La Fiscalía reclama 8 años y medio de cárcel para un joven que agredió a un enfermero en el Metro porque le dijo que se pusiera bien la mascarilla
Además, pide que indemnice a la víctima con 80.383,69 euros, puesto que como consecuencia del ataque perdió la visión del ojo derecho
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24/2/2023 10:49
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Actualizado: 24/2/2023 12:14
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La Fiscalía Provincial de Madrid pide ocho años y medio de prisión para un joven acusado de agredir en el Metro de Madrid a un enfermero, del Hospital 12 de Octubre, porque le requirió en varias ocasiones que se pusiera bien la mascarilla, obligatoria entonces en el transporte público por la pandemia.
El acusado, J. C. L. C, es colombiano, de 21 años, y está en situación irregular en España. Tiene antecedentes por varios robos y hurtos al descuido, delitos contra el patrimonio y una reclamación judicial en Baleares.
Los hechos fueron grabados por los testigos y difundidos a través de redes sociales.
La Fiscalía le imputa un delito de lesiones (pérdida de un órgano principal), previsto y penado en el artículo 149.1 del Código Penal.
Además de la pena de cárcel, reclama que indemnice a la víctima con 80.383,69 euros, puesto que perdió la visión del ojo derecho.
En concreto, 12.900 euros por las lesiones oculares causadas (a razón de 100 euros por cada uno de los 129 días impeditivos); 48.519,84 euros por las secuelas oculares; y 18.963,852 euros por el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas en grado ligero.
El juicio está señalado para el próximo lunes, 27 de febrero, en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª).
LOS HECHOS
Según relata el representante del Ministerio en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas del 13 de julio de 2021, cuando el acusado viajaba en un vagón del metro de la línea 1, en el trayecto comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Alto del Arenal.
En un momento dado, otro pasajero, G. M. C., enfermero de profesión, le requirió en varias ocasiones para que se colocara “correctamente” la mascarilla, dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir nariz y boca.
Otros pasajeros se unieron a la protesta, pese a lo cual el acusado se negó “reiteradamente” a ponerse la mascarilla de manera correcta.
La Fiscalía explica que fue el propio enfermero quien lo hizo, por lo que comenzó entre ambos una discusión en la que se lanzaron mutuamente patadas y puñetazos hasta que fueron separados por otros usuarios sin consecuencias lesivas para ninguno de ellos.
Segundos después, una vez que el vagón se detuvo en la parada de metro Alto del Arenal y antes de salir de su interior, el acusado, “con ánimo de menoscabar la integridad física” de G. M. C., le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano, gritándole «gilipollas, ojalá te mueras», relata la Fiscalía.
A continuación, huyó del lugar.
A consecuencia de los hechos, la víctima perdió la visibilidad del ojo derecho y las secuelas oculares que presenta le suponen «un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado ligero”.
EN PRISIÓN PROVISIONAL
El acusado fue detenido días después, el 19 de julio, y se encuentra en prisión provisional desde el 21 de julio de 2021, como solicitó la Fiscalía en base a que es de otra nacionalidad, se encuentra en situación irregular y en que pudiera eludir la acción de la justicia.
El Ministerio Público señala que este “no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España” y que tampoco consta “la existencia de razón alguna que justifique su permanencia” en este país.
La detención tuvo lugar en el barrio de Villaverde, cuando el joven se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales con el objetivo probable de ocultarse en otro lugar, según informó entonces la Policía Nacional.
Indicó que para intentar eludir su arresto, el presunto agresor se había cambiado el color de pelo e incluso ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido.
Además de la pena de cárcel y la indemnización, la Fiscalía reclama la prohibición de que el acusado pueda acercarse a la víctima, a su domicilio, y a su lugar de trabajo, a una distancia no inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio por un plazo de 9 años.
También interesa «el cumplimiento de la pena en España, procediendo a sustituir la ejecución de la pena restante por la expulsión del territorio español una vez cumplidas las 3⁄4 partes de la condena, progrese al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, con la prohibición de regresar a España por un período de 10 años».
Y solicita que la clasificación en el tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
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