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Pazo de Meirás

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El juzgado acordó en mayo suspender las actuaciones sobre el pazo de Meirás hasta resolver si el mobiliario debe considerarse parte de la finca.
Se analizarán las cuestiones incidentales promovidas por la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sada.
La familia Franco consideró que ese plazo era imposible de cumplir, por lo que solicitó la suspensión de la vista.
El pasado mes de septiembre, el juzgado decretó que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado.
El juzgado decretó que el pazo y las fincas son propiedad del Estado, lo que confirmó la Audiencia Provincial en una sentencia que no es firme.
En otra resolución requiere al Estado para que entregue la documentación sobre la necesidad de realizar obras en el inmueble, así como los justificantes de su importe.
Se requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada.
Destaca que la Administración demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, un concepto que no incluye “mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”.
No está conforme con la sentencia de segunda instancia que contempla una indemnización a los herederos de Francisco Franco.
Reconoce a los herederos de la familia Franco el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio.
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