El pulso por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vivido hoy un capítulo más. El Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cuyo objetivo, a propuesta del PP, era reforzar la independencia del CGPJ.
Esta decisión ha contado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, ERC, PDeCAT y Compromís, mientras que Vox, Ciudadanos y UPN han respaldado la propuesta del PP.
El órgano de gobierno presidido por Carlos Lesmes lleva en funciones desde diciembre 2018. El PP apuesta por una reforma del modelo de elección en la que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares.
Así, según consta en la Exposición de Motivos, de la proposición que hoy se ha tumbado en la Cámara Baja el grupo de Pablo Casado propone reformar la ley con el fin «de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa».
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido que su iniciativa «cuenta con el respaldo de todas las asociaciones judiciales, de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, que reclaman de forma unánime que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares».
Así, ha pedido «volver a la elección directa de los jueces, entendiendo que la renovación actual debe regirse por el sistema vigente, tal y como recoge la disposición transitoria primera, nuestro compromiso claro con la renovación inmediata del CGPJ».
También, ha añadido, que la proposición contempla la «prohibición de que los miembros de la Carrera Judicial que sean incapaces de recabar la confianza de sus pares puedan ser designados por la vía del turno de juristas».
Del mismo modo, «la prohibición de acceso al CGPJ de quienes han ejercido cargos políticos en los últimos diez años, también extender la exigencia de mayorías cualificadas en los nombramientos competencia del Consejo en los que no está previsto en estos momentos, la supresión del llamado magistrado autonómico».
En cuanto la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el PP plantea, entre otras medidas, impedir que se pueda proponer para el nombramiento del Fiscal General del Estado «a todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento».
En este sentido, ha recordado que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, apenas dos meses antes de su nombramiento estaba dando mítines políticos en favor del PSOE en la campaña electoral para las elecciones de 2019.
Frente a la postura de los ‘populares’, el PSOE defiende un acuerdo de renovación con la actual ley, debido a que el mandato ya está caducado, y posteriormente debatir sobre una posible reforma.
En la actualidad, la Constitución contempla que el CGPJ estará integrado por el presidente y 20 miembros, elegidos para un mandato de cinco años.
De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales -siguiendo lo fijado en la actual LOPJ-; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
«Llevan 36 meses en la oposición y 36 meses de bloqueo»
El diputado del PSOE José Luis Ramos Rodríguez ha criticado la postura del PP cuando está en la oposición. «Llevan 36 meses en la oposición y llevan 36 meses de bloqueo porque así entienden ustedes la oposición y el Estado de derecho. Depende de la bancada en la que me siente cumplo o no cumplo la ley y como no cumplo la ley, la cambiamos, esto es muy clásico en la derecha de este país: como no me gusta la ley, la cambio».
«Llevan 36 meses de veto primero a los partidos políticos -porque ustedes seleccionan a quien tiene que sentarse a dialogar-, después a los jueces y, por último, al propio sistema, ¿esa es la responsabilidad de un partido de Estado como vosotros?», ha afirmado.
El socialista ha pedido «normalidad democrática» que, a su juicio, es lo que piden los jueces y lo que pide Europa. Y esa normalidad, ha añadido, pasa por configurar los órganos constitucionales tal y como dice la Constitución y la ley.
También, dirigiéndose al Grupo Popular, ha preguntado qué es despolitizar, porque «cuando ustedes no gobiernan siempre hablan de despolitizar».
«Esto no es un guerra entre políticos y jueces, esta Cámara elige entre los jueces que proponen los jueces, no hagan más trampas», ha indicado.
Por su parte, el diputado de Vox José María Sánchez García se ha referido a la actuación de las asociaciones judiciales. En su opinión, «se han convertido en la mayor parte de sus actuaciones en una correa de transmisión de los partidos políticos».
Además, ha indicado que su actuación «sirve para situar en altos cargos de magistratura a sus propios miembros».
En este sentido, ha recordado que «no llega al 55% el número de jueces y magistrados afiliados a estas asociaciones por lo que todo indica el escaso entusiasmo que suscita en la judicatura española esta figura».
El representante de Vox ha considerado que la proposición de ley del PP «puede ser bienintencionada», pero la ha calificado de «insuficiente». Sobre ello, ha apostado por «desterrar la discrecionalidad» en los nombramientos de los altos cargos de la magistratura española.
En su intervención, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha calificado la actitud del PP de «cinismo» y ha afirmado que busca «colonizar la cúpula del Poder Judicial para controlar los puestos clave y desde ahí perseguir a sus adversarios políticos, pero sobre todo intentar garantizar la impunidad de sus crímenes de corrupción».
«La autentica amenaza a la independencia judicial es el PP», ha aseverado. «¿Se imaginan un gobierno en funciones que siguiera gobernando tres años después? Eso pasa hoy aquí con su chantaje que traen a votación, con condiciones cambiantes».
Se ha referido también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, «ahí también se niegan a renovar democráticamente estos órganos constitucionales».
Por último, ha recordado que «ya llevaban en el programa electoral del 2011 esa propuesta que traen hoy, ¿por qué no lo hicieron? Porque ustedes dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen la contraria cuando están en el Gobierno».
En este escenario, las asociaciones judiciales también mantienen dos posturas en cuanto al momento en el que debe materializarse la reforma.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) apuesta por desbloquear la renovación del CGPJ -pendiente desde hace casi tres años- y, posteriormente, estudiar la reforma del sistema de elección de vocales.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en la necesidad que abordar primero la reforma de la ley para cumplir con el estándar europeo, «según el cual al menos la mitad de sus miembros deben ser jueces elegidos democráticamente por los jueces».
Las cuatro asociaciones, en un comunicado conjunto que publicaron ayer tras su reunión con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, recuerdan que sus discrepancias «no impiden que el compromiso de las asociaciones judiciales con la sociedad española se mantenga firme y ajeno a debates estrictamente políticos, cuyo ámbito de resolución es otro».
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