Tras un acuerdo de conformidad ha indemnizado a la dueña de la clínica con 15.000 euros.
Condenada a prisión una auxiliar por quedarse con dinero de la clínica dental en la que trabajaba
Sustrajo pagos de clientes por un total de 27.000 euros
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04/8/2023 06:30
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Actualizado: 05/8/2023 10:45
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La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 21 meses de cárcel a una auxiliar de clínica, Encarnación Díaz López, que se quedaba con dinero del centro odontológico en el que trabajaba.
Esta empleada, nacida en 1986, sustrajo pagos de cerca de un centenar de clientes, que ascienden a un total de 27.000 euros.
Ha sido sentenciada por un delito continuado de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 253.1 y 74 del Código Penal.
Además e la pena de cárcel, se le ha impuesto que indemnice a la dueña de la clínica con 15.000 euros, así como el pago de las costas.
La resolución ya es firme.
Se enfrentaba a una petición de pena de 3 años de cárcel, pero alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular que la libra de prisión, ya que no tiene antecedentes penales.
La sentencia, dictada el pasado 13 de junio (202/2023), la firman los magistrados Carlos Domínguez Domínguez (presidente), Esteban Solaz Solaz (ponente) y Raquel Alcácer Mateu, de la Sección Primera.
La resolución reflejaba la obligación de que abonase 2.000 euros en el plazo de 20 días desde la fecha del fallo y los otros 13.000 en un plazo de dos años, de forma fraccionada.
Sin embargo, ya ha abonado la totalidad.
La acusación particular ha estado asistida por el abogado Javier Gómez Boluda, y la defensa por el letrado Carlos Miguel Santamaría Monfort.
«Al final, estamos contentos porque hemos conseguido acabar ya con esta pesadilla, aunque haya tenido que ser a costa de renunciar a parte del dinero sustraído». Así lo declara a Confilegal el abogado de la denunciante, Javier Gómez, socio fundador de la firma Pi & Boluda Abogados y Fiscalistas, de Castellón y con servicio a nivel nacional, ya que son miembros fundadores de Red Abafi Abogados y Economistas.
Señala que fue una instrucción «muy difícil». Según informa, han pasado por tres jueces instructores y «cuando esta parte pedía diligencias, se le ponían muchas pegas».
Para su clienta, el descubrir los hechos supuso un duro golpe, «porque confiaba plenamente en su trabajadora».
LOS HECHOS
La propietaria de la clínica odontológica presentó una denuncia contra esta exempleada en junio de 2018. Anteriormente había acudido a la vía civil.
La despidió en diciembre de 2017 debido a estas irregularidades contables acaecidas entre el 7 de enero y el 4 de diciembre de 2017, tras haber trabajado casi diez años en el centro como auxiliar de clínica y gestión de cobros.
Desde enero de 2017, la denunciante empezó a comprobar descuadres en la contabilidad.
Las cantidades entregadas en efectivo, la condenada las hacía constar en tarjeta, pudiendo quedarse parte de los importes que se cobraban en metálico a los pacientes.
Entre otras tretas, los viernes, previendo la ausencia de la denunciante, «aprovechaba para hacer algún tratamiento, como limpiezas bucales, que no anotaba siempre, o bien cobraba cantidades de manera directa sin dar cuenta ni dejar rastro en la contabilidad».
Determinados pacientes que no podían abonar los tratamientos completos, iban dando dinero a cuenta que no aparecía reflejado en la contabilidad, «llegándoles a hacer, sin embargo, recibos con una firma o visto similar al de la odontóloga».
Algunos de los clientes informaron a la propietaria que habían abonado el total de los tratamientos o servicios, conservando algunos los recibos y otros no, pese a haber finalizado sus pagos.
Así, la condenada pudo quedarse con cantidades satisfechas por los clientes, no registradas en los archivos o soportes telemáticos.
En algunas ocasiones, decía a los clientes que sacasen dinero en metálico porque el TPV para pagar con tarjeta no funcionaba, mientras que otras veces cobraba por servicios odontológicos cantidades superiores a su coste, apropiándose de la diferencia.
A través de este ‘modus operandi’ la denunciante llegó a detectar irregularidades en más de 86 pacientes, un número que fue ampliado posteriormente.
En la mayoría de los casos, la condenada cobraba una cantidad superior por el servicio, de la que se quedaba una cantidad, anotando otra.
La suma de las cantidades apropiadas de esta manera asciende a 27.037 euros.
La auxiliar firmó carta de despido disciplinario y el finiquito el 4 de diciembre de 2017, consintiendo ambas, y reconociendo que determinados descuadres filiados en la carta de despido que sumaban 1.100 euros eran «consecuencia directa de la apropiación de dinero que de forma habitual se realiza por la citada trabajadora».
Tras el despido, la propietaria de la clínica comprobó que clientes que manifestaban haber pagado figuraban debiendo dinero, y que había financiaciones que se habían realizado por la propia voluntad de la empleada sin conocimiento de ella, aumentando de manera notoria los ingresos del negocio.
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