que pensaba que estaba llamado a transformar una realidad corrupta, comenzó a desvanecerse cuando investigó y denunció las irregularidades encontradas en su interior; la respuesta que recibió fue el despido.
PODEMOS, UNA «ESTRUCTURA CONFUSA»
De acuerdo con Calvente, Podemos es una «organización política ‘sui generis'» con una estructura confusa en la que «existe miedo porque se ha convertido en un partido autoritario».
Lo que busca él no es la venganza sino hacer justicia, afirmó.
El excoordinador legal de la formación morada le explicó al magistrado las irregularidades contenidas en los 45 folios de los que está compuesto la denuncia.
La primera de ellas, la reforma y acondicionamiento del edificio propiedad de Podemos, situado en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid, cuyo presupuesto inicial era de 649.936,68 euros y terminó costando 1.361.055 euros, sin que nadie aclarara el porqué de la diferencia.
La segunda, la contratación supuestamente fraudulenta de la empresa mejicana Neurona Consulting para las campañas electorales de abril y mayo de 2019 –generales, europeas, autonómicas y municipales–.
Juan Carlos Monedero habría actuado –presuntamente– como «intermediario y comisionista» entre Podemos y la consultora Neurona Consulting y en la consecución de supuestas «contrataciones ilícitas» de la citada consultora con otras empresas y gobiernos de Latinoamérica.
«De esta forma, Monedero, amigo personal de César Hernández Paredes, director de Neurona, podría haber obtenido presuntos ‘fondos mediante contratos simulados, para su propio beneficio personal'», explicó Calvente.
La tercera irregularidad es la de la «caja de solidaridad» –o «caja B»– de Podemos, cuyos fondos procedían de las donaciones que mensualmente hacían los cargos públicos estatales del partido.
Dichos fondos se utilizaban para hacer donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno a «supuestas entidades opacas sin identificar».
Las sospechas emergieron cuando Calvente detectó una petición de 50.000 euros de una asociación denominada «#404 Comunicación Popular, sin que conste hasta la fecha la razón social o los datos de la persona física que formula la petición».
El excoordinador de Podemos también señaló, como irregularidad manifiesta, el aumento de los salarios de la gerente, Rocío Val, y del tesorero, Daniel de Frutos. Una subida que, en su denuncia, califica de «subida secreta y unilateral».
El 15 de septiembre próximo el magistrado Escalonilla ha citado a declarar a la que fuera jefa de Calvente, Gloria Elizo, y a la responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, que fue despedida junto con el abogado en diciembre del año pasado.
