Plantea impedir o limitar el regreso a la función judicial de jueces en cargos políticos y hacer inelegible para el cargo de fiscal general del Estado o vocal del CGPJ a quien haya tenido vínculos políticos en los últimos 10 años.
Estima sendos recursos de VOX y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y acuerda la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal.