También hace hincapié en que la Administración de Justicia va camino del colapso total y nadie hace nada.
Fernando Portillo (FJI): “Las costuras del sistema no van a aguantarlo todo”
El presidente de Foro Judicial Independiente destaca que estamos en manos de políticos sin altura de miras, ni sentido de Estado, ni de la responsabilidad
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30/9/2023 00:45
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Actualizado: 29/9/2023 22:56
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Fernando Portillo Rodrigo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España.
Es magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Melilla, donde sirve desde 2010, y decano de los jueces de Melilla, desde 2016.
Es el juez tuitero “Judge the Zipper”, y autor del libro ‘Destripando el Derecho’ (La Esfera de los Libros).
Según Pedro Sánchez, una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una “judicialización”. ¿Qué opina de estas palabras del presidente?
Pretender echar la culpa a los tribunales diciendo que se está “judicializando” un conflicto político, como si los jueces fuéramos los culpables de perseguir los delitos es tanto como defender que los políticos son una casta aparte a la que no se le le debe aplicar la ley penal.
En un estado democrático de derecho rigen las mismas reglas del juego para la clase política que para el resto de los ciudadanos.
Esas palabras suponen la voluntad de invertir las bases del Estado de derecho democrático. Que los delitos sean perseguidos a voluntad del Gobierno.
Efectivamente, por intereses políticos.
Si se judicializó -como dice Pedro Sánchez- un conflicto o un problema político fue porque esos políticos traspasaron la línea del delito. Decidieron, para sus fines políticos, infringir el Código Penal.
Lo político no lo aguanta todo como adjetivo, evidentemente.
Los políticos tienen todas las herramientas para defender sus legítimos fines políticos, salvo la comisión de delitos. Y una vez se cometen delitos los tribunales no pueden mirar a otro lado.
Desde miembros de este Gobierno se ha atacado a los jueces con retórica deslegitimadora. Recordemos también los indultos a los condenados por el ‘procés’, la derogación de la sedición, la modificación de la malversación. ¿Está en peligro el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho no pasa por sus mejores momentos.
A la consabida fagocitación por parte del poder político de las instituciones de control del poder político, como es el Consejo General del Poder Judicial para intentar controlar la cúpula del Poder Judicial; el Tribunal de Cuentas; el Defensor del Pueblo; el Tribunal Constitucional; la Fiscalía General del Estado, que viene produciéndose hace ya unos años, hay que añadir discursos de responsables públicos deslegitimando la aplicación de las leyes por los tribunales, poniendo en duda la legitimidad democrática del Poder Judicial.
No se limitan sólo criticar la resolución judicial, que es algo legítimo y necesario en una democracia, sino que por meros intereses partidistas atacan o bien personalmente al magistrado o deslegitiman con su discurso la totalidad del Poder Judicial.
El mensaje que transmite eso a la sociedad es que cada cuatro años votamos y los que salen elegidos pueden hacer lo que quieran porque les hemos votado. Una concepción absolutamente equivocada de lo que es la democracia y que está alejada totalmente de lo que es el Estado de Derecho, que supone el imperio de la ley, también para la clase política.
¿Qué consecuencias tendría aprobar una ley de amnistía?
Mi asociación FJI no ha adoptado una postura oficial al respecto, pero en mi opinión particular supondría una medida totalmente excepcional en democracia, dado que borrará los delitos cometidos por una élite política, desdiciendo a todo el aparato estatal (poder judicial, ejecutivo y legislativo) puesto en marcha por aquel entonces.
Supondría una colleja muy importante y severa al Estado de Derecho, porque sería reconocer que en plena democracia, en pleno siglo XXI, el Estado español, las instituciones, no actuaron de forma legítima, porque esas conductas no son delito.
Y me refiero al poder ejecutivo, cuando dispuso que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dieran cumplimiento a las resoluciones judiciales; al poder judicial, que fue que juzgó los delitos que se cometieron y finalmente llegó a la conclusión de que había que condenarlos. Y al poder legislativo, que fue quien adoptó las medidas del 155 en el Congreso y Senado.
Todo ese aparataje del Estado -que se supone un Estado democrático y de Derecho, al menos en la forma-, en mi opinión, estaría deslegitimado con la ley de amnistía, y supondría que todo eso se hizo sin tenerse que haber hecho.
El mensaje que se transmitiría con una ley de amnistía al exterior es que en España no funcionamos como un país enteramente democrático, puesto que es necesario borrar delitos a personas concretas para corregir esa disfunción.
