"Ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal", según Antón Beiras, representante de la Asamblea Republicana de Vigo, quien interpuso la querella.
Le instan a abrir un procedimiento para constatar la “intromisión política en el Poder Judicial”, lo que vulnera varias normas comunitarias y amena, por tanto, los fondos europeos para nuestro país.
