El «Brexit», la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha tenido un efecto directo en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El 31 de enero de este año sus miembros, Christopher Vajda, juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Ian Forrester, juez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), la primera instancia del TJUE, así como Eleanor Sharpston, abogada general por el Reino Unido desde 2006, dejaron de pertenecer a lo que hoy se ha convertido en el Tribunal Supremo de todos los Tribunales Supremos de la Unión.
Esa fue la decisión que tomaron los 27 estados de la Unión el 29 de enero pasado: El mandato de todos los miembros británicos en las instituciones europeas cesaría automáticamente dos días después.
Vajda y Forrester, en consecuencia, hicieron las maletas y regresaron a Gran Bretaña.
No así Sharpston, que entendió que el estatuto del tribunal –derecho básico de la UE– dice que el mandato de un miembro en servicio sólo lo puede terminar el propio tribunal por razones disciplinarias específicas y eso se debe decidir mediante la adopción de una decisión unánime.
Y el «Brexit» nada tiene que ver con esas razones.
A pesar de ello, el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, puso en marcha de inmediato la maquinaria para que se nombrara a un nuevo abogado general que sustituyera a Sharpston, cuyo mandato terminaría el 6 de octubre de 2021.
Envió una carta al Consejo de la UE, el 31 de enero, comunicando que se había producido una vacante y solicitó a sus miembros que nominaran al sustituto para el puesto de Sharpston, que tendría que ser griego. Era al país que le correspondía por turno.
SHARPSTON DEMANDA AL TJUE
La abogada general británica, lejos de amilanarse, en abril presentó una doble demanda contra dicha decisión ante el tribunal de primera instancia de la UE, el TGUE. La primera contra el Consejo de la Unión Europea; la segunda, contra el TJUE, al que había pertenecido durante los últimos 14 años, mismo.
Sharpston consideró la decisión de su cese como una interferencia política ilegal con un órgano judicial independiente que, además, afectaba a los emolumentos que debía recibir hasta su cese.
Los jueces del TJUE están entre los mejor pagados de los jueces de la Unión Europea. Cobran una media de 250.000 euros anuales y cuentan un gran abanico de subsidios.
La británica ganó una primera batalla.
El juez del TGUE, Anthony Michael Collins (Irlanda) actuando en primera instancia, dictó un auto, el 4 de septiembre, suspendiendo temporalmente el nombramiento del sustituto de Sharpston, el griego Athanasios Rantos, previsto para dos días más tarde, el 6 de septiembre.
Sin embargo, dicho nombramiento solo se paralizó durante seis días.
La vicepresidenta del TJUE, la española Rosario Silva Lapuerta, examinó el recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Unión Europea, en el que argumentó que el acto impugnado por la abogada general del Reino Unido no había sido adoptado por el Consejo de la Unión Europea sino por los representantes de los estados miembros, de acuerdo con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Silva Lapuerta aceptó dicha argumentación, en su orden –equivalente a un auto en España–: «Se desprende claramente del propio texto del artículo 263 del TFUE que sólo los actos de las instituciones, órganos, oficinas y organismos de la Unión están sujetos a la revisión judicial que es ejercida por la Corte de Justicia sobre la base de esa disposición».
No así los representantes de los estados miembros que tomaron esa decisión.
Una argumentación que igualmente le sirvió para dejar sin efecto el auto del TGUE del juez Collins, «desestimando las solicitud de medidas provisionales en su totalidad».
En consecuencia, el griego Rantos juró su cargo sustituyendo a Sharpston el 10 de septiembre.
Al mediodía, el nombre y la foto de la británica fueron eliminados de la web del órgano judicial europeo.
Ese mismo día 10, Sharpston, a través de la web de su compatriota el abogado Joshua Rozenberg, titulada «A Lawyer Writes», contestó que ahí no se terminaba la batalla legal. Que seguiría recurriendo.
Sharpston y su equipo no se han marchado del TJUE, lo que induce a pensar que podría seguir en su despacho hasta que se resuelva. Teniendo en cuenta que el tiempo medio de tramitación en el TGUE es de 16,9 meses, para cuando se produzca, su mandato hará tiempo que se habrá cumplido.
Un choque de trenes en toda regla y sin precedentes en el corazón del TJUE. Lo nunca visto.