“El mensaje que transmitiría al exterior la ley de amnistía es que en España no funcionamos como un país enteramente democrático”
La amnistía y el referéndum son dos aberraciones inconstitucionales…
En mi opinión personal, creo que jurídicamente no es posible con el marco de la Constitución, porque supone borrado de delitos, pero lo hace no con carácter general, sino con carácter particular para unas personas concretas y determinadas, lo que está atentando claramente contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que está en la Constitución española, y contra la separación de poderes, que también dimana de la Carta Magna.
Si se aprobase, sería el Tribunal Constitucional quien tendría que pronunciarse de forma definitiva y legítima sobre esta constitucionalidad o no.
En cuanto al indulto, está previsto en la Constitución española. Es una medida válida cuando el Gobierno decide hacer uso de ella; uso, además, que puede hacer de forma discrecional, porque la ley del siglo XIX que tenemos reguladora del indulto lo permite, por lo que poco más podemos decir nosotros.
Desde mi asociación siempre hemos criticado el indulto, por ser una figura propia de monarquías absolutistas y alejadas, por tanto, del orden constitucional actual.
Tiene sentido si se aplica de forma muy excepcional y muy motivadamente, pero los años que llevamos con esta figura en democracia han demostrado que ni es una figura realmente excepcional, porque se aplica más de una vez al día a largo de todo el año, ni tampoco es motivada.
No como debiera serlo. No recoge las exigencias de utilidad pública que exige la propia ley y hace que haya muchas veces un divorcio entre lo que la sociedad entiende que debería ser perdonado y lo que los políticos quieren perdonar.
Eso transmite a su vez la sensación de que el indulto es una figura a través de la cual los partidos políticos consiguen la impunidad de las personas que ellos quieren, bien por cercanía política o por otros intereses de clase que no son los que corresponderían a un indulto.
¿No ven que a los independentistas no se les puede amnistiar porque son insaciables?
Parece que se hace por siete votos. Semejante revolcón al Estado de Derecho entonces no parece justificado, pero estamos desde hace mucho tiempo en manos de políticos que no tienen altura de miras, ni sentido de Estado ni de la responsabilidad.
Cada vez se pierden más las formas y se va más lejos. Y las costuras del sistema no van a aguantarlo todo.
Cambiado de asunto, ¿se ha convertido la aplicación del Código Penal y los delitos contra la libertad sexual en algo ideológico?
En ese tema se ha hecho mucha bandera ideológica queriendo hacer ver que había un problema de concepción ideológica en la regulación de los delitos contra la libertad sexual, cuando realmente no la había.
Todos estamos absolutamente de acuerdo de que las relaciones sexuales que se realizan sin consentimiento una de las dos partes son delitos, como lo llevan haciendo décadas en el ordenamiento jurídico. El consentimiento siempre ha estado en el centro de los delitos contra libertad sexual, que son llamados precisamente contra la libertad sexual porque son delitos donde se acomete la libertad (el consentimiento) de alguien de decidir con quién tiene relaciones sexuales.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, fundamentalmente a partir de los hechos de la sentencia de ‘La Manada’, el tema se ha ideologizado, confundiendo que era un problema de concepto del Código Penal y que había que cambiar el Código Penal cuando nunca fue un problema realmente de conceptos, sino de prueba.
¿Es una ley mala?
Es una ley falsa, porque no hace nada de lo que dicen sus responsables que hace.
Sus impulsores dicen que la ley pone por primera vez el consentimiento en el centro, y no es cierto, insisto, lleva siendo así desde hace decenios.
Desde los años 80, los delitos se llaman específicamente contra la libertad sexual, porque el consentimiento, la libertad, está en el centro.
Y tampoco invierte la carga de la prueba. Los autores de la ley dan a entender que ahora para la mujer es más fácil ir al juzgado y que se la crea, cuando eso no ha cambiado en absoluto, como no puede ser de otro modo, porque supondría alterar las reglas de la carga de la prueba y atentar contra la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de la Constitución y un derecho humano reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
«La ley del sólo sí es sí es una ‘Fake law’ -ley falsa-”
La presunción de inocencia es una conquista de nuestra civilización: el derecho de que sólo puede ser condenado cuando no exista duda.
El problema que se plantea con los delitos sexuales que se producen en el ámbito muchas veces privado es la dificultad de prueba. Eso no significa que no se condene, todas las semanas hay varias condenas por delitos sexuales en los juzgados españoles, pero evidentemente no se condenan todos las denuncias, puesto que hay que probarlas.
