La Asociación de Internautas (AI) ha presentado una contribución formal por escrito ante la Comisión Europea en la que denuncia que la Recomendación (UE) 2023/1018, destinada a combatir la retransmisión no autorizada de eventos deportivos y culturales en directo, promueve prácticas que vulneran derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
La organización alerta de que la medida, impulsada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT), permite bloqueos técnicos inmediatos —como el cierre de páginas web, direcciones IP o emisiones en directo— sin necesidad de control judicial previo.
Para la Asociación, esto constituye una amenaza directa a principios básicos del derecho europeo como la proporcionalidad, la defensa efectiva y la transparencia.
“La inmediatez de un evento en directo no puede convertirse en excusa para suprimir derechos fundamentales”, afirma el texto remitido a la Comisión, en clara referencia a las actividades de bloqueo que está llevando a cabo LaLiga en España, con el visto bueno de un juzgado de lo mercantil de Barcelona.
Aunque la Recomendación carece de fuerza jurídica obligatoria, la Asociación denuncia que ya está sirviendo como base para que varios Estados miembros implementen políticas restrictivas sin el debido debate público ni mecanismos de rendición de cuentas. “Lo no vinculante se está convirtiendo en norma por la puerta de atrás”, señalan.
Otro aspecto especialmente criticado es la privatización del acceso a eventos financiados con dinero público. “No tiene sentido que un acontecimiento pagado con dinero de todos quede reservado a plataformas privadas de pago o con restricciones técnicas”, destacan desde la entidad, proponiendo garantizar al menos un acceso abierto parcial o tarifas sociales para esos contenidos.
Como alternativa, la Asociación propone una serie de medidas para equilibrar la protección de los derechos de autor con las libertades digitales de los ciudadanos: supervisión judicial efectiva de las medidas de bloqueo; publicación de informes transparentes y trazables sobre las acciones tomadas; acceso legal y asequible a los contenidos protegidos e inclusión de la sociedad civil en la elaboración de políticas digitales.
“La defensa de los derechos de autor no puede hacerse a costa de renunciar a los valores democráticos fundamentales de la Unión”, concluye el comunicado.
El pasado 16 de mayo la asociación RootedCON, y otras entidades del ecosistema digital español, interpusieron un recurso de amparo contra LaLiga y el grupo Telefónica por los «bloqueos dinámicos» de IPs que están llevando a cabo para combatir la piratería audiovisual, especialmente la retransmisión ilegal de partidos de fútbol a través de servicios como IPTV y webs de streaming no autorizadas.
Trece días más tarde, la Asociación de Internautas (AI), la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentaron una queja formal ante el Defensor del Pueblo por el mismo motivo, reclamando su intervención ante lo que califican de “bloqueos arbitrarios y masivos” de webs, servicios y plataformas «online», ordenados por La Liga Nacional de Fútbol Profesional en el marco de su lucha contra la piratería de partidos.
