Esta norma modifica la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la de Régimen Jurídico del Sector Público; y la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El convenio tiene como objetivo garantizar la inclusión financiera de las personascon discapacidad y adaptar la práctica de las entidades bancarias a la nuevalegislación sobre la materia.
