El Ministerio ha recordado que responde al acuerdo tomado el pasado mes de julio por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial después de que el Consejo de Ministros declarara el fin de la crisis sanitaria.
Funcionarios y LAJ reclaman a Llop que regule de forma «urgente» el teletrabajo en la Justicia
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31/10/2023 12:31
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Actualizado: 31/10/2023 13:39
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Funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han reclamado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que regule de forma «urgente» el trabajo en los juzgados y tribunales después de que la semana pasada el Ministerio emitiera una circular en la que suspendía esta modalidad de trabajo a distancia por «la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en Justicia, ha emitido un comunicado en el que expresa su «rechazo frontal» a esta medida que, a su juicio, «discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho».
CSIF considera que la decisión de Justicia es «arbitraria e injusta». Comisiones Obreras (CCOO), por si parte, califica de «irrisoria» la «justificación» del Ministerio para poner fin al teletrabajo «teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas COVID», según apunta en un comunicado.
Ambos sindicatos recuerdan que llevan tiempo exigiendo que se aplique el acuerdo que Justicia alcanzó en marzo de 2021 con parte de los sindicatos representativos en la mesa sectorial, que «permitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia».
CSIF, por su parte, recalca que tanto el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 como el acuerdo de coalición de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar recoge la modalidad del teletrabajo.
Fuentes ministeriales, sin embargo, aseguran que Justicia lo que ha hecho es «recordar» el acuerdo que adoptó el pasado julio la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Consejo de Ministros declarara el fin de la crisis sanitaria.
Dicho acuerdo dejó sin efecto las medidas organizativas y tecnológicas adoptadas por los órganos judiciales para hacer frente a la pandemia.
MEDIDA «UNILATERAL»
Los dos sindicatos critican que el Ministerio adoptara su decisión «de manera unilateral» y por «sorpresa». CCOO afea además que no aportara «otras opciones menos drásticas para los intereses de la conciliación de la vida laboral y familiar de aquellos trabajadores que tienen esta opción de trabajo y que, en un momento crucial, fueron los primeros que dieron un paso al frente para seguir prestando el servicio público de la Justicia».
CCOO incide en que la circular de Justicia «demuestra la importancia de que todas las condiciones laborales de los trabajadores estén reguladas y de forma pactada». «Sin esa regulación, nuestros derechos son solo un espejismo, quedan al albur de la arbitrariedad de la Administración o de nuestros superiores que la utilizan, no en pocos casos, como herramienta de presión y chantaje», apuntan.
Desde la Central Sindical subrayan que 30.000 de los 50.000 funcionarios dependientes del Ministerio se habían acogido al teletrabajo y optado por esta modalidad «una media de dos días a la semana».
SUSPENSIÓN DE LA CIRCULAR HASTA NUEVO ACUERDO
En este sentido, Comisiones demanda al departamento dirigido por Llop «que actúe con urgencia» y que «hasta que esta nueva regulación no esté en vigor, dé marcha atrás en esa circular y no elimine el teletrabajo en su ámbito territorial».
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que también reclama una regulación urgente del teletrabajo, asegura en un comunicado que ha recibido la noticia con «sorpresa» y «tristeza» al considerar que se trata de «un grave paso atrás para la Administración Pública por parte de un Ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista entorno a la modernización y digitalización».
Para la asociación de LAJ, poner fin al teletrabajo sin una regulación alternativa que permita su consolidación es «regresar» a una Administración «medieval» y con una «gran falta de compromiso con la igualdad». Al hilo, recuerda que el propio Ministerio ha destinado «gran parte del presupuesto» al desarrollo de esta modalidad de trabajo y asegura que «desechar esta inversión es una falta de respeto»
Además, la UPSJ critica que el equipo de Llop haya vetado el teletrabajo para los LAJ en todo el territorio nacional y para los funcionarios que son de su competencia, porque entonces esta modalidad «se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas, siendo en muchos casos el LAJ el único que no podrá teletrabajar en el órgano judicial».
STAJ CRITICA LA «ACTITUD CHULESCA» DE JUSTICIA
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), por su parte, ha criticado que el Ministerio haya actuado «de manera chulesca e inaceptable imponiendo» esta medida «sin negociación colectiva y sin ni siquiera informar a los representantes de los trabajadores».
Desde su punto de vista, se trata de un acuerdo que suena más «a represalia por las movilizaciones llevadas a cabo durante el primer semestre del año que a una razón objetiva que justifique la desaparición de esta modalidad de trabajo».
Por último, STAJ argumenta que «vincular el teletrabajo en Justicia únicamente como medida contra el COVID es una equivocación, porque el trabajo a distancia facilita muchas otras cosas como la conciliación, permitiendo una Administración mucho más productiva y eficiente».
La circular emitida por el secretario general para la innovación y calidad del servicio público, Manuel Olmedo, fija que «deberán acudir a cada centro de trabajo el 100%» de los efectivos del Cuerpo de LAJ y de los Cuerpos de Funcionarios «no siendo posible ejercer modalidades de trabajo en tanto no se apruebe su regulación específica en el ámbito de la Administración de Justicia».
El documento apunta además que «la atención presencial debe quedar garantizada siempre y en todo caso durante el horario de audiencia pública, sin que pueda restringirse dicha atención presencial a los supuestos en que se haya obtenido cita previa», aunque podrá seguirse utilizando el sistema de cita previa de forma compatible con la atención presencial sin cita.
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