Vicente Magro propone un protocolo para prevenir la violencia de género en las comunidades de propietarios
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, en una foto tomada el pasado mes de junio.

Vicente Magro propone un protocolo para prevenir la violencia de género en las comunidades de propietarios

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05/12/2023 00:45
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Actualizado: 05/12/2023 12:00
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El protocolo ya fue testado en tres Comunidades Autónomas con éxito. Lo que propone Vicente Magro Servet, en su último libro, «Guía Práctica de delitos de violencia de género y contra la libertad sexual«, es que se adopte por las 17.

La iniciativa, que pronto verá la luz en Londres de la mano de una editorial jurídica, busca atajar los casos de violencia de género desde su raíz, en el vecindario, a través de la sensibilización de los propietarios e inquilinos de los edificios para que denuncien. Para acabar con su silencio cómplice. «Es un protocolo de solidaridad vecinal y ciudadana», dice.

Magro, uno de los grandes especialistas en violencia de género de nuestro país, cree que, de esa forma, se reduciría drásticamente la cifra negra de la criminalidad de la violencia de género sexual.

Lo explica en esta entrevista, segunda parte de la que ayer publicó Confilegal.

Señor Magro, en su libro plantea y propone un protocolo de actuación a aplicar en las comunidades de propietarios para prevenir la violencia de género. ¿En qué consiste?

Sí, es algo que me ha pedido que explique en un artículo una revista académica inglesa y que pronto verá la luz allí porque, me han dicho que no existe nada de esta naturaleza.

Nosotros hemos detectado en el Observatorio de Violencia doméstica que la violencia de género sexual que se está perpetrando ahora es intrafamiliar.

Lo que pasa es que lo que hacen los vecinos es silenciar los hechos delictivos de violencia de género sexual del vecino que conocen. Dicen, esto es cosa del vecino y no es problema nuestro.

No son conscientes de que todo ciudadano que conoce un hecho delictivo tiene obligación de denunciarlo.

El Supremo tiene una sentencia, de la que fui ponente, en la que habla del silencio cómplice de los vecinos en una comunidad.

Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría están mirando hacia otro lado cuando conocen hechos de violencia de género sexual de una vecina.

Las mujeres se encuentran solas en su hogar, con su agresor sexual y con sus hijos.

Cuidado, el protocolo este que propongo no obliga a los vecinos a llamar a la casa donde estén sucediendo los hechos y decir aquí estoy yo. Pero sí les toca la conciencia.

No quieren problemas.

No quieren complicarse la vida.

Por eso. La consecuencia es que están matando a mujeres, están violando a niños, están agrediendo sexualmente por la comodidad de gente que no quiere identificarse, llamar a la policía y decir lo que está ocurriendo.

El protocolo que propongo es un protocolo de solidaridad vecinal y ciudadana, para que la gente deje de mirar hacia otro lado cuando estos hechos ocurren.

Y cómo se puede forzar a la gente en una comunidad de propietarios a colaborar? ¿Tiene que haber algún tipo de coerción?

No, esto funciona a través de cartelería. Yo esto lo he puesto en marcha en colaboración con las Consejerías de Igualdad y Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Galicia y en Baleares y con los colegios de administradores de fincas.

Esto lo hice cuando yo era presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

La cartelería se coloca en los edificios con dos fines muy concretos. Por una parte, está dirigida a la mujer. “Mujer no estás sola”. Y por otra, al vecino. “No te calles. Cuando veas o sepas algo, llama a tal número”.

No estás coaccionando a la gente. Simplemente le estás entrando en su cabeza y en su corazón con palabras y con fotos, a través de estos carteles. Con preguntas como: “Y si esto le pasara a tu hija que vive en otro sitio y otro vecino supiera que tu hija está siendo agredida por su pareja, ¿cómo te sentaría? ¿Y si lo hiciera con tu nieta?”.

Solamente pensando que eso le puede pasar a ellos, la gente puede empezar a sensibilizarse.

Este es un problema muy gordo.

