Carlos Ramón Sosa Báez, pareja de hecho de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha remitido una carta a Confilegal dando su versión de los hechos en el conflicto que le enfrenta con su exempleada del hogar.
Carlos Ramón Sosa Báez dice que la exempleada de hogar de la casa de Victoria Rosell jamás cobró en dinero ‘negro’ y la magistrada no era su empleadora
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10/9/2020 00:55
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Actualizado: 10/9/2020 00:58
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Carlos Ramón Sosa Báez ha remitido a Confilegal un burofax, que califica de “rectificación” a las informaciones que hemos publicando en las últimas semanas sobre el contencioso laboral que enfrenta a él y a su pareja de hecho, Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y a su exempleada del hogar, Simona Chambi Ramírez.
El relato de Sosa Báez es su versión de los hechos. Una versión de parte, puesto que la verdad judicial todavía no se ha producido.
Ningún tribunal, ni penal ni social, se ha pronunciado ni sobre la denuncia de Sosa Báez contra Chambi Ramírez por supuesta extorsión.
Ni tampoco sobre la querella de Chambi Ramírez por coacciones y obstrucción a la justicia contra Sosa Báez.
Ni mucho menos sobre la demanda por despido nulo o improcedente de Chambi Ramírez contra Sosa Báez.
Con su publicación, Confilegal quiere aclarar que no rectifica nada sino que presta un espacio para que Sosa Báez exponga su punto de vista.
Lo que él considera su versión de los hechos, que no es la verdad, tal como afirma él.
Este es el texto:
«Simona Chambi ha sido denunciada por chantaje: pedir 10.000 euros a cambio de que el partido político Vox y el exjefe de prensa de José Manuel Soria no divulgaran su demanda laboral por su despido.
«La empleada de hogar Simona Chambi Ramírez, que prestó hasta junio pasado sus servicios en la vivienda que comparten su empleador, Carlos Sosa, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, jamás percibió un solo salario en dinero opaco, como falsamente afirma la publicación digital Confilegal en un artículo publicado el viernes 21 de agosto y firmado por su director, Carlos Berbell. Esta es una de las afirmaciones falsas que Confilegal ha de rectificar a petición del interesado.
«Es falso que Carlos Sosa despidiera mediante un mensaje de WhatsApp a su empleada Simona Chambi Ramírez. En realidad lo hizo mediante llamada telefónica el día 26 de junio de 2020. Lo que le envió por WhatsApp y luego por Burofax fue la carta de desistimiento.
«Es falso que Carlos Sosa haya coaccionado a Simona Chambi, como se afirma en la noticia, mediante un mensaje de ‘WhatsApp’ en el que, como se dice a continuación, el empleador solo le advierte de que a él también le asiste la ley, obviedad que se pronuncia después de haberle comunicado a su exempleada que ya le habían transmitido desde el partido político Vox que obraba en su poder la demanda laboral y que estaba prevista su publicación para perjudicar a la pareja del empleador, alto cargo del Gobierno de España, condicionado a lo que ocurriera en el acto de conciliación en los servicios de Empleo de la Comunidad de Canarias, previsto para días posteriores. Al acabar ese acto sin avenencia y negarse la representación del señor Sosa a desembolsar los 10.000 euros de chantaje que claramente resaltan en la demanda, la noticia ha sido difundida.
«En esa difusión no solo ha participado el exdirigente local de Vox Luis Ricardo Rosales Medina, sino también el exjefe de prensa del exministro José Manuel Soria, Juan Santana Hemández. Santana lanzó tres mensajes en Twitter advirtiéndolo hasta seis días antes de que lo hiciera en el periódico El Mundo el periodista Fernando Lázaro, y en Confilegal, su director, Carlos Berbell, que es asiduo colaborador del programa El Pulso, que dirige y presenta en Radio Las Palmas el referido presentador radiofónico, exjefe de prensa de Soria.