Por eso siempre digo que es una ‘Fake Law’, porque no hace nada de lo que dicen que hace.
Lo que ha hecho ha sido fundirlo todo en un único término. Ya no hay abuso y agresión, ahora solo estamos ante agresión, pero es una cuestión meramente terminológica. Ha reducido algunas penas, ha ampliado otras y ha dado una definición de consentimiento sexual que no añade ni quita nada a lo que todos sabemos ya que es el consentimiento. Es poner por escrito lo obvio.
¿La Administración de Justicia va camino del colapso total?
Sí. Está muy cerca de colapsar. Desde hace muchos años venimos advirtiendo de que la justicia está sobrecargada.
“La Administración de Justicia va camino del colapso total y ningún Gobierno hace nada”
Hay demasiados pleitos para tan pocos jueces y el resultado es la sobrecarga de los juzgados, que produce como efecto en primer lugar, el retraso de los tribunales en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y una justicia tardía no es una justicia.
En segundo lugar, la sobrecarga produce una justicia de peor calidad. Porque los jueces tratan de sacar el montón que tienen y no pueden tener el tiempo de reflexión necesario, con lo cual aumentan las posibilidades de fallos judiciales.
Y en tercer lugar, esto afecta a la salud de los propios jueces, que tenemos que atender con numeroso estrés y ansiedad esta sobrecarga de trabajo, tratando de estudiar los asuntos con la necesaria tranquilidad para poder dar respuesta adecuada, pero tampoco podemos porque tenemos muchos asuntos empujando y al final eso crea desmotivación y afectación a la salud.
Como digo, llevamos muchos denunciando esta situación.
¿Y el poder político no hace nada?
Los diferentes gobiernos nunca se han tomado en serio el problema de la justicia, nunca han visto que el problema es que no hay suficientes jueces.
«Los diferentes gobiernos nunca se han tomado en serio el problema de la justicia, nunca han visto que el problema es que no hay suficientes jueces”
Cada vez que se ha invertido en justicia -y en ocasiones no se ha invertido poco- ha sido para atajar otras cuestiones que no atañen al problema específico.
Es como si yo para hacer correr un coche cuyo motor no funciona bien, me dedico a repararle la lunas, a ponerle llantas nuevas, pintarlo de otro color; en fin, una serie de inversiones que no hacen que el coche corra. Y eso es lo que está pasando con la Justicia.
En Foro Judicial Independiente hemos calculado que más de mil jueces pueden jubilarse en los próximos tres años. Y hay un estudio de otra asociación que indica que dentro de ocho años puede que se haya jubilado un tercio de la carrera judicial.
«En Foro Judicial Independiente hemos calculado que más de mil jueces pueden jubilarse en los próximos tres años»
Pero no hay ningún plan…
No, y el problema es que ya llegamos tarde incluso para diseñar un plan. Ya estamos muy mal, pero es que vamos a estar peor…
Los Juzgados de lo Social de Sevilla ya están señalando juicios para abril de 2027, denuncia un abogado. Y puede haber otra huelga de LAJS y de funcionarios…
Las huelga son muy legítimas para reclamar las mejoras de condiciones profesionales, pero sus consecuencias afectan al funcionamiento ordinario de los tribunales y producen más retraso.
Esto es un problema estructural que conocen los políticos, pero no le quieren poner remedio. Si a esto se suman las jubilaciones y la huelga por el maltrato al funcionario de Justicia, la Administración de Justicia está al borde de un colapso.
Y ya llegamos tarde para hacer un plan.
El otro día señalaba Feijóo en el debate de investidura la necesidad de crear mil plazas de jueces en los cinco años siguientes. Sería una buena noticia que se acometiese, sería el principio de poner remedio a esta situación, pero la pena es escucharlo de la oposición y nunca de quien está en el Gobierno, sea cual sea el partido que en cada momento ocupe uno u otro lugar.
¿Y qué dice de la limitación del plazo de instrucción general sin dotación de más medios? Varios presuntos delitos de corrupción política han quedado sin juzgar por esto.
La modificación del artículo 324 de la LECrim fue un craso error, fue como querer acabar con las lista de espera de la sanidad pública diciendo que no ponían durar más de dos meses, sin poner más medios, más médicos ni más centros de salud.
En vez de acelerar la fase de investigación de los delitos dando más medios, nos dijeron exactamente lo mismo: que las colas no podían durar más de x meses. Eso fue terreno abonado para que se produzca lo que se está produciendo.
Impunidad.
Impunidad. Sobreseimiento y archivos en falso de actuaciones, porque se agota o no se pide la renovación de los plazos de ejecución.
Se acordó en 2015, pero después no ha sido corregido.
El Gobierno PP la estableció y el gobierno PSOE-Podemos incumplió su promesa de derogarla…
¿Quién va a querer derogar una norma jurídica que puede garantizar la impunidad en los delitos complejos?
Al «robagallinas» siempre lo vamos a poder pillar, porque sus diligencias de investigación son sencillas, no requieren de gran complejidad.
Pero las instrucciones y las investigación de los delitos que pueden cometer los funcionarios en el ejercicio de su cargo o los políticos en el ejercicio de sus funciones son complejas. Los delitos “de cuello blanco” requieren de grandes dosis de investigación, de examen de documental, de informes periciales, de muchas declaraciones, de estudiar mucho el asunto… Son más difíciles de investigar y son los que están más abonados a esta posibilidad de archivos en falso.
Denuncia que la modificación del artículo 324 de la LECrim fue un craso error, y que los políticos no quieren derogar esa norma jurídica que puede garantizar la impunidad en los delitos “de cuello blanco”
¿La mayor garantía de que el político no se convierta en tirano es el Poder Judicial?
Es el poder judicial, entre ellos. Pero también hay otros órganos constitucionales que tratan precisamente de buscar el equilibrio de poderes.
Lo que no podemos hacer es cada cuatro años convertir a la clase política vencedora en un pequeño dictador, donde pueda hacerlo todo bajo la legitimación de que ya le han votado y que, por tanto, puede hacer lo que quiera. No es así.
Existen el Poder Judicial, que es el que va a velar porque las leyes se cumplan por todos, también por la clase política. Va a corregir los desafueros y los excesos de esa clase política cuando en su ejercicio legítimo de su función política infrinjan la ley.
“Actualmente, sólo queda como salvaguarda para garantizar el cumplimiento de la ley por todos, incluida la clase política, el Poder Judicial”
Aparte del Poder Judicial, que sería la primera punta de este mecanismo de control y de contrapeso, también están el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y una serie de instituciones, pero ya están invadidas por la clase política y, por tanto, no son efectivas en este ejercicio.
Ahora mismo, sólo queda como salvaguarda para garantizar el cumplimiento de la ley por todos, incluida la clase política, el Poder Judicial.
Está clara la postura de Foro Judicial independiente en cuanto al bloqueo del CGPJ, hay que reformar antes de renovar. Los miembros de Foro han renunciado a cualquier cargo que les brinden los políticos…
El hecho de que los partidos políticos colonicen el órgano que ha de nombrar a los jueces que van a jugar a esos políticos, crea un puente de plata que rompe con la separación de poderes.
Según nos recuerda Europa constantemente desde 2009 por escrito, es un factor de corrupción y atenta contra la independencia del Poder Judicial.
Por ese motivo que siempre hemos dicho que hay que modificar el sistema de elección del Consejo para despolitizarlo parcialmente y permitir que los jueces también participemos de la elección de nuestro órgano de gobierno.
Pero a ese argumento, de peso y que no requeriría de más añadido, el paso del tiempo nos da la razón todavía más con un argumento de tipo práctico: que este sistema es inútil.
El mismo sistema tiene dentro el germen del bloqueo, de la falta de renovación. Desde el momento que hemos permitido que sean los políticos quienes negocien la renovación de un órgano constitucional, tenemos que asumir también que esas negociaciones puede que no lleguen a buen puerto, como está ocurriendo ahora.
En la negociación política se ponen sobre la mesa diferentes intereses muy variados, que en ocasiones poco tienen que ver con el propio órgano constitucional, y si esos intereses no cuadran y no hay acuerdo, no hay renovación. Y si no hay renovación, nada impide que esto esté así ‘sine die’.
Entonces, renovar otra vez el Consejo con este sistema que trae en sí misma la semilla del mal, sería un tiro en el pie.
“Renovar otra vez el Consejo con este sistema que trae en sí misma la semilla del mal, sería un tiro en el pie”
La renovación es necesaria, el bloqueo es una anomalía democrática, pero llevamos ya casi cinco años sin renovar y no pasa nada por esperar un poco más para cambiar la ley y hacer ya bien las cosas.
¿Bruselas ha de actuar contra la amnistía de Sánchez?
No sé qué va a pasar, pero hay una serie de herramientas e instrumentos internacionales firmados por España que obligan a nuestro país a perseguir los delitos que se cometan.
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