Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer son los dos únicos contendientes por esta Presidencia de la Sala de lo Penal. Foto: CGPJ/Confilegal.
Martínez Arrieta y Ferrer exponen sus proyectos ante el CGPJ para ser presidente de la Sala de lo Penal
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27/11/2024 05:36
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Actualizado: 27/11/2024 03:29
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La pandemia ha dejado su marca en la forma en que la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entrevista a los candidatos a puestos discrecionales. Antes comparecían ante el Salón de Plenos del órgano de Gobierno de los jueces y allí, en un cara a cara de media hora, exponían su trayectoria profesional y sus ideas para mejorar el puesto al que aspiraban para el caso de que fueran elegidos.
Ahora se ha optado por lo telemático. Los candidatos se conectan desde sus despachos y son escuchados por los cinco miembros de la mencionada Comisión –José Antonio Montero Fernández (presidente), Ricardo Bodas Martín, Esther Rojo Beltrán, Ángel Ramón Arozamena Laso e Inés Herreros Hernández– durante poco más de 10 minutos.
Lo paradójico es que la distancia entre los candidatos a presidentes de Sala del Supremo se encontraban a poco más de 100 metros de distancia. Justo enfrente, en el Palacio de Justicia que alberga al Tribunal Supremo. La opción escogida denotó la malísima calidad de cámaras de vídeo de los equipos que los señores magistrados tienen instaladas en sus respectivos despachos.
En juego están las presidencias de las Salas de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Civil. Los 20 vocales y la presidenta, para ello, tienen que ponerse de acuerdo sobre qué metodología tienen que aplicar. En concreto, la regla de la paridad.
EL NUDO GORDIANO DE LA PARIDAD
Los vocales progresistas Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado, ambos miembros de la Comisión de Igualdad, suscribieron un informe argumentando que al menos dos de esas cuatro presidencias de Sala del Supremo tenían que ser ocupadas por mujeres.
Sin embargo, el Gabinete Técnico del CGPJ, a petición de la presidenta Isabel Perelló, produjo otro informe suscribiendo lo que dicen las jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio Tribunal Supremo de España: a igual mérito y capacidad entre hombre y mujer hay que elegir a la mujer. Pero si el mérito y la capacidad son superiores en el hombre, debe ser el hombre el escogido.
Este es el nudo gordiano que los vocales de esta Consejo tienen que deshacer. Y no va a ser fácil. Porque los dos bloques poseen 10 votos cada uno y son necesarios 13 para llegar a un acuerdo. Los conservadores apoyan a Andrés Martínez Arrieta y los progresistas a Ana Ferrer.
Sea como fuere, las entrevistas se llevaron a cabo ayer por la mañana. La jornada comenzó a las nueve de la mañana, cuando el magistrado Martínez Arrieta, figura emblemática en el paisaje judicial, dio inicio a la ronda de entrevistas.
¿Qué significado tiene ser el primero en el escalafón de una carrera que se mide en décadas? Tal vez es una posición que trasciende el mérito personal y se convierte en un símbolo de la permanencia y el cambio, de la constancia en un mundo donde todo parece efímero.
El primero, Martínez Arrieta
Martínez Arrieta, aspirante a suceder a Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal, abrió su intervención evocando fragmentos de su extensa trayectoria.
En sus palabras, uno podía vislumbrar no solo el relato de un jurista, sino el eco de los dilemas morales que acompañan a quien arbitra los conflictos de una sociedad.
Recordó el caso de Almacenes Arias, una tragedia que, en su enfoque, no era solo un litigio sobre indemnizaciones, sino una urgencia moral: ¿cómo puede la justicia mitigar el sufrimiento humano cuando el daño ya está hecho?
También habló de la desaparición de un detenido en dependencias policiales, un caso que dio origen a un protocolo. Pero, ¿qué es un protocolo, sino un intento humano de poner orden donde reinaba el caos? Aquí surge la gran pregunta: ¿pueden las reglas verdaderamente domesticar la incertidumbre de la vida?
Como miembro del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Martínez Arrieta reflexionó sobre su contribución al modelo de admisión y los proyectos de resolución.
En su discurso, en el que refirió que era el magistrado suplente para el CNI, las cifras cobraron un matiz filosófico: pasar de 26.000 asuntos pendientes a 6.000 no es solo un logro técnico, sino una metáfora del esfuerzo humano por vencer la inercia del tiempo y la acumulación de problemas no resueltos.
Su propuesta como presidente es aplicar esta experiencia en un horizonte de apenas dos años y medio, los que le restan antes de jubilarse. ¿Es esto suficiente tiempo para dejar una huella? La eternidad de una idea puede nacer en el intervalo más breve, como la chispa que enciende una llama.
Martínez Arrieta abogó por preservar las relaciones personales entre magistrados y la estructura organizativa, describiéndolas como un entramado que ha permitido más de 100 sentencias de unificación de doctrina.
¿Qué es la doctrina, si no el intento de una sociedad por construir una brújula moral común?
Sin embargo, también prometió modular el régimen de admisiones a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordándonos que el derecho es un lenguaje vivo, un diálogo constante entre lo local y lo universal.
Ana María Ferrer
Por su parte, Ana María Ferrer, la otra candidata, ofreció un contrapunto. Desde su experiencia como presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, destacó la reducción del 17% en los asuntos pendientes durante sus últimos años en el cargo.
Pero más allá de las cifras, Ferrer invitó a reflexionar sobre el arte de liderar: generar debates, alcanzar consensos y unificar criterios no son solo habilidades técnicas, sino actos de creación que modelan el tejido mismo de la justicia.
Su promesa de actuar con independencia e imparcialidad resuena como una reivindicación de la autonomía del espíritu frente a las fuerzas externas que intentan doblegarlo.
Ferrer planteó una visión sobre la renovación institucional.
La jubilación de cinco magistrados en la Sala de lo Penal, incluida la de Martínez Arrieta, supone un dilema existencial para cualquier organización: ¿cómo integrar nuevas miradas sin perder la memoria de quienes se convierten en referentes?
En su reflexión sobre la estabilidad de la presidencia, Ferrer evocó la imagen de un faro que guía a un barco en medio de un cambio de tripulación. La renovación, señaló, es una oportunidad, pero también un desafío que exige liderazgo consciente.
Entre las medidas concretas que propuso, Ferrer destacó la publicación anticipada de las normas de reparto y la composición de las salas. Este gesto técnico, a primera vista, contiene una intención ética profunda: evitar la sospecha de favoritismo.
¿Qué mayor reto enfrenta la justicia que ser percibida como imparcial en un mundo donde la confianza se erosiona con facilidad?
Finalmente, al referirse a la sala de aforados, Ferrer cuestionó su arquitectura legal, una construcción que, según ella, opera con altos estándares, pero requiere ajustes. Propuso diferenciar entre una sala de admisión y otra de enjuiciamiento.
En estas palabras resuena una idea fundamental: la justicia no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Porque, al final, ¿qué es la justicia sin la confianza de aquellos a quienes sirve?
Ambas intervenciones no fueron simples discursos de candidatura, sino meditaciones sobre el alma de la justicia y el papel del jurista como arquitecto del orden en un mundo en constante transformación.
¿Qué significa liderar en este contexto? Quizás, como en la vida misma, es un acto de equilibrio entre lo que ya somos y lo que aspiramos a ser.
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