«Es igualmente falsa la afirmación de que Carlos Sosa coaccionara al abogado de la demandante, Federico Vicente Marín, durante una conversación telefónica en la que se limitó a transmitirle que ya tenía conocimiento de que la demanda había sido entregada a Vox, a lo que el letrado respondió acusando a los funcionarios del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) de Canarias de haber sido los que la entregaran al partido político Vox. Está a disposición del director de Confilegal la grabación íntegra de esa conversación.
«Vuelve a ser falsa otra aseveración que asume como propia el señor Bellver cuando afirma tajantemente que «jamás la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género le entregó nómina alguna» a la trabajadora. Es falsa porque en tal caso debiera ser el señor Sosa, su empleador, quien le proporcionara las nóminas, y estas le fueron facilitadas siempre. Su salario se ingresaba puntualmente en su cuenta corriente, prueba suficiente, junto al contrato y el alta en la TGSS, de la plena legalidad y vigencia de su situación laboral absolutamente regular.
«En cuanto a la actualización del salario en base a la modificación del SMI, son falsas las afirmaciones que el autor vierte en la noticia respecto a que la señora Rosen se negara o alegara excusas para no aplicar tal mejora salarial. Fue el empleador, el señor Sosa, quien dispuso que la reducción fuera de horas de trabajo, pasando de 20 a 15 por semana, de manera que la trabajadora dedicara menos tiempo a la vivienda y siguiera percibiendo la misma cantidad de salario al reducirse el número de residentes fijos de 4 a 2 personas. Y así se ejecutó mediante modificación contractual que firmó la señora Chambi libremente. Al fin y al cabo, gracias a esa modificación iba a trabajar una hora menos al día percibiendo el mismo salario, lo que no le ocurrió en las otras casas a las que acudía sin contrato ni legalidad alguna.
«De manera negligente y sin el más mínimo contraste, el señor Bellver emite la siguiente afirmación: «Simona Chambi también se ocupó, cuando estaba disfrutando sus vacaciones, de dar de comer a un conejo grande y de regar las plantas existentes en el inmueble sin recibir ninguna compensación económica al respecto». Tal aseveración es absolutamente falsa. En la vivienda de los señores Sosa y Rosell no ha habido animal alguno al menos desde 2014, y durante la etapa de vacaciones la mascota era trasladada a otra propiedad del señor Sosa donde un familiar se hacía cargo de sus cuidados. Tras ser despedida la señora Chambi hay una nueva mascota en ese hogar, un perro adoptado tras el estado de alarma, durante cuya vigencia la empleada fue relevada de sus obligaciones laborales con salario y alta en la Seguridad Social como si acudiera a su trabajo cada día, habiendo podido el empleador acogerse a la modalidad de suspensión de contrato, lo que le hubiera supuesto a la trabajadora una merma del 30% de su salario.
«Por último, y en un malabar especulativo. impropio de quien ha sido director de comunicación del Consejo General del Poder Judicial, el señor Bellver arroja dudas sobre el sistema de reparto en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria al afirmar lo siguiente sobre la denuncia por extorsión presentada por la señora Rosell contra la exempleada de hogar que ejercía en su casa: «Una denuncia que ha caído por reparto -¿casualidad?- en el mismo Juzgado de Instrucción 8. En esta ocasión, el magistrado Díaz Tejera sí ha abierto diligencias previas -las 0002802/2020– sobre el caso. Son de las que van para adelanteu. Y para que no faltara un poco de conspiración, añade de su propia cosecha, sin más indicios que su instinto: «¿Preconstituyendo la conspiración de VOX sobre cuya existencia Sosa quiere convencer a la opinión pública?». Y él mismo se contesta: «Tiene toda la pinta».
«Estas afirmaciones constituyen un cúmulo intolerable de falsedades. En primer lugar, el autor de ese libelo vierte dudas sobre el sistema informático de reparto en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria; y luego, sin aportar la más mínima prueba, acusa a Carlos Sosa de preconstituir pruebas contra un partido político que ni siquiera está denunciado en esta causa. Porque la única persona que lo está hasta la fecha es la exempleada de hogar Simona Chambi.
«En cuanto a la querella por coacciones que el autor de la noticia asegura ha sido interpuesta, el señor Sosa no tiene constancia alguna».
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