El Colegio rechaza dar a conocer el importe que ha pagado por estas pruebas y asegura que negocia con Nueva Mutua Sanitaria un precio para los colegiados
En la causa que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid al permitir la manifestación del 8-M.
El Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha atendido casi 5.000 consultas desde que se declaró el estado de alarma.
En los que se ha teletrabajado se ha mantenido el reparto de asuntos y su resolución, aunque los datos solo recogen las causas urgentes o inaplazables.