Hacer creer que una persona puede conseguir un puesto de trabajo en la Administración presumiendo de tener “influencias” y pedir dinero a cambio te puede llevar a la cárcel por un delito de estafa.
Pero si, además, para convencer a tus víctimas utilizas papeles falsos sellados por el organismo, tu condena puede aumentar porque también habrás cometido un delito de falsedad de documento público.
Las protagonistas del caso son Milagros -con antecedentes penales por una condena en 1998 por estafa y otra en 2003 por falsear documentos- y Margarita, sin antecedentes (nombres ficticios).
Ambas querían embolsarse un dinero extra engañando a la gente y, aprovechando que habían trabajado para el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) -Milagros como auxiliar de hospital y Margarita como personal de lavandería y pinche de cocina- comenzaron a estudiar su plan.
Captaban a sus víctimas en una cafetería
Entre 2010 y 2011 ambas acudían asiduamente a una cafetería situada en el área de descanso de una carretera para acechar a sus víctimas. Milagros se hacía pasar por una alta directiva del SERGAS y Margarita como su secretaria.
De modo que, con ese papel, se ganaron la confianza de tres personas que se encontraban en el Área de Servicio. Les dijeron que tenían contactos e influencias en la contratación del SERGAS y les hicieron creer que podrían conseguir un puesto de trabajo en la administración sanitaria autonómica si previamente les pagan unas cantidades de dinero.
Para dar cierta veracidad a su relato, les invitaron a realizar un curso de informática y les requirieron una copia del DNI, su vida laboral y su currículum vitae. Tras varias reuniones, lograron convencerles y se lucraron de un total de 52.500 euros.
Comenzaron las sospechas del empleo
A largo de 2011, como las contrataciones no se producían, los perjudicados les dijeron que iban a denunciar los hechos. Para tranquilizarlos, Milagros les devolvió una pequeña cantidad de dinero y les envió correos electrónicos falsos donde les comunicaban que debían asistir a firmar el contrato laboral.
Dichos emails iban acompañados de un sello del SERGAS que era falso porque así lo certificó tanto la Administración como Xunta de Galicia.
Tras ser “cazadas”, Milagros fue condenada por la Audiencia Provincial de A Coruña por un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento público a tres años y medio de cárcel, a una multa de 1.800 euros y a Margarita un año y 9 meses de prisión por estafa.
Además, ambas tendrían que indemnizar con 47.500 euros a los perjudicados. Al no estar conforme con la sentencia, de la mano de sus abogados recurrieron ante el Tribunal Supremo.
Esta sentencia, que es la 236/2018 de 22 de mayo de 2018, ha sido analizada por el exmagistrado y abogado especialista en penal económico del despacho Kepler-Karst, Eduardo de Urbano, en su libro “Derecho penal económico: 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo”.
Las defensas dijeron que no había estafa porque el engaño era «burdo y grosero»
El abogado de las acusadas planteó que la estafa no existía cuando el engaño era tan burdo y grosero que realmente no cabía que engañase a nadie.
Pero hubo una «puesta en escena» que se calificó de «convincente». Y es que ambas consiguieron vencer la voluntad de los perjudicados aprovechando la necesidad que tienen hoy en día muchas personas para encontrar un trabajo que garantice la seguridad profesional que tiene el empleo en el sector público.
Y que para ello se utilicen unas supuestas «influencias», se les pida dinero e, incluso, un curso de informática, «es algo que entra en una cierta corrupción». Por lo que los magistrados del Alto Tribunal decidieron confirmar la condena íntegramente.
Cuando existe una «puesta en escena»que produce el resultado defraudatorio perseguido, puede considerarse que existió «engaño bastante» como para considerarlo estafa.
