El exministro está citado a declarar como investigado el 30 de octubre, y un día antes el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Foto: EP
Fernández Díaz recurre para dejar de ser investigado en ‘Kitchen’
Niega autenticidad a los mensajes con su 'número dos'
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02/10/2020 12:08
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Actualizado: 02/10/2020 12:45
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El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido para dejar de ser investigado en la pieza ‘Kitchen’ del ‘caso Tándem’, en la que se investiga el presunto uso fraudulento de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En su escrito, dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de Tándem, niega autenticidad a cuatro mensajes de texto que le implicarían en este asunto y que habría intercambiado con su ‘número dos’, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también investigado.
El juez reprodujo en el auto en el que citó como investigado a Fernández Díaz esos mensajes que supuestamente se habrían cruzado y que Martínez registró ante notario.
“Chófer B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, decía uno del 13 julio de 2013 atribuido al exministro, al que siguió otro que indicaba: “Es importante”. “La operación se hizo con éxito”, supuestamente decía en otro mensaje del 18 de octubre de ese año.
La defensa de Fernández Díaz, que ejerce el abogado Jesús Mandri, impugna el valor probatorio de las comunicaciones. Afirma que al haber sido aportadas a la causa mediante archivos de impresión, «se desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria», por lo que considera imprescindible la práctica de una prueba pericial que acredite la realidad de estas conversaciones.
En cualquier caso, el letrado señala que el exministro tiene una «absoluta disposición» a prestar declaración ante el magistrado, si bien en calidad de testigo, «pero no de investigado, pues de esta última derivan otras connotaciones y una estigmatización que en este caso no resulta justificada ni necesaria».
Defiende la «inexistencia absoluta de indicios incriminatorios» respecto su cliente, a quien la Fiscalía Anticorrupción imputa indiciariamente los delitos de prevaricación, descubrimiento, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Mandri afirma que el juicio de imputación a su cliente «no se sustenta en auténticos indicios racionales de criminalidad, sino en meras conjeturas», y más con una instrucción se supone que ya avanzada, que a juicio de esta parte exige un juicio de ponderación que «debe ser extremado» para evitar una investigación judicial prospectiva.
Sobre los mensajes con Francisco Martínez, el letrado insiste en que el exministro ni los envió ni los recibió, que solo constan impresos en dos actas notariales «que parece que se dan por buenos y se presume su autenticidad», siendo el resto de referencias a su cliente en el sumario «genéricas, vagas, imprecisas» y no sustentadas en elementos de los que pueda inferirse su participación en los hechos.
A ello se suma que los mensajes fueran borrados voluntariamente por el exsecretario de Estado tras sus comparecencia.
Sobre los apodos utilizados en sus conversaciones por Villarejo -como el de ‘Asturiano’, atribuido al expresidente Mariano Rajoy– la defensa de Fernandez Díaz recuerda que la propia Fiscalía apunta en un informe a diversas personas identificadas en la investigación con estos sobrenombres, ninguno de los cuales es su cliente.
«No aparece su nombre en el listado de personas identificadas durante la investigación de la operación Kitchen», por lo que no entiende cómo el magistrado instructor le considera «centro nuclear» de la operación investigada.
Para la defensa, además, el origen de la operación ‘Kitchen’ según se deduce de la propia investigación tiene que ver con documentación en poder de Bárcenas, pero «ni estuvo ni afectaba al Ministerio del Interior».
Señala que la gestión de los fondos reservados corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad por delegación del Ministerio del Interior, por lo que, al margen de conjeturas, «no existe causa o elemento» que permita concluir que Fernández Díaz estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos que fueron destinados, según la tesis de Fiscalía, a pagar a Ríos.
Niega también que su cliente tuviera que participar en la asignación al chófer de una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.
‘Kitchen’ es la pieza separada número 7 de la macrocausa Tándem, por la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
Se abrió a principios de noviembre de 2018 tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de ese supuesto operativo que buscaba entrar hasta ‘la cocina’ de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar.
El exministro está citado a declarar como investigado el próximo 30 de octubre.
Un día antes lo hará su ‘exnúmero dos’.
LA FISCALÍA TAMBIÉN HA PEDIDO QUE SE CITE COMO INVESTIGADOS A COSPEDAL Y SU MARIDO
La Fiscalía solicitaba la investigación de Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por supuestos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
En el auto en el que el magistrado cita como investigado a Fernández Díaz, dictado el pasado 18 de septiembre, el instructor explica que, en línea con lo solicitado por el fiscal, resulta “necesaria, útil y pertinente” la comparecencia del exministro del Interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.
García-Castellón señala que así se desprende de los audios registrados a Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación referida en su auto.
El magistrado considera “especialmente revelador” de la importancia de la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación, el pago a Sergio Ríos de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados procedente de Interior, lo que según el instructor, “evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo”.
También dice que resulta revelador la obtención por parte del chófer de la familia Bárcenas de una plaza como funcionario de Policía tras superar un proceso de oposición, “extremo que requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio”.
García Castellón entiende que antes de citar de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez, quien en su primera citación no quiso declarar, y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.
En su auto, García-Castellón señala que es evidente la existencia de un encargo efectuado a Villarejo “por personas vinculadas al Ministerio del Interior” y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.
Indica que del estudio de las grabaciones incautadas, se desprende que en el verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el local de la madrileña calle General Díez Porlier -un estudio de restauración de arte de la mujer de Bárcenas- donde se habría hallado un ‘zulo’ en el que se guardaría documentación del extesorero.
Apunta que esa documentación podría haber estado en poder de otro de los investigados en el caso, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Estos hechos, añade el juez, se habrían producido con el conocimiento del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
Además, señala que esa presunta operación parapolicial se realizó al margen de la que llevaba a cabo el grupo de la UDEF designado para las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, y que se sostuvo con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Indica que la documentación recabada en registros, permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador. Y también, gracias a la documentación desclasificada por el Gobierno, consta que García Castaño recibió entre julio de 2014 y mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo con cargo a los fondos reservados.
Tras explicar en el auto que quiere escuchar primero a Martínez para luego decidir sobre si llama a Cospedal y su marido, el juez destaca que “uno de los principales indicios en los que se sustenta la llamada al proceso como investigados de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, tal y como se desprende del informe del Fiscal, es su conexión con el también investigado Andrés López Gordo, inspector que estuvo prestando servicios de vigilancia personal” para ella.
“Al parecer Gómez Gordo fue quien pudo ayudar a Villarejo a aproximarse a Sergio Ríos tras haber fallado en el intento García Castaño”, señala el magistrado.
Añade que Gómez Gordo negó en sede judicial cualquier intervención de Cospedal y López Hierro en su acercamiento a Sergio Ríos.
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