El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vitoria considera que es un derecho consolidado y anula las resoluciones de Educación que rechazaron los recursos de los docentes.
La PCIJ denuncia que la reforma legislativa que pretende facultar al Consejo para nombrar a dos miembros del TC es una maniobra para facilitar el control del Ejecutivo sobre el máximo intérprete de la Constitución.
