Las investigaciones se iniciaron tres años antes, en 2018, y culminaron en agosto de 2021. En la imagen, la detención de uno de los 33 arrestados. Foto: Guardia Civil.
La Operación Águila-Frazen, de la Guardia Civil, acabó con el supermercado de la droga en Madrid generado durante la pandemia
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29/10/2023 06:30
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Actualizado: 31/10/2023 13:01
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La decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19, con el cierre de todo –comunicaciones incluidas–, dejó a Madrid, y a buena parte de España, sin abastecimiento de droga de la noche a la mañana.
Una situación que la banda de Antonio M. M., alias «Niño Skin», quien fuera el líder neonazi de los ultrasur, supuestamente aprovechó para hacerse con el control de este mercado, merced a los contactos privilegiados con el origen, Colombia, y utilizando coberturas diseñadas bajo la apariencia de estar trabajando.
Lo que les permitía desplazarse y sortear los controles policiales.
A esta banda el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Blanqueo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, encargados de la investigación, la bautizó como “organización Skin”, por sus conexiones con la ultraderecha y por su admiración con los caídos de la División Azul. Los soldados españoles que combatieron con el Ejército nazi en el frente ruso.
El entramado distribuía cocaína en cantidades de muy importantes en Madrid, Toledo, Salamanca, León, Valladolid, Asturias, Bilbao, Cantabria, Zaragoza y Burgos.
Su centro de distribución, “la guardería”, se encontraba en Las Rozas, localidad al oeste de la Comunidad de Madrid. En tres puntos diferentes. La calidad de la droga que importaban tenía una pureza muy alta, del 96 %.
El operativo era siempre el mismo. Los compradores pagaban en un punto y recogían la droga en otro. Al ser de tanta pureza, el beneficio se multiplicaba.
Las comunicaciones telefónicas se realizaban mediante los sistemas encriptados SkyCC y Encrochat.
La organización fue finalmente disuelta en agosto de 2021 con la detención de 33 personas, entre ellos Menéndez Mories, Juan M.B. y su hermana, Marina M.B. en esta operación que fue bautizada Águila-Frazen.
Los supuestos delitos, que les imputa el Ministerio Fiscal, fueron tráfico de drogas, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Asimismo, se incautaron 239 kilos de cocaína de gran pureza, 1 kilo de hachís y 24 kilogramos de sustancias adulterantes, además de desmontarse un laboratorio de adulteración de cocaína ubicado en Getafe, localidad al sur de Madrid.
Junto a la droga fueron incautadas 2 pistolas, 1 revolver y una carabina del calibre 22, 667.000 euros en efectivo, 56 vehículos de alta gama y se bloquearon 36 inmuebles con valor catastral de 11.520.000 euros, 73 vehículos a motor y 154 productos financieros (cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, etcétera) por valor de 721.000 euros.
En la operación colaboró puntualmente la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA), facilitando información sobre alguno de los investigados.
LA INSTRUCCIÓN NO CORRE PELIGRO
El instructor de la causa, el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, recientemente despejó cualquier duda sobre la licitud de la operación al enviar a los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia que otro de los imputados, Borja V., presentó contra el brigada jefe de Delitos Económicos, que actuó de secretario en la Operación Águila-Frazen, en las supuestas conversaciones que mantuvo con una mujer y que esta aportó después a la instrucción de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con el brigada, identificó a la mujer como perteneciente -o relacionada- con la organización “Skin”.
Su intención, explicó, fue la de tratar de sonsacar información a la mujer, como parte de una estrategia policial, una vez que verificó su conexión con la organización investigada. En el intercambio, le dio información falsa que fue utilizada para la mencionada denuncia.
A raíz de ese acontecimiento, el teniente jefe de Área de Asuntos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con base en la Comandancia de Tres Cantos, autor del exhaustivo y minucioso informe interno en el que concluyó que ni se habían colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, ni se habían falseado actas de seguimiento, ni se había interrogado ilegalmente a un detenido y se le ha grabado en un vehículo policial.
Todo es producto de un plan urdido por las defensas de los detenidos en la Operación Aguila-Frazen “consistente en desacreditar la investigación y a las personas que la han llevado a cabo”, concluyó el teniente.
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