Cada vez son más las personas que se someten a una cirugía estética para mejorar un aspecto concreto de su físico, pero una negligencia médica puede traer consecuencias fatales a una persona que, antes de entrar en quirófano, estaba completamente sana. Carmen Flores, presidenta de ‘El Defensor del Paciente’, ha explicado que, en 2022, la Asociación recibió 282 denuncias relacionadas con este asunto.
Quién no recuerda el caso de la joven Sara Gómez, de 39 años, una mujer que murió a causa de las secuelas que sufrió durante una intervención estética consistente en sacarle grasa abdominal para transferírsela a los glúteos.
La operación fue llevada a cabo por un cirujano cardiovascular que no tenía la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. La joven murciana acabó falleciendo a principios de 2022.
Familiares de Sara Gómez, la mujer fallecida tras una lipoescultura en los Juzgados de Cartagena. Foto: EP
Y es que, «los vacíos legales que hay en la cirugía estética son enormes», ha señalado la presidenta. Por ejemplo, lo citado anteriormente, que un médico de cualquier especialidad pueda hacer un curso de cirugía estética y ejercer, algo que, en palabras de Flores, «es un peligro».
Otro de los riesgos que ha querido resaltar la presidenta son los anuncios publicitarios tanto en televisión como en los medios de comunicación, pues estos incitan a gente joven a operarse cuando realmente están sanos y no lo necesitan.
Además, la mayoría de las clínicas que se anuncian ofrecen sus operaciones a un coste muy bajo, y, cuando se trata de un asunto de este calibre, «no hay que escatimar en el dinero», ha señalado la presidenta.
Los quirófanos alquilados
Pero también existe otro problema, que es cuando un cirujano decide no operar en su centro y alquila un quirófano.
Y es que si hay algún tipo de complicación, estas clínicas privadas en las que se alquilan los quirófanos no tienen medios suficientes para atender la urgencia, por lo que tienen que trasladar a la paciente a un hospital público para ingresarla en la UCI.
Por ejemplo, en el caso de Sara Gómez, el cirujano alquiló un quirófano de la clínica Virgen de la Caridad, situada en Cartagena. Pero este centro «no estaba en condiciones para realizar este tipo de intervenciones», ha señalado Flores.
“Estas situaciones tienen que cambiarse con la ley en la mano porque se ponen en peligro a las personas que van a hacerse una intervención”.
El consentimiento informado
En palabras a Confilegal, la presidenta de ‘El Defensor del Paciente’ ha relatado que otro de los problemas que surgen cuando hay negligencias médicas es que los pacientes han firmado el consentimiento informado porque a la hora de denunciar complica las cosas.
El consentimiento informado es el documento por el que se pone por escrito todas las consecuencias a las que una persona se puede enfrentar a la hora de operarse, «pero como tienen tantas ganas de hacerlo, apenas lo leen, no lo piensan y realmente no saben lo que firman».
Por lo que desde la Asociación han solicitado que este consentimiento sea grabado, es decir, que el médico les diga de palabra los beneficios e inconvenientes reales de la cirugía y que tengan una copia de ello tanto el cirujano como la paciente. Ya que «todo lo que sea escrito es jugar con el deseo y las ganas de estar mejor».
A veces no te explican que si, por ejemplo, te pones vitaminas, «lo tendrás que hacer ya toda tu vida cada seis meses porque si no te vas a quedar peor de lo que estabas antes».
Sobre las indemnizaciones
La presidenta ha señalado que hace muy poco pidieron tanto al Ministerio de Justicia como al de Sanidad que se tuviesen más en cuenta el asunto de las indemnizaciones porque las que actualmente se están dando son «ridículas e insultantes».
Por ejemplo, han llegado a indemnizar sólo con 12.000 euros a los familiares de un paciente fallecido. «Tiene que ser una cantidad ejemplar para que esto no pase». Pero al fin y al cabo, «el que decide es el juez». Los abogados piden una cantidad pero es él quien tiene la última palabra.
Y este tipo asuntos no suele llegar nunca a la vía penal. La presidenta sólo ha recordado uno, pero al final no terminó en nada. «Como mucho inhabilitación, pero si los cirujanos son inhabilitados en la pública, no lo están en la privada, por lo que pueden ejercer».
«La ley tiene que recoger que eso no se puede hacer», ha con concluido.