«El protocolo que propongo es un protocolo de solidaridad vecinal y ciudadana, para que la gente deje de mirar hacia otro lado cuando estos hechos ocurren»

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Magro refiere que la cifra negra de la criminalidad en la violencia de género sexual es brutal: 600.000 hechos de los que se denuncian solo 140.000. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Usted cree que con iniciativas como estas se reduciría drásticamente la violencia de género?

Estoy seguro. Cada año se presentan 140.000 denuncias de violencia de género al año. Denuncias que están muy por debajo de la estimación objetiva que existe de 600.000 hechos.

La cifra negra de criminalidad en la violencia de género sexual es brutal. Es el delito con más cifra negra de crimen legal. El delito se potencia.

El autor se alimenta diciendo yo sigo delinquiendo y no me pasa nada. Provocando mayor victimización sobre las víctimas.

En una reciente sentencia del Supremo hablo de la resiliencia de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima al final se hace fuerte y aguanta el maltrato físico y sexual. La resiliencia no puede existir aquí.

Porque si la mujer es resiliente, porque si nadie le ayuda, puede hasta llegar a un punto en que o la matan o le van a provocar una lesión psíquica en el cerebro de tanto aguantar maltrato.

También existe un protocolo de valoración del riesgo. ¿Cómo funciona?

Lo tienen la policía y los médicos forenses. En base a la declaración de ella y de él se valora y se elabora un informe.

La mujer a veces tiene la sensación de querer volver con su maltratador, de perdonarle. Existe mucho arrepentimiento, que es el síndrome de Estocolmo en la víctima.

Se le explica que si esto te ha pasado te puede volver a ocurrir.

Recuerdo una sentencia de la que fui autor en la que dije esto precisamente: ha pasado porque volvió con él. Tuvo el valor de divorciarse y al cabo de tres años regresó a su lado.

¿Sabe qué es lo que primero que le preguntó él a ella?: ¿Con quién has estado?

Con dos hombres, fulanito y con menganito, le contestó ella.

¿Sabe lo que hizo él? Cogió un cuchillo y le metió 47 puñaladas. La mató.

Él le había convencido de que iba a cambiar, de que deseaba volver, que sería el de antes. En ese caso estuvo mal hecha la valoración del riesgo. Si hubieran hablado el hombre y la mujer con los psicólogos, los forenses o la policía, podrían haber identificado el perfil psicopático o de celotipia del agresor y haber advertido a la mujer de que podría acabar con su vida, como así fue.

«La reforma del Código Penal no debe consistir solo en publicar un artículo en el Código Penal. Hay que explicar el artículo que ha puesto el legislador en el Código Penal. Explicarlo en la calle, en las escuelas, en centros escolares y en las universidades»

El otro día la directora de la Agencia Española de Protección de Datos dijo que el 75 % de los menores de 13 años estaban viendo porno duro. Esto tiene que ver con esto del “sexting”, ¿no es así?

Totalmente. Y estoy de acuerdo con España y con su preocupación de que hay que hacer algo.

La reforma del Código Penal no debe consistir solo en publicar un artículo en el Código Penal. Hay que explicar el artículo que ha puesto el legislador en el Código Penal. Explicarlo en la calle, en las escuelas, en centros escolares y en las universidades.

Por una razón muy sencilla Porque si no, tú estás incrementando la persecución de hechos que antes no eran nada y ahora sí que lo son.

Lo único que hacen, nada más, es poner el tipo en el Código Penal. Como si la gente tuviera la costumbre de leer el Boletín Oficial del Estado todos los días.

Es el llamado efecto mágico del Boletín Oficial del Estado, sí. El legislador tiene la costumbre de que una vez que se publica en el BOE todo se tiene que cumplir.  

Soy de la opinión de que, sobre todo lo referente al Código Penal, debería haber una política educativa en torno a todo lo que se pone como tipo nuevo penal, como por ejemplo el acoso callejero, que tampoco lo conoce la gente.

