El exconsejero, que dejó el cargo antes del 1-O y fue sucedido por Joaquim Forn, será profesor en el área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea.
Se trata de Eulàlia Reguant, a quien el Supremo impuso una multa de 2.500 euros, como a Antonio Baños, porque los testigos tienen la obligación de contestar a todas las partes.
Registran junto a la madre de Marta Calvo una Proposición de Ley en el Congreso, suscrita también por Foro, UPN y Coalición Canaria, que pide que se incorporen al Código Penal esos dos supuestos.
