Destaca que es obligado para todas las administraciones desde 1995 y anuncia que de no atenderse esta reivindicación, en breve iniciará acciones legales.
"La regulación tributaria autonómica no contiene efectos diferenciados más onerosos sobre los usuarios y operadores foráneos que sobre los residentes".
Pide la supresión de la competencia del Tribunal del Jurado y modificar el Procedimiento Rápido de delitos, para incluir el tipo penal del allanamiento de morada.