Estamos haciendo leyes que no se están explicando a la ciudadanía, sobre todo de delitos concretos que puede cometer cualquier ciudadano sin tener la conciencia de que se está delinquiendo.

¿Usted cree en los programas de reeducación?

Sin duda. Yo puse en marcha, en Alicante, cuando era presidente de la Audiencia Provincial de esa provincia, un programa de reeducación de forma experimental. El Gobierno en aquel momento reformó el Código Penal introduciendo como preceptiva la reeducación.

Gracias a ese programa, por el que me criticaron mucho en determinados sectores, me llamaron para que fuera a una Subcomisión del Congreso para explicarlo. Y cuál fue mi sorpresa cuando más tarde vi mi propuesta convertida en una enmienda parlamentaria transaccional, en el artículo 83.2 del Código Penal.

Y ahora han metido también la reeducación obligatoria en violencia sexual. Es que es fundamental. Lo hice porque pensaba que era un insulto a la víctima.

A la víctima se le decía que denunciara y lo hacía. Y se encontraba con que el juez le ponía un año de prisión al agresor que, por no tener antecedentes penales, le suspendía la pena y le dejaba en libertad.

El condenado entonces salía a la calle y le decía a la víctima, ¿ves, lo que has conseguido? Estoy en la calle, no me hacen nada.

No, no, usted se queda en la calle, pero va a ir seis meses a un curso impartido por un psicólogo que le va a enseñar que usted no puede tocar a esta mujer ni a ninguna otra.

Y si no viene al curso lo metemos en la cárcel.

¿Cómo fueron los resultados que obtuvo con esos cursos?

Espectaculares. Tanto en violencia de género como en seguridad vial. El 93 % de los que pasaron por los de violencia de género, durante 4 años, no volvieron a reincidir. Y en seguridad vial, ninguno.

¿Por qué no se exportó a toda España la experiencia?

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El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, con la toga forense correspondiente a su cargo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El problema es que no se homologó. Y se sigue sin homologar. Llevamos ya 18 años, desde 2005, y no existe un programa homologado de reeducación sexual.

Lo han puesto en el Código Penal y no han hecho el programa. Esto depende del Ministerio del Interior.

Tenemos un magnífico soporte humano de psicólogos y criminólogos que podrían ser contratados por las Comunidades Autónomas adscritos a órganos judiciales para implementar los cursos de reeducación en delitos de violencia de género sexuales.

¿Me está diciendo de que posiblemente gran parte de la violencia sexual que tenemos de género y demás se acabaría con esos cursos de reeducación?

Podría acabarse en un gran porcentaje si se comprueban los altos índices de no reincidencia de aquellos lugares donde se ha hecho programa de reeducación.

Y el problema que está pasando es que lo que conlleva una situación de que no pasa nada es que si a ti te condenan y no vas al curso, porque en tu zona no hay cursos de reeducación, pues sigues haciéndolo porque no entras en prisión.

El problema es que no se acaba con la reincidencia.

Una de las razones es porque hay un déficit de autoridad y de conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer…

El problema es que hay una pérdida de valores tremenda, desde el punto de vista sexual y de la igualdad en género en la familia. Eso para mí es una realidad. Como no se practica una política educacional, al delincuente primerizo en violencia de género sexual, no se corta la continuidad en esa delincuencia.

La respuesta del derecho penal a esos hechos, la primera vez no puede ser meter en la cárcel a una persona cuando el hecho no es grave, cuando no tiene antecedentes, y la pena puede ser de un año.

Pero si no lo metes en la cárcel tienes que reeducarlo. Si no lo reeducas lo va a volver a hacer. El autor del delito considera que no pasa nada y que puede seguir haciéndolo.

Lo que no se da cuenta es de que a la segunda va a la cárcel. Y entonces tiene que cumplir con el programa dentro de prisión.

Estamos hablando de prevención.

Prevención que solamente puede hacerse, cuidado, en caso de agresiones sexuales de menor entidad, que no sean constitutivas de violación, castigadas con pena no superior a dos años. O de violencia de género no superior a dos años, tampoco. Porque si es mayor de dos años va a la cárcel.

