«La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catañuña de 16 de diciembre de 2020 que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano, sigue sin aplicarse dos meses después de que sea firme y obligatoria», denuncia la plataforma Escuela de Todos.
Hoy vence el plazo, tras el cual se podrá exigir a la Consejería de Educación de la Generalitat que aplique el fallo judicial del pasado diciembre. Esta plataforma, integrada por asociaciones en defensa del bilingüismo, instará a la ejecución forzosa para que «en el plazo más breve posible todos los alumnos catalanes reciban la enseñanza a la que constitucionalmente tienen derecho», según ha anunció ayer en un comunicado.
La próxima semana presentará una demanda colectiva, con 1.500 firmas, para que se cumpla el 25% de castellano en las escuelas catalanas. A esta demanda se sumará otra que presentará a título particular la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, la asociación que ha representado a la familia de Canet de Mar (Barcelona) ante los tribunales.
Por otra parte, Escuela de Todos destaca en su comunicado que la Proposición de Ley presentada ayer por el PSC, ERC y Junts, en caso de que se convierta finalmente en ley, «no elimina la necesidad de que se ejecute la sentencia de diciembre de 2020, pues solamente la impartición efectiva de, al menos, una cuarta parte de la docencia en castellano a todos los alumnos catalanes da satisfacción a la misma».
Así, hace hincapié en que «ninguna modificación legislativa puede sustituir al cumplimiento efectivo de la sentencia que ya lleva dos meses de retraso. Esta “proposición de última hora” tampoco».
Desde Escuela de Todos exigen a la Generalitat que dé explicaciones del retraso en el acatamiento de esta sentencia e instan a todas las formaciones políticas a buscar una regulación de consenso en materia educativa que pueda ser «punto de encuentro de los catalanes, un punto de encuentro que pasa por el pleno reconocimiento del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje, junto con el catalán y el aranés, en las escuelas e institutos de Cataluña».
Asociaciones que defienden el fin de la inmersión se articularon el pasado 16 de diciembre en la plataforma ‘Escuela de Todos-Escola de tothom’ para hacer efectiva esta sentencia del 25%, pues sostienen que «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat y la inacción del Gobierno de España», solo los ciudadanos pueden conseguir el fin de la inmersión.
Está integrada por 15 asociaciones catalanas: la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC), S’ha Acabat, Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, AMES, Cataluña por España, Plataforma La Silenciosa, CTAC, Segadors del Maresme, Alternativa Ciudadana Progresista, +Con la libertad y Asiec.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, denunció el pasado 7 de febrero en el Parlamento Europeo «la angustia por la desprotección, discriminación y acoso que sufren menores y sus familias en Cataluña». También informó a la Coordinadora de Derechos del niño y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo de la situación en Cataluña.
A petición de Losada, el Parlamento Europeo también requerirá al Gobierno de España y a la Generalitat al cumplimiento de esta sentencia.
