«Cataluña lidera la estadística estatal de denuncias por ocupación ilegal de viviendas e inmuebles», señala el sector inmobiliario catalán, e insta a las autoridades públicas a que «actúen en defensa de la legalidad y de la protección del interés común».
Hacen este llamamiento el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida, el Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña y la Asociación de Promotores de Cataluña.
Estas entidades consideran que las corporaciones públicas representativas de los profesionales y de las empresas del sector inmobiliario «no pueden mantenerse impasibles ante los graves perjuicios que se están provocando a la propiedad, a las comunidades, a los vecinos ya la ciudadanía en general, por unos hechos cada vez más alarmantes».
Las entidades catalanas representativas que trabajan la vivienda y del sector inmobiliario han analizado los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge denuncias por ocupación ilegal, y «permiten un análisis más preciso de la evolución temporal y su incidencia en las Comunidades Autónomas más pobladas», para poner luz sobre esta problemática.
Concluyen que «Cataluña, que es de las tres comunidades más pobladas, es la que tiene una disminución del paro más importante hasta el 2019, en la que más crecen las ocupaciones».
Además, resaltan que en Cataluña se incrementan las ocupaciones casi un 70% mientras que en Madrid disminuyen casi un 12%.
Apuntan que «es evidente que en Cataluña la mejora de la situación económica y la reducción de la tasa de paro no han reducido el número de denuncias de ocupación ilegal, que sigue creciendo».
A su juicio, «la explicación se puede encontrar en el fomento de la ocupación ilegal por parte de algunos partidos y la mayor permisividad de las administraciones en Cataluña, ante las dificultades de alojamiento de las familias, y de medidas de políticas de vivienda demagógicas, poco eficaces y con pocos recursos presupuestarios».
Denuncian que «las administraciones han renunciado a cumplir el mandato constitucional del derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución), que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
Asimismo, indican que «el Decreto Ley 17/2019, traspasa a los propietarios de viviendas ocupadas esta responsabilidad, obligándolos a un alquiler social a largo plazo que no cubre en muchos casos los gastos de funcionamiento y mantenimiento, con la amenaza de multas coercitivas exorbitantes», y destacan que ningún otro país de la UE tiene una legislación que conlleva la legalización del empleo.
Recuerdan que este Decreto Ley ha sido declarado anticonstitucional y nulo en este aspecto y otros artículos por el Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia número 16/2021, y subrayan que esta resolución «constituye una oportunidad para una nueva reflexión sobre cómo abordar las situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda, con medidas de política de alojamiento eficaces y de acuerdo con el marco constitucional».
Las entidades catalanas citadas, que trabajan la vivienda y del sector inmobiliario, ofrecen su plena disposición para ello.
Destacan que a veces en la problemática de las okupaciones es noticia «la alarma y conflictividad que generan en la vida de las comunidades, la falta de asistencia de la Administración a las familias ante una reducción drástica de sus ingresos, la actuación de mafias que se lucran de las situaciones de necesidad», pero que «a veces se olvida el trastorno que suponen para los propietarios, así como por los residentes de las comunidades de propietarios, «tanto desde el punto de vista emocional como económico, los problemas de convivencia y seguridad».
Recientemente, PSOE, Podemos e independentistas han tumbado en el Congreso la Ley del PP contra la ‘okupación’, que plantea un desalojo inmediato para que «en menos de 12 horas, un okupa a la calle», recuperar el delito de usurpación con penas de prisión, prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los que ‘okupen’ un inmueble y permitir a las comunidades de vecinos que puedan intervenir y denunciar en caso de que el propietario esté ausente, para «no convertir a nuestro país en un paraíso ‘okupa’».
DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA UN MANUAL DE ‘OKUPACIÓN’
Por otra parte, estas entidades del sector inmobiliario catalán han presentado una denuncia ante la Fiscalía la elaboración de un manual de ‘okupación’.
Piden que averigüe e identifique a los responsables de la elaboración y publicación de un ‘Libro de Okupación’, difundido en la página web de la organización política juvenil RAS.
Según informan, el manual consta de 100 páginas con infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico para evitar el desempleo, y explica en detalle qué herramientas son necesarias para forzar una puerta, para hacer empalmes en el suministro eléctrico y para manipular los contadores de suministros.
Denuncian que este documento «incita con carácter público a la delincuencia y en la provocación de delitos de diferente índole, contemplados en el artículo 18 del Código Penal».
La organización juvenil separatista Arran, vinculada a la CUP, también ha creado y difundido un “manual de okupación”, donde enseña desde cómo “reventar una puerta” hasta cómo “enfrentarse a la Policía”.
Al anunciar la publicación, Arran defendió «la ocupación como herramienta para la emancipación juvenil en un momento donde el aumento del paro juvenil y los trabajos precarios hace que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda digna».
VOX presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arran por este manual, por supuesta «apología del delito», y ha sido archivada.
CATALUÑA CONCENTRA El 48% DE LAS ‘OKUPACIONES’, SEGUIDA A MUCHA DISTANCIA POR ANDALUCÍA, MADRID Y LA COMUNIDAD VALENCIANA
Cataluña concentra el 48% de los 11.793 casos de ocupación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el mes de septiembre de 2020 en el conjunto de España, seguida a mucha distancia por Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, según se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno al Grupo Parlamentario del PP.
El último dato conocido era el del primer semestre de 2020, que reflejaba un incremento del 5% sobre el mismo periodo del año anterior, al registrarse 7.450 denuncias en el conjunto de España.
El pasado mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron instrucciones internas para facilitar los desalojos inmediatos en los delitos relacionados con el allanamiento de viviendas.
Según los datos del ámbito de competencia del Ministerio del Interior, Cataluña sigue encabezando hasta septiembre la estadística con un total de 5.670 casos, de los que 4.119 se concentran en la provincia de Barcelona. En el primer semestre de 2020 el dato era de 3.611 hechos conocidos de ‘okupación’, un 13,2% más si se comparaba con el mismo periodo de 2019.
La Comunidad de Madrid mejora notablemente estas cifras al registrarse 1.024 hechos conocidos vinculados a la ‘okupación’, frente a los 1.801 casos de Andalucía -de los que 616 se concentran en la provincia de Sevilla- o los 969 casos de la Comunidad Valenciana -559 dentro de la provincia de Valencia-.
El resto de comunidades autónomas que concentran más hechos conocidos relacionados con la ‘okupación’ son Canarias (475), Castilla-La Mancha (467), Murcia (282), Baleares (239), País Vasco (175), Castilla y León (145) y Galicia (138).
Las que menos en números totales -sin tener en cuenta la población- son Extremadura (79), Navarra (69), Cantabria (41), Asturias (32), Ceuta (16), Melilla (12) y La Rioja (8).
El Gobierno explica en su respuesta por escrito que los datos reflejan la categoría de ocupación de inmuebles tanto por allanamiento de morada como por la usurpación, y que se incluye «todo tipo de inmuebles, residenciales o no, que, estando vacíos, han sido ocupados al constar estos datos agrupados en las correspondientes bases informáticas».