«Es importante que en las discotecas y centros de ocio de este tipo haya cámaras de circuito cerrado. Porque gracias a esas imágenes se podría probar que el violador le dio la sustancia a la mujer para poder violarla»

Entiendo que mantener relaciones sexuales con una mujer a la que previamente ha drogado para anular su voluntad es violación. ¿Cuál es la diferencia entre violación y agresión sexual?

Aquí hay una cosa cuestión diferencial que es importante y es: si yo me aprovecho de que una persona está drogada por el alcohol y la agredo sexualmente es violación. Si yo le doy la droga o el alcohol para que se emborrache y la agredo sexualmente es violación más un tipo agravado.

En el segundo caso, elemento central está en la prueba de que has sido tú el que ha suministrado la sustancia. Ese es el elemento diferencial importante. Si no se prueba que fuiste el que le diste el alcohol o le suministraste la droga solo te condenarán por violación, que antes era abuso sexual, y ahora es agresión sexual.

Pena de 6 a 12 años. Antes la pena era menor. No era una violación al uso. Con violencia y con intimidación. Ahora se ha considerado que lo es. ¿Por qué? Porque le estas quitando la voluntad a esa persona y aprovechándote de esa circunstancia la agredes sexualmente.

¿Hay que estar muy averiado en la cabeza para drogar a una mujer con el fin dejarla sin sentido y tener sexo con ella de esa forma?

Eso es lo que está pasando con el miedo de las discotecas, de las jeringuillas. Es importante que en las discotecas y centros de ocio de este tipo haya cámaras de circuito cerrado. Porque gracias a esas imágenes se podría probar que el violador le dio la sustancia a la mujer para poder violarla.

También habla en su libro sobre los WhatsApp. El otro día me decía una abogada de familia, que el 80% de las demandas de divorcio tienen por origen los Whatsapp. Es la principal vía para detectar y probar las infidelidades. Los WhatsApp son una vía de prueba A la hora, de probar que hay acoso, ¿cómo se descargan?

Hay una sentencia, que es la primera que se dictó en el Supremo sobre este tema, la 300/2015, de la que fue ponente Manuel Marchena, sobre el correo electrónico.

¿Puede ser una válida una prueba de este tipo en el juicio penal? Sí, pero Manuel en la sentencia dice que las pruebas digitales son manipulables. Esa es la clave.

No hay que partir nunca de la veracidad objetivable de la prueba digital. Hay que partir de la base de que toda prueba digital es manipulable. Lo que se exige es una pericial informática de que no ha sido manipulada. No te puedes creer a pies juntillas lo que pone en el WhatsApp. 

Esto es así cuando la otra parte impugna la prueba digital. La acusación que la aporta está obligada a acreditar su veracidad mediante una pericial informática.

Hoy en día el problema de la inteligencia artificial es tan sofisticada que se puede crear una prueba falsa digital. Si está saliendo gente en la red hablando en inglés que no sabe hablar inglés.

En su libro explica que no hay violencia de género en una pareja homosexual, pero cuando la mujer es una mujer trans, sí. Ayúdeme a comprenderlo.

Es un tema de sexo. De cuál es el sexo de la víctima. Es una cuestión de legalidad ordinaria en la que nosotros no podemos entrar. Es decir, si la ley de trans establece que una persona puede pasar a ser mujer pues cuando la víctima sea mujer y la pareja hombre, hay delito de violencia de género.

En cualquier caso, existe una especie de creencia de que hay mayor protección en el Código Penal sobre unos que sobre otros. Es una cuestión solo de qué pena a aplicar. Puede ser tres meses mayor o menor. Pero en ningún Juzgado de violencia sobre la mujer se protege más a la víctima que en un Juzgado de Instrucción.

La protección es igual y la credibilidad del juez es la misma. No existe distinto tratamiento.

Existe la creencia de que hay un distinto trámite, incluso de que a la víctima mujer se le cree más que la víctima.

Y eso no es así.

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