Afirma que "si no se allanan, actuarán como los bancos, con 'criterio de caja': retrasando la devolución por cláusulas ya declaradas abusivas por la Justicia y ocasionando un grave perjuicio económico al afectado".
No ha resuelto sobre la solicitud de apertura de la liquidación, pues considera que no procede pronunciarse sobre esta cuestión en este momento procesal.
Afecta a dos oficiales de desinfección que venían prestando servicios durante más de 10 años con contratos de interinidad en el Ayuntamiento de Pamplona.
Para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Este sindicato se ha querellado contra Francisco Pardo Piqueras y la subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía Nacional por un supuesto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Tendrá que indemnizar con 188.700 euros al viudo y los hijos de la víctima, más los intereses legales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del fallecimiento, en marzo de 2017